Por: Jairo A. Rendón.

Los colombianos vivimos cada vez más acostumbrados a que en nombre de la seguridad nuestro derecho a la privacidad pase a segundo plano.  Cualquier servicio de seguridad se siente con la autoridad de pedirnos, nombre, número de cédula, foto e inclusive la huella. Desafortunadamente esta práctica es cada vez más común y hoy en día no es sorpresa que hasta para entrar a una institución educativa o un conjunto residencial, el servicio de seguridad anote minuciosamente nuestros datos personales, el motivo de nuestra visita, las horas de entrada y salida y hasta la marca y placa del vehículo en el cual nos movilizamos, todo para “garantizar su seguridad”. 

Esa falsa impresión de seguridad se empieza a evaporar cuando uno se comienza a preguntar sobre lo que pasa con la información que se está recolectando ¿Cómo cuidan las agencias de seguridad nuestros datos personales? ¿Dónde guardan los servicios de seguridad esta información? ¿Qué medidas de seguridad implementan para garantizar que estos datos no caigan en manos de grupos armados ilegales o la delincuencia común?  El valor de mercado de nuestra información personal parece ser nulo, pero eso no es así, imagínense lo que estaría dispuesto a pagar una organización criminal para acceder a esta información, que incluso muchas veces viene convenientemente digitalizada, para detectar patrones sobre las actividades que realizamos día a día.      

Otra pregunta que surge es ¿Para qué pueden ser usados los datos recolectados? No existe un límite sobre lo que puede hacer quien recolecta la información con esta: venderla, entregarla a los medios de comunicación o como evidencia en un juicio.  Si claro, ya van a salir a decir algunos que el que nada debe nada teme, pero yo tengo derecho a invitar a mi apartamento a quien yo quiera sin necesidad de divulgarlo a mis vecinos, a la administración del edificio o al portero.

No estoy diciendo que no se debe implementar ningún mecanismo de seguridad, pero determinar donde se pone la raya para establecer hasta donde mi derecho a la privacidad interfiere con la seguridad no es tarea fácil.  Desafortunadamente en Colombia parece que hemos llegado a la conclusión que cualquier invasión a la privacidad es justificada en nombre de la seguridad.  Esto quedó evidenciado cuando el mismo gobierno no le vio problema a utilizar el aparato del estado para realizar seguimientos, espiar llamadas telefónicas y correos electrónicos de manera ilegal, justificándolo todo en nombre de la seguridad.