Por Marcela Eslava
Por Marcela Eslava
La concentración de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro en unas pocas familias adineradas, incluyendo la de una ex-reina de belleza, vuelve a poner sobre el tapete la discusión sobre la política industrial. Que los recursos fueron ganados por estos empresarios en franca competencia con otros postulados, dice el ministro de agricultura actual. Que sin los subsidios esos proyectos productivos no se hubieran ejecutado, dice el anterior ministro. Yo les creo a los dos, de verdad. Pero encuentro que ambas explicaciones resaltan, de nuevo, la inconveniencia de una política de desarrollo industrial basada en que el gobierno escoge proyectos o industrias específicos y entrega dineros públicos a los empresarios de esas actividades.
Lo complicado con este tipo de programas es siempre la “economía política”. Por un lado, están sujetos a la posibilidad de que funcionarios corruptos entreguen los subsidios a quienes les correspondan con rentas económicas o políticas. Pero aún cuando la asignación se basa en criterios técnicos, el acceso está fuertemente restringido por problemas de información y de falta de capacidad técnica para diseñar los proyectos que se postulan. Es el empresariado organizado el que monitorea de forma permanente las fuentes disponibles de recursos y el que está en capacidad de diseñar un proceso competitivo. Un campesino minifundista en una región apartada del país tiene poco acceso en ambas dimensiones. Por eso es insatisfactoria la respuesta de que los subsidios se entregaron a quienes presentaron los mejores proyectos.
Por otro lado está el argumento de que los recursos financiaron proyectos que de otra forma no se habrían ejecutado. El argumento sugiere que esos proyectos en efecto no deberían haberse llevado a cabo: si los empresarios interesados no hubieran invertido recursos propios, una lógica deducción es que los proyectos no resultaban suficientemente rentables. Claro, uno podría decir que los proyectos eran en efecto rentables pero que los empresarios carecían de acceso al capital necesario para iniciarlos; concuerdo en que de ser eso cierto estaríamos hablando de subsidios bien justificados. El problema es que cuando los beneficiarios son empresarios con acceso a capital propio y al sistema financiero, como sucede en este caso, ese último argumento se desbarata.
¿Qué hacer entonces? Si persistimos en la opción de las políticas con beneficios concentrados, es fundamental que pensemos su diseño alrededor de los criterios técnicos más básicos: las intervenciones deben solucionar fallas de mercado. Los subsidios estarían justificados en este caso como solución, por ejemplo, al problema de acceso a crédito de algunos empresarios; un criterio fundamental para asignarlos tendría entonces que ser carecer de ese acceso. Sin embargo, yo prefiero la opción de alejarnos de las políticas dirigidas, que generan incentivos errados y cuyos beneficios suelen ir a quienes tienen capacidad política para gestionarlos. Esos recursos estarían mejor invertidos en construir el capital que beneficia a todos los empresarios: infraestructura, educación.
