Por: Andrés Fernández
Por: Andrés Fernández
Hace unos días asistí al debate sobre sostenibilidad fiscal llevado a cabo en la Universidad de Los Andes con ocasión del lanzamiento de la cuarta edición de la revista Supuestos, una excelente publicación de los estudiantes de economía de esta universidad. El debate giró en torno a la reforma constitucional sobre sostenibilidad fiscal que busca modificar el artículo 334 de la constitución nacional y establecer a las finanzas públicas como bien público, elevando a la sostenibilidad como un derecho colectivo para todos los colombianos, y garantizando la viabilidad financiera del estado colombiano.
El debate permitió escuchar las posiciones del gobierno en cabeza de Gloria Alonso, directora de Política Macroeconómica del Ministerio de Haciendo, de economistas como Alejandro Gaviria, decano de Economía de Los Andes, y Roberto Steiner, Director de Fedesarrollo, abogados como Rodolfo Arango, profesor del departamento de Filosofía de Los Andes y politólogos como Monica Pachón, directora de Congreso Visible. La diversidad de los participantes permitió apreciar las distintas posiciones que desde la academia y la tecnocracia se tienen sobre esta reforma constitucional. Y una cosa es clara: estamos lejos de observar una posición unificada sobre las bondades o problemas de la iniciativa de reforma constitucional. Me pareció interesante observar que no sólo están encontradas las posiciones entre abogados y economistas, algo que suele ocurrir, sino que de hecho no parece haber ni siquiera un consenso entre economistas sobre las bondades y el alcance de la reforma.
La crítica más aguda sobre esta reforma la hicieron los abogados, en cabeza de Arango, para quien la aprobación de ésta puede incluso ir en contravía del concepto de Estado social de derecho. Sostiene él que el derecho a la sostenibilidad fiscal puede chocar con otros derechos fundamentales, caso en el cual deben primar éstos últimos. Y concluye el que, precisamente por esta falla es muy probable que la corte Constitucional termine tumbando la reforma si es aprobada por el Congreso.
La posición de los economistas es otra y va en la misma vía del gobierno, en el sentido de que es imprescindible poner en cintura las decisiones de gasto público. Por ejemplo, Steiner afirmó que el gobierno no tiene el monopolio sobre las decisiones de gasto publico sino que por el contrario estas pueden estar determinadas por fallos jurídicos que no tienen por ningún lado consideración alguna de donde deben provenir los recursos para financiar dicho gasto.
Sin embargo, no parece haber siquiera una posición unificada entre los mismos economistas acerca de las bondades de la iniciativa. Para Gaviria, por ejemplo, si bien el concepto de sostenibilidad fiscal es evidentemente positivo, la reforma tiene una alta probabilidad de terminar siendo completamente irrelevante, sin ser tenida en cuenta en el día a día de la justicia, como tantos otros artículos de la constitución. De hecho, Gaviria va más allá y cuestiona las bondades de la regla fiscal, otro de los proyectos de iniciativa fiscal que cursa en el Congreso que busca forzar al gobierno a ahorrar en periodos de abundancia, dadas las necesidades fiscales presentes y futuras ocasionadas por la tragedia invernal.
El debate sobre la conveniencia y relevancia del artículo de sostenibilidad fiscal tiene pues tanto de largo como de ancho y tocará esperar a ver cómo es que el gobierno termina sorteando los últimos peajes políticos que la reforma debe pasar en el congreso antes de convertirse en ley. Me inclino a pensar que la ley de sostenibilidad es favorable y necesaria. Francamente no puedo entender el argumento de que “los derechos constitucionales no pueden ser afectados por razones de conveniencia económica o fiscal” (ver la posición entera acá) que implica el que los jueces simplemente no tengan ninguna consideración por los alcances fiscales de sus determinaciones. Estoy de acuerdo en que esto no implicará un cambio radical en las costumbres judiciales de este país, pero confío en que con el tiempo y con la presión de los economistas, apoyados por una herramienta constitucional, hagamos valer este nuevo derecho y que esta idea cale poco a poco en la jurisprudencia colombiana. El pensar que acá no se puede reformar nada simplemente porque tenemos costumbres que nos hacen pararle pocas bolas a lo que está escrito en nuestra constitución me parece que no nos lleva a ningún lado. Precisamente toca sentar las bases jurídicas para que esas costumbres con el tiempo vayan cambiando. Además creo que la presente ola invernal con sus presiones fiscales es precisamente el momento cuando más debemos tener una regla fiscal que nos obligue a pensar en los recursos que efectivamente disponemos antes de comenzar a girar cheques a diestra y siniestra.
Tal vez me queda sólo una pregunta del debate y tiene que ver con la ausencia de una reforma tributaria estructural que esta administración no dio muestras de impulsar desde un comienzo, al menos no con la misma firmeza que está apoyando otros proyectos. Creo que hay mucho más consenso entre los economistas de que el sistema tributario colombiano requiere una profunda reforma que vuelva más eficiente, menos regresivo y más eficaz el sistema de recaudo. Pero a pesar de esto el equipo de Santos no tuvo a esta reforma dentro de sus prioridades. Algunos podrán decir que esto se explica porque Santos prometió una y otra vez en campaña presidencial no subir impuestos. Pero es claro que la nueva administración no ha seguido mucho el libreto que divulgó en campaña (y muchas veces para bien). Sólo el tiempo dirá si esta estrategia del equipo económico fue la acertada.
