Por Marcela Eslava
Hay indignación en Bogotá con la solicitud de algunos taxistas de que se reverse la reducción del Pico y Placa para carros particulares. El malestar es comprensible: no tiene presentación que algunos se sientan con derecho de exigir que a muchísimos más le restrinjan sus opciones de movilidad, todo para garantizarles una rentabilidad a la que se habían acostumbrado. Pero nuestra indignación parece olvidar que el monstruo es también hijo no reconocido de decisiones de la administración de la ciudad: los taxistas que protestan lo hacen porque la extrema restricción que nos impusieron hace pocos años les generó unas rentas extraordinarias que hoy no quieren perder.
La elevación de los ingresos de los taxistas no es el único efecto colateral del Pico y Placa  “a la Samuel”. La compra del segundo carro en familias que normalmente usarían un solo vehículo y la consiguiente elevación del parque automotor, son también hijos de la medida. Y, lo más grave, estos efectos colaterales tienden a hacer la medida irreversible: le crean dolientes (como los taxistas de la protesta actual) y empeoran el exceso de vehículos, haciendo que el panorama potencial de tráfico  bajo el supuesto de que se remueva la restricción sea aún más preocupante.
Estos efectos eran fácilmente previsibles. Sin embargo, las cuentas de la administración—por lo menos las que nos contaron a los ciudadanos—los ignoraron. Por un lado, el efecto predicho de la medida sobre el tráfico se calculó como una reducción del 40% de los carros en los nuevos horarios de restricción (como si el número total de vehículos no se fuera a afectar). Por otro, se publicitó la medida como temporal, sin ajuste alguno que hiciera este anuncio creíble, y sin reconocer que la medida traía consigo la semilla de su propia “eternización”.
Desde el punto de vista del Pico y Placa bogotano, la coyuntura debería darle para pensar a la actual administración (y no sólo sobre cómo manejar la protesta taxista). Con la reciente reducción del horario de restricción, el modelo se movió en la dirección correcta de reducir las distorsiones que llevaban a los individuos a hacerle el quite a la medida. Pero parte de lo que se hizo con la mano se borró con el codo, porque el nuevo modelo de par-impar está empujando a muchos a comprarse un vehículo con placa diferente. Y adicionalmente se volvió a caer en el error de ignorar este efecto al echarle cuentas a la medida. Tal vez es hora de comprometerse con un calendario transparente de evolución del modelo a futuro, para que los ciudadanos le creamos de una vez por todas a la temporalidad del arreglo y pensemos dos veces la inversión grande de un nuevo vehículo.
Pero la existencia de efectos colaterales que tienden a hacer las regulaciones irreversibles (y a veces a empeorar la enfermedad inicial) está lejos de ser una peculiaridad del Pico y Placa capitalino. Desafortunadamente, también es generalizada la tendencia a no anticipar esos efectos y a no hacer nada para minimizar sus costos. ¿Se acuerdan de los múltiples paros camioneros que tuvimos que sufrir en protesta porque la tabla de fletes no se hacía cumplir? ¿Y de los costos que hubo que pagar para, finalmente, eliminar esa regulación? ¿Y se acuerdan de la oposición que enfrentó la reducción de aranceles al inicio del gobierno Santos (que, de hecho, la reversó parcialmente)? Lo que no podríamos recordar es que cuando esas regulaciones se adoptaron haya habido amplio debate sobre esas dificultades y costos futuros, ni que se hayan tomado medidas para reducir la posibilidad de tener que pagarlos.
 No soy del modelo de economista que cree que el gobierno debe simplemente abstenerse de meter la mano en la economía. Pero sí del que cree que con demasiada frecuencia nos tomamos a la ligera, ciudadanos y dirigentes por igual, los costos de esas intervenciones. Y en ese espíritu creo que debemos buscarnos mecanismos que nos obliguen a sopesar tales costos con mayor cuidado, y otros que nos comprometan a limitar esos alcances no deseados a periodos adecuados al propósito y predecibles para los ciudadanos. Ciertamente no es fácil, pero tampoco imposible. Un ejemplo práctico es la reciente política para la reducción de la regulación en el Reino Unido, que ha sometido la adopción de nueva regulación a un cuidadoso escrutinio para garantizar que es necesaria y que tiene cláusulas que garantizan que no se extienda necesariamente en el tiempo. Pero ya me extendí demasiado, así que dejemos esa iniciativa para otro post. Por el momento les dejo la inquietud.