Por Andrés Álvarez
Por Andrés Álvarez
Un nuevo intento por penalizar el pago de secuestros y vacunas retumbó en los medios la semana pasada. Una polémica que sólo fue superada en ruido por el fantasma del doblemente expresidente Uribe. Por un lado su debut como “profesor en prestigiosa institución”: como debe rezar un buen titular de prensa. Por otro, los nostálgicos del furibismo que reclaman el regreso inmediato del profesor visitante en Georgetown para que se vuelva a poner al frente de la tropa y evite la debacle de las fuerzas militares ante el “renacimiento” de las FARC.
Pero, volvamos sobre la polémica que nos interesa: penalización del pago a secuestradores o a vacunadores. La lógica del ministro de defensa se apoya sobre el mismo argumento con el que se intentó hacerlo en 1993 (Ley 4 de 1993): el pago a los secuestradores hace cómplice a la familia del secuestrado porque incentiva el delito. Y con el mismo argumento que ya tumbó esa tentativa, la Corte Constitucional (Sentencia C-213/94) se opondría a esta posible ley (como ya lo manifestaron varios magistrados en medios de comunicación): las familias de los secuestrados actúan en defensa de la vida y la libertad y en estado de necesidad.
Ahora que la Economía lleva años metiéndose al rancho de los demás, por qué no meternos a los ranchos de la Corte Constitucional (igual ya está de moda entre mis colegas señalar las “inconsistencias económicas” de los derechos constitucionales) y del ministro de defensa. ¿Qué podría decir el análisis económico acerca de lo conveniente de la propuesta del gobierno? Muchas cosas, diría un economista lambda:
Primero, consideremos el argumento del ministro desde un punto de vista económico. La idea del ministro parece echar mano de una vieja herramienta de la caja (de herramientas) de los economistas: las externalidades. Quien paga para que suelten al familiar no está internalizando en su cálculo el costo social que significa el aumento del secuestro. La solución económica: imponer una sanción a quien paga el secuestro para que considere como un costo adicional en su decisión racional (léase costo-beneficio) como un costo la probable sanción que le impone la ley. La economía es al fin y al cabo la ciencia que mira a la sociedad desde el enfoque de los incentivos: no impongamos un comportamiento, produzcamos el comportamiento mediante los incentivos correctos.
Así, el análisis económico aplaude al ministro por su conocimiento empírico de los teoremas económicos y espera que la internalización del costo social reduzca el consumo de estos bienes: el consumo de liberación de familiares. Una vez más el economista mira por encima del hombro al confuso abogado y le opone a sus melifluos argumentos filosóficos un contundente principio “técnico” imparable.
Pero para desgracia del economista lambda, no siempre un argumento con apariencia técnica es un buen argumento. La Economía también ha aprendido, metiéndose al rancho de otros, que los ranchos de otros no están tan desordenados, ni son tan pobres como los imaginamos. En un acto de humildad de economista (no sé qué tan lambda), debo aceptar que a mí me convence más el argumento de la Corte Constitucional. El estado de necesidad manifiesto en el que se encuentra un familiar de secuestrado no es compatible con la pérfida idea de que además de querer proteger la libertad y la vida de mi ser querido estoy queriendo auxiliar a la delincuencia. Interesarse en los motivos de la acción de los agentes y buscar ir más allá de la idea simplificada del tan detestado hommo metalizadus (raza particular de hommo economicus que tiene en sus preferencias un solo argumento: entre más plata mejor) nos permite comprender que existen elementos más complejos que mueven la acción de los agentes. Afortunadamente, a fuerza de meternos al rancho de los otros, los economistas estamos aprendiendo a complejizar nuestros puntos de vista y a considerar elementos que van más allá de lo que A. Marshall definió como Economía: el estudio de la humanidad en los asuntos ordinarios de todos los días (the study of humanity in the ordinary affairs of everyday life). O, al menos espero yo, que estemos aprendiendo que no todo en la vida se puede entender como un negocio ordinario de todos los días.
