Por: Christian Jaramillo
Por: Christian Jaramillo
La Ley nos dice que el Estado colombiano debe ofrecer a los desplazados forzosos la posibilidad de retornar al campo. Supongamos que son dos millones de desplazados (el estimativo menor que circula). Son unas 450.000 familias. Digamos para efectos de la discusión que un tercio, 150.000, tuviera interés en retornar al campo. Usted no puede ofrecerles las tierras que tenían: por un lado, alguien las tiene y no es claro que aún sea el usurpador. La legislación contempla varias alternativas para esta restitución. Pero más importante aún, ¿cuántos desplazados estarán tranquilos y seguros al volver a la tierra de la que tuvieron que huir?
Entonces, ¿en dónde conseguir 150.000 predios? No dentro de la frontera agrícola, donde ya la tierra buena tiene dueño y se generarían tensiones –o precios elevados, si el Estado sale a comprar a gran escala. Tierras lejanas y más asequibles, de otro lado, encuentran dificultades al sacar el producto a los mercados, a menos que las unidades productivas sean lo suficientemente grandes. Trate de darle, digamos, 400 hectáreas a cada desplazado y vemos cómo le va vendiendo la idea. Buena suerte.
Todo esto añade una urgencia más a la política de desarrollo rural. Tres elementos para pensar. El primero, el de siempre: vías de acceso, comunicaciones e infraestructura en general. El segundo, una estrategia de desarrollo que fomente actividades distintas a e independientes del agro en los municipios pequeños en zonas rurales. Que haga de ellos municipios completos, con una oferta de servicios y amenidades que generen empleos y calidad de vida – y que permita retener las mejoras en acceso a salud y educación que son de las pocas ganancias de la migración forzada a centros urbanos. Vivir en zonas rurales no tiene que ser vivir en el monte.
El tercer elemento: apliquemos lo que hemos aprendido sobre promover proyectos asociativos en el agro. Empresas agropecuarias cuyos accionistas sean desplazados y que administren predios suficientemente grandes para aprovechar las economías de escala. Opcionalmente, que den prelación para el empleo a los accionistas que deseen trabajar directamente en la actividad. Los que no quieran volver al trabajo agrícola, y sus familias (digamos, sus hijos, que han crecido en la ciudad), podrían hacer uso de la demanda laboral en servicios en los municipios cercanos.
Porque sin una política que haga del campo algo atractivo, el retorno de los desplazados no pasaría de ser otro desplazamiento ruinoso.
