Por Marcela Eslava
Por Marcela Eslava
En las últimas semanas se ha intensificado el debate sobre los costos de que la Corte no haya elegido aún fiscal y las razones que explican que no lo haya hecho. Hemos oído decir que la demora es un intento por presionar al gobierno para que cambie la terna, que es un intento por esperar al cambio de gobierno. Hay voces que claman por la pronta resolución de la interinidad, otras que aspiran a que sea el próximo gobierno quien nomine al fiscal, otras que quieren que se deje al actual fiscal encargado terminar la tarea de la Yidispolítica.
Más allá de estos debates, sin embargo, el hecho es que estamos ya acostumbrados a las largas esperas en la definición de importantísimos cargos en los que la Corte tiene la palabra. Sin ir más lejos, en estos momentos están sin definir el nombre del fiscal, del presidente de la Corte y de algunos magistrados; varios de esos cargos llevan muchos meses vacíos. Eso sugiere que el debate está enfocado en la dirección incorrecta, o por lo menos en una dimensión muy limitada del problema. Sin negar que tal vez haya razones políticas tras el retraso específico en elegir fiscal, es claro que las reglas que gobiernan las votaciones con que la Corte debe elegir altos funcionarios llevan a frecuentes parálisis de los procesos. Estas reglas requieren obtener unas super-mayorías que resulta muy difícil alcanzar. Si bien el espíritu del requisito es el de elegir funcionarios sobre cuya idoneidad haya amplio consenso, en la práctica están teniendo el alto costo de que esos funcionarios de idoneidad extra-aprobada no acceden a los cargos por muchos meses. Nos quedamos sin el pan y sin el queso: el cargo lo ocupa por meses y meses alguien que no ha sido refrendado ni siquiera por una mayoría simple.
Parecería sugerirse entonces la necesidad de repensar estas reglas de votación. Hay muchas alternativas. Una es pasarse a una regla de mayoría simple. O, en el caso de las ternas, requerir que el ternado con menor votación sea retirado y en una segunda ronda se vote sólo entre los dos con más votos. O, como es el caso en Estados Unidos, que el presidente nomine no una terna sino una persona y la Corte (en USA el Senado) simplemente la confirme o la rechace. O que haya un número máximo de rondas de votación o de semanas desde la nominación y al vencerse este plazo se pase a otra regla, u otra instancia quede a cargo de escoger. O una combinación de algunas de las anteriores. Muchas de estas opciones destraban el proceso no sólo porque la regla misma implica tener que decidir en un cierto plazo, sino porque sabiendo esto los magistrados tienen incentivos para formar coaliciones unidas por acuerdos alrededor de los nombres con mayores posibilidades de ganar. La fórmula mágica está por definirse, pero es clave que el debate se abra.
