Por Oskar Nupia
El gobierno central y las jurisdicciones regionales son los mayores contratantes del país. Algunos estudios han sugerido que dicha contratación puede mover entre el 13% y el 16% del PIB del país. Esto implica que la contratación pública tiene fuertes impactos sobre el bienestar, la economía e, importante, sobre la concentración del ingreso. Si esos contratos van a unas pocas personas, la distribución del ingreso tiende a empeorar.
Dentro de los servicios que demanda el gobierno (central y regional) hay muchos que requieren de habilidades altas y muy específicas (infraestructura, por ejemplo). Debido a que, por su naturaleza, los oferentes de estos servicios son pocos, muchos de estos contratos terminan concentrados en pocas manos (casi los mismos contratistas de siempre). Como se dijo antes, esto tiene efectos sobre la distribución del ingreso. De paso, es importante decir que menor competencia facilita la corrupción.
Sin embargo, hay servicios que no requieren de habilidades muy altas y que el gobierno central podría utilizar no solo come medio para contratar los servicios, sino como medio para disminuir la concentración del ingreso y la riqueza, generar empleos, y, quizás, reducir la corrupción. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es uno de ellos. Es importante aclarar que la contratación de este programa la hacen las jurisdicciones regionales pero que, es el gobierno central quien da los lineamientos de contratación. Dichos lineamientos poseen requerimientos que tan solo aquellos contratistas profesionales (es decir, aquellos que poseen el capital, el conocimiento de la contratación estatal y la función objetivo “depredar miles de millones de pesos al Estado”) cumplen (ver aquí http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-345164_resolucion_16432.pdf). Así, es el gobierno central quien facilita la poca competencia, la alta concentración de esta contratación y hasta la corrupción.
Alimentar no es tarea fácil, se requieren conocimientos de nutrición, buen manejo de alimentos y algo de logística, pero ¿cuántas madres de los estudiantes de bajos ingresos que están recibiendo el programa y cuya función objetivo es el bienestar de sus hijos no saben cocinar o hacer refrigerios? Mi punto es el siguiente. El programa se dirige a colegios con niños de bajos recursos cuyas madres (y padres) podrían operar directamente el PAE en cada colegio mediante organizaciones bien diseñadas. Para esto se requiere que los lineamientos de contratación del gobierno central vayan en esa dirección o que los gobiernos centrales apoyen este tipo de organizaciones. Hacer esto ayudaría a que se cumplan los objetivos del programa, se desconcentre una pequeña parte de la contratación del estado, se mejoren las condiciones económicas de las familias involucradas y quizás, se disminuya la corrupción. Valdría la pena hacer un programa piloto en esta dirección.
