Por Christian Jaramillo
Por Christian Jaramillo
Aunque la degeneración del POS y lo no-POS, qué se paga y qué no se paga, ha sido lo más discutido de la Emergencia Social, el problema grande es por el lado de la financiación: con qué se paga y quién paga. Costos y beneficios –incentivos– desalineados desbalancearon fuentes y usos del sistema de de seguridad en salud. Pero también causaron algo más insidioso: pospusimos la reforma. Es muy jarto políticamente impulsar una reforma que exige al 60% de la economía meterse la mano al bolsillo para pagar algo que ya le dan gratis.
Y bueno, para eso tenemos gente en el Estado dedicada a pensar y prevenir estos problemas, diría inocentemente uno. Candidatos inmediatos son los Ministerios de Protección Social y de Hacienda. El uno tiene que ver con los beneficios de la salud y el otro tiene muy presentes los costos. Pero –¡ay! – la desalineación de incentivos también tiene consecuencias dentro del Estado: la falta de coordinación fue evidente. Al final la Emergencia la diseñó el de los costos. El agua sucia de la Emergencia mal hecha les cayó a los dos. Seguramente la culpa es de ellos[1].
Tentador. Pero incorrecto, creo. O al menos parcialmente incorrecto. El MHCP no tenía manera de calcular los efectos negativos de recortar los beneficios sobre el bienestar de los hogares, efectos eminentemente microeconómicos. Pero tampoco el MPS tenía la capacidad de estimar algo así. Y la planeación de largo plazo en el gasto usualmente la hace otro… Uno que no ha dicho esta boca es mía en esta barahúnda.
¿Dónde andaba el Departamento Nacional de Planeación todo este tiempo?
[1] No del Presidente Uribe, mágicamente, pero ese es otro cuento.
