Por Marcela Eslava
La semana pasada algunos medios reseñaron un informe de la Personería de Bogotá sobre la política de seguridad de la ciudad. Entre otros elementos de esa política, el informe cuestiona duramente la efectividad del programa de Cuadrantes. Dice, por ejemplo, que “el programa de cuadrantes es insuficiente pues las delimitaciones son muy extensas y no cuenta con los recursos técnicos, logísticos y de personal necesarios para afrontar las problemáticas que en materia de seguridad y convivencia se presentan en los diferentes sectores. Para la comunidad los cuadrantes no han logrado su objetivo de acercarlos a la Policía y aumentar su confianza.”
Esta parte del informe me llamó la atención porque no hace alusión alguna a una peculiaridad poco conocida del programa de Cuadrantes: la introducción de uno de sus elementos claves, el entrenamiento especializado de los policías participantes, siguió un diseño particularmente pensado para poder evaluar la efectividad del programa. Esto puede sonar poco importante, pero no lo es: la evidente necesidad de evaluar la efectividad de cualquier intervención de política pública se estrella con abrumadora frecuencia contra la imposibilidad de juzgar qué parte del comportamiento observado se puede atribuir a la intervención. Por ejemplo, si los robos crecieron en 20% luego de la introducción de una intervención X, pero en ausencia de la intervención habrían crecido 30%, el efecto del programa fue una reducción del 10%. Ese 30% que se habría observado en ausencia de X es lo que resulta difícil determinar. El escollo puede superarse si la intervención de política se introduce siguiendo un diseño que imita a los experimentos de laboratorio: se mantiene un “grupo de control” que no se sujeta al programa, para medir con ese grupo la tendencia que habría en ausencia del programa.
En el caso de los Cuadrantes, de manera muy acertada, la Policía implementó el diseño propuesto por Daniel Ortega (CAF) y Daniel Mejía (Uniandes) bajo la coordinación de la Fundación Ideas para la Paz. Se aprovechó que, por razones ajenas a la evaluación, la introducción del entrenamiento debía ser escalonada, para decidir la secuencia de entrada al programa de una manera que generara por un tiempo grupos de tratamiento y control válidos. Esto hizo posible la implementación de una muy cuidadosa evaluación de los resultados del programa. Según una presentación reciente de los mencionados autores en el contexto de la Asociación Latinoamericana de Economistas (LACEA), esta evaluación viene arrojando resultados que dejan un sabor muy distinto al que queda con el informe de la Personería. En particular, los autores estiman que, como consecuencia de la introducción del programa, la tasa de homicidios cayó en 8 muertes por cada 100 mil habitantes en julio-septiembre de 2011 comparado con el mismo periodo de 2010. La caída se concentra en las estaciones con mayores tasas de homicidio. Para dar una idea de la magnitud del efecto, en estas estaciones los autores documentan que la tasa estaba alrededor de 100 muertes por 100 mil habitantes; es decir que la caída en muertes gracias al programa se aproxima al 8%. También mencionaron los autores un efecto negativo sobre el número de riñas. Me pareció importante llamar la atención al respecto de estos resultados preliminares no sólo porque la solidez de la aproximación metodológica los hace particularmente confiables, sino porque el concepto negativo de la Personería justo en momentos en que comienza una alcaldía dedicada a revisar y modificar rumbos puede acabar minando el decidido apoyo de la ciudad a un programa que en realidad parecería estar rindiendo réditos.
Y ya que ando reseñando evaluaciones cuidadosas de políticas de seguridad que están en el centro del debate, aprovecho para mencionar otro estudio que arroja luces sobre la posible efectividad de la prohibición de porte de armas que el alcalde Petro impulsa. Jorge Restrepo y Edgar Villa (Universidad Javeriana) estudiaron el efecto de una prohibición similar adoptada por algunos departamentos entre diciembre de 2009 y enero de 2010. Utilizando los departamentos que no implementaron la prohibición como grupo de control, los autores encuentran que la intervención llevó a una caída de los homicidios con arma de fuego de 23% y de las heridas con este tipo de arma de 53%. (Los autores también evalúan la efectividad sobre el tiempo de la medida, y afirman que tendría efecto por un periodo aproximado de 45 días, pero este resultado me parece menos confiable porque la restricción sólo estuvo activa por un periodo aproximado de un mes, tiempo que me parece insuficiente para evaluar algo tan preciso como el patrón de cambio diario). Esta evidencia, entonces, parece respaldar la iniciativa del alcalde Petro. Es particularmente importante el hecho de que se refiere al caso colombiano, pues de esta manera se tiene la tranquilidad de que el efecto encontrado corresponde también al contexto de alta prevalencia de armas ilegales al que se ha señalado como razón para dudar que esta política pueda ser efectiva.
