Por Marcela Eslava
La Reforma Tributaria que el gobierno le presentó al país la semana pasada muestra  avances en la solución de varios grandes problemas de la economía colombiana. Tal vez el más importante de esos avances es la atenuación de los desincentivos a la creación de empleo, sobre todo empleo formal, generados por la regulación actual. Tales desincentivos surgen porque parte de los servicios que presta el Estado se financian con impuestos a la generación de empleo formal. Sabiamente, el proyecto de reforma busca que esos mismos servicios se empiecen a financiar con impuestos que, si bien seguirían pagando las empresas, no se cobrarían por la contratación de empleados formales sino por la renta de las empresas.
¿Cuál es el origen y cuál la magnitud de los actuales desincentivos al empleo generados por la regulación? En esencia, el problema es que para poder tener un trabajador que se gana, digamos, $600.000, hoy en día un empleador está obligado a pagar cerca de un millón de pesos. Varios elementos explican este sobrecosto: pagos por salud (8.5%) y pensión (12%) a cargo del empleador, contribuciones parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar, que suman 9%), cesantías (8.3%) y bonos de vacaciones y legal (12.5%). En adición a éstos habría que contar los pagos por riesgos profesionales y compensación por despido. Entonces, si una empresa va a contratar 10 trabajadores con salarios de $600.000 no necesita que esos trabajadores le generen ingresos por 6 millones, sino por casi 10 millones; un incremento considerable, en especial para una empresa pequeña.
Estos elevados costos ha tenido graves efectos negativos en varias dimensiones: varios estudios han mostrado que los altos costos no salariales reducen la contratación de empleados  en empleos de alta calidad, y la reemplazan o bien por compra de maquinaria, o bien por contratación informal, o bien por contratación a través de cooperativas o contratos de prestación de servicios (incluso en el mismo gobierno!). Además, hacen que sea más rentable crear empresa en los sectores más intensivos en capital (como la minería), que en los  intensivos en mano de obra (industria, agricultura). No sólo se cae de su peso que contratar un trabajador es menos atractivo cuando el trabajador cuesta mucho más, sino que los números redondos lo señalan con claridad: el país tiene tasas de desempleo, informalidad y contratación temporal entre las más elevadas de la región. Sería difícil atribuirle estos problemas a que los empresarios colombianos sean más “explotadores” que los del resto de la región o el mundo.  Hay también una creciente concentración en minería, a expensas de la industria y el agro, que por supuesto refleja la creciente identificación de riquezas naturales, pero que es más difícil frenar si la misma regulación hace que comprar máquinas sea más atractivo que contratar trabajadores.
Por supuesto, los impuestos a la nómina y otros costos no salariales están ahí por una razón. Todos financian servicios que nos interesan y que, como sociedad, no queremos descontinuar: las cesantías son un ahorro por si el trabajador queda desempleado, las contribuciones de pensión un ahorro para su vejez, los bonos le dan unos ingresos extras en momentos claves del año, los parafiscales financian al SENA, el ICBF y las Cajas, y las contribuciones de salud financian el sistema de salud. Pero, de todos esos beneficios sólo los bonos y las contribuciones de pensión verdaderamente financian servicios que son “por trabajador”. Los demás financian servicios que efectivamente usan poblaciones más generales (incluida la salud, ahora que el nivel de cubrimiento es igual en ambos regímenes) y por tanto no es clara la lógica de financiarlos con un impuesto por trabajador.
El cabezazo de este gobierno fue proponer reducir estos impuestos al trabajo sin desfinanciar ninguno de los servicios que se vienen nutriendo de su recaudo, concentrando –además- la reducción de costos en los servicios que no benefician directamente al trabajador por el que se paga el impuesto. En particular, la propuesta contempla que los empresarios dejen de contribuir por cada empleado por conceptos de pagos parafiscales y salud, y pasen a contribuir el mismo monto pero ahora sobre su renta. Además, garantiza que ese recaudo se destine precisamente a salud, SENA, ICBF y Cajas, en las mismas proporciones en que los venía financiando. Y que si ese recaudo no alcanza, se cubra el faltante con recursos del presupuesto de la Nación. Se responde así a la preocupación, siempre presente en las discusiones sobre eliminar los parafiscales, de que se perdieran estos importantes servicios. Se ataca también de raíz una de las fuentes de quiebra del sistema de salud: que las contribuciones se hagan sólo por los trabajadores formales mientras que los servicios se prestan a todos los trabajadores. No sólo porque se disminuye el desincentivo a formalizar trabajadores, sino porque la empresa contribuirá aún sobre los ingresos que le generen los trabajadores que sí permanezcan informales o tercerizados.
La reforma tiene otros muchos componentes positivos. Pero sin duda el logro fundamental de gobierno y legisladores sería aprobar esta reducción del sesgo antiempleo en nuestro sistema tributario, que es a la vez sesgo anti-industria y anti-agro, y sesgo contra la sostenibilidad del sistema de salud. Por supuesto, mucha discusión habrá que dar sobre los detalles: si las tasas contempladas garantizan que el recaudo efectivamente se mantenga constante, si no valdrá la pena extender la reducción impuestos a la nómina a los trabajadores de más de 10 salarios mínimos (en el proyecto está sólo para los de menos ingresos), si hay que aprovechar el momento para reformar también el sistema de salud. Pero el espíritu fundamental de gravar la renta en lugar del empleo debe mantenerse.