El Censo Nacional Agropecuario nos está entregando información valiosa para ver otras ruralidades del país que deberían hacer parte de la mesa en La Habana.
Por Juan Camilo Cárdenas
¿Todo el campo como un Juan Valdez?
En su discurso de posesión del 7 de Agosto del 2010 el Presidente Juan Manuel Santos decía “Y quiero que me escuchen en los campos –en las montañas, en las llanuras, las selvas, en las costas de nuestra tierra– los campesinos de Colombia. Vamos a defender al campesino colombiano, vamos a convertirlo en empresario, a apoyarlo con tecnología y créditos, para hacer de cada campesino un próspero Juan Valdez.”
Ese día escuchando al Presidente que hoy tiene al país más cerca que nunca de un acuerdo con las FARC entre otras por un compromiso de las partes de que el problema rural debía ser el primero, me pregunté si toda la gente del campo de Colombia quería vivir como un próspero Juan Valdez. Estoy hablando de la gente que vive, por ejemplo, en cerca de 12 millones de hectáreas de ecosistemas protegidos en Parques Nacionales y donde no pueden ser propietarios privados, o en cerca de 33 millones de hectáreas de resguardos indígenas y 6 millones de hectáreas de consejos comunitarios donde la propiedad de la tierra es colectiva. Ahí, en esa Colombia colectiva, talvez 2/3 de la ruralidad del país, no cabe esa idea campesina de Juan Valdez.
En esa otra Colombia colectiva podrían, eso sí, caber otras ideas de prosperidad, de empresariado y de ruralidad que, como en ese discurso de posesión del actual presidente, el país no conoce.
Precisamente la Misión de Movilidad y Equidad Social, en su capítulo 8 sobre los grupos identitarios como indígenas y negros sugería en sus recomendaciones de política la necesidad de mejorar la visibilidad estadística de estas diferencias por identidad para cerrar las desigualdades tan profundas que se documentaban allí entre quienes se consideraban indígenas y afrodescendientes en contraste con quienes se consideraban mestizos o blancos.
A raíz de estas discusiones desde varios frentes, y del creciente papel que han venido cumpliendo académicos y las organizaciones sociales que defienden los intereses de estos grupos étnicos, se ha venido dando un diálogo enriquecedor con el DANE, para entre otras cosas, construir mejores preguntas de autoidentificación que permitan conocer la composición de la población colombiana, por su fenotipo o su pertenencia a un sistema cultural particular, dos razones que sabemos con suficiente evidencia, generan discriminación en contra de quienes se consideran indígenas o negros.
El 3er Censo Nacional Agropecuario.
Mientras estos diálogos vienen avanzando, el DANE logra uno de sus mas importantes ejercicios al realizar, después de 44 años, el 3er Censo Nacional Agropecuario. Allí logra entregarnos información que no era posible encontrar cuando hicimos el trabajo para la Misión antes mencionada y que el país pedía a gritos, y en particular para comprender mejor la ruralidad de esos territorios colectivos indígenas y negros. En una muy reciente rueda de prensa el 29 de septiembre, su director Mauricio Perfetti entregó avances del análisis de este censo agropecuario para los grupos étnicos del área rural dispersa del país, incluyendo en este censo a 773 resguardos indígenas y 181 territorios colectivos de las comunidades negras, además del territorio central raizal del archipiélago.
Al ir digiriendo los avances que el DANE nos ha ido entregando vamos encontrando contrastes importantes sobre la ruralidad de los campesinos que asociamos a esos Juan Valdez, y los habitantes rurales que viven también de campo en formas diversas y diferentes a aquellas del pequeño productor campesino tenedor de una explotación individual o familiar.
Entre los tantos resultados que nos han ido entregando comenzamos a recibir luces de esa multiplicidad de formas de vida rural que tiene el país y que nos deben llevar a pensar una ruralidad mas diversa que la que tenemos por costumbre construir en esa imagen de un campesino con su pedazo de tierra un par de animales y una explotación individual en la que aprovecha cada metro cuadrado para cultivar, engordar animales y producir comida para autoconsumo y el mercado.
Comencemos por la auto-identificación. Usando la misma pregunta que se usó en el Censo del 2005, el DANE encuentra que entre los habitantes de esa área rural dispersa el 16,4% se auto-reconoce como indígena –superior al 13% que se autoidentificó en el Censo de Población 2005, un 7,7% adicional como afrocolombiano, similar al autoidentificado en el Censo 2005, un 0,3% como palenquero, un 0,2% como gitano o ROM y un 0,1% como raizal, lo cual nos da cerca de una cuarta parte de esta población rural. Cerca del 60% de esta población se encuentra en los departamentos de Guajira, Cauca, Chocó y Nariño.
Pasemos a la pobreza rural. Efectivamente los primeros informes del DANE han levantado alertas sobre la pobreza rural generalizada en el país. Usando el índice de pobreza mutlidimensional ajustado, el DANE combina factores como las condiciones educativas, logro, inasistencia y rezago escolar, analfabetismo, acceso a cuidado de la primera infancia, condiciones de la niñez y juventud, salud y afiliación a un sistema de salud, condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos básicos. Basados en ese índice el 45.5% de los habitantes del área rural dispersa serían considerados como pobres. Sin embargo para el caso de los mismos habitantes rurales que se auto identificaron como pertenecientes a un grupo étnico el porcentaje de pobres es del 63.5%. Ahora, esos porcentajes se deben cualificar aun mas cuando encontramos que el 69.3% indígenas serían pobres, 53,5% para el caso de población afrodescendiente, y apenas el 19.3% para el caso de los raizales del archipiélago. Algunos indicadores adicionales muestran lo profundo de esta brechas. Por ejemplo, mientras el 88,4% de las viviendas rurales dispersas no étnicas tenía electricidad y el 46,9% tenía acueducto, las viviendas de grupos étnicos contaban apenas en un 54,9% y 22% respectivamente para estos servicios básicos.
¿Y económicamente qué?
Aquí es donde se pone interesante la cosa. En resumen, estas comunidades rurales que se autoidentifican como étnicas entre indígenas, afrodescendientes, palenqueros, gitanos y raizales proveen un sinnúmero de bienes y servicios económicos y ambientales, están integradas a mercados y organizaciones, pero desafortunadamente estos flujos poco pasan por las cuentas municipales, departamentales y mucho menos nacionales. Por ejemplo, el 87,2% del área rural dispersa de estas poblaciones étnicas tiene una cobertura boscosa, confirmando las razones mismas que dieron origen a la declaración de resguardos en la 2ª mitad del siglo XX y entre las justificaciones también para titular colectivamente a comunidades negras con la Ley 70 de 1993, resultado de la Constitución del 91. El 91,3% de estas unidades productivas reportaron tener acceso a agua para sus predios y el 74,5% de ellas reportaron hacer alguna práctica de conservación de ellas.
El área agropecuaria, en estos territorios colectivos, tiene un uso principalmente agrícola y para cultivos y donde casi el 75% de las unidades censadas destinaba al menos un área para producción agrícola para el autoconsumo, base fundamental de la seguridad alimentaria de estas comunidades. Según el censo cerca del 41% de esa producción se destinaba al autoconsumo pero otras fracciones importantes se destinaban a múltiples formas de intercambio y de integración a los mercados como se ve en la siguiente gráfica tomada del DANE.
La asociatividad, de acuerdo al censo agropecuario, es significativa entre los pobladores rurales de estas comunidades étnicas. El 34,9% de los productores pertenecían a algún tipo de asociación u organización comunitaria, porcentaje mucho mayor al reportado en otras fuentes para casos rurales donde algo así como la cuarta parte de la población participa de esta manera, y con cifras similares reportadas aquí en el censo agropecuario para la población rural dispersa no étnica. Curiosamente, el reporte de trabajo colectivo es relativamente bajo. Solo 15,5% de estos productores reportaron haber realizado algún trabajo comunitario en cualquiera de las formas tradicionales que conocemos como la minga o el convite para mencionar solo unas.
¿Y en La Habana qué?
La riqueza de la información que nos está entregando el DANE nos abre una serie de preguntas por esa otra ruralidad. La de las otras formas de ocupar el territorio desde otras formas diferentes a la propiedad privada de los prósperos Juan Valdez que prometía el actual presidente en su primer gobierno.
Queda, entonces, un vacío que ya muchas voces han reclamado sobre el papel de la ruralidad de las comunidades indígenas y negras que no se sienten representadas en la “cuestión agraria” de La Habana (ver aquí, aquí y aquí), aunque desde un comienzo se ha manifestado desde el equipo de gobierno que todos ellos estarán representados.
Esperemos que este Censo Agropecuario nos sirva para llenar esos vacíos y para enriquecer las diversas ruralidades que hay en Colombia, y que por ahora en este texto se centraron en el tema de la ocupación de la tierra, porque queda pendiente el tema invisible de nuestra ruralidad anfibia de la pesca, costas, ríos, ciénagas y lagunas que dan para otra entrada posterior.