Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
El escritor santandereano Daniel Ferreira realizó una crónica excepcional para los treinta años de la Masacre de Llana Caliente. Paradójicamente, un año después de su escrito, la búsqueda de la verdad y las víctimas vuelve a ser noticia sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de la población civil en esa zona el 29 de mayo de 1988.
La primera, es que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, ordenó un conjunto de decisiones sobre municipios en los cuales se abarcó el numero de victimas y violaciones surgidas en los años 80, en la conformación de grupos paramilitares y su relación con unidades militares. La primera, en un ejercicio de articulación con la recién creada Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ordena a los municipios a fin de obtener información sobre la existencia de fosas comunes y cementerios municipales en personas no identificadas.
La segunda tiene que ver con la entrevista a Julio Palizada, integrante histórico del grupo paramilitar los masetos, que tuvo participación con el Batallón de Infantería Luciano DElhuyar, en la muerte de 50 personas y la desaparición de otras. En este, entrevista afirma sobre las relaciones.
Embrollo jurídico
Nos enfrentamos a que la posibilidad de acceder a la verdad recae en la valoración de la JEP y ya es de conocimiento público su posición. Es evidente que la ley 975/2006, marco jurídico de la desmovilización paramilitar conocida como Ley de Justicia y Paz, representó un enjambre jurídico para las victimas como para los postulados, quienes, a la fecha, no encuentran respuesta a sus demandas de verdad, justicia y reparación; y para los segundos, claridad de su situación jurídica. Si bien es cierto, hubo avances y aprendizajes en la ley de Justicia y Paz, su coexistencia con la Jurisdicción Especial para la Paz empieza a ser problemática política y jurídicamente, en un contexto de transición, reconciliación y paz, o al menos, esa es la postura que públicamente expresan en su comunicado. En el comunicado que sacó el Colectivo de Comandantes de AUC, expresan la contradicción de la existencia de dos sistemas de justicia transicional y la necesidad de unificarlos. Esto suena bonito y casi romántico, pero la verdad es más compleja por los crímenes cometidos, que, por su naturaleza, son crímenes de lesa humanidad, y como tal, imprescriptibles. En el combo de paramilitares que solicitan ingreso a la JEP hay todo. Es un salpicón paramilitar. Están los que se sometieron a la Ley de Justicia y Paz y no han resuelto su situación jurídica, los que continúan en la Justicia Ordinaria por la gravedad como crímenes de lesa humanidad o por hechos con posterioridad a la desmovilización, que parecería ser el caso de Palizada, como la vinculación a bandas criminales.
En la búsqueda de responsabilidades es necesario identificar los actores que permitieron las acciones, observar las dinámicas de encubrimiento e impunidad que se dieron, y ante todo, la recuperación de los cuerpos de las victimas y el acceso a al derecho a la verdad que le asiste sobre lo sucedido con su familiar. Y estos reconocimientos es necesario dar un paso delante de parte de los responsables. Y ahí es donde esta el problema. Durante un tiempo, cuando las organizaciones de derechos humanos solicitaban información al respecto por las víctimas, les contestaban que “las únicas víctimas de los hechos habían sido los integrantes del Ejercito Nacional.”
La verdad de lo que lo sucedió en la Masacre de Llana Caliente representa un desafío para la verdad, las responsabilidades y los reconocimientos necesarios para poder trabajar en una reconciliación, real, duradera y efectiva, en el Magdalena Medio.
El camino que se está empezando a construir en la búsqueda de personas desaparecidas, en una sinergia entre la JEP y la UBPD, abre un espacio de mayor dialogo y coordinación institucional entre las autoridades nacionales y locales frente a la necesidad de aunar esfuerzos en la identificación y entrega digna de restos a sus familiares y seres queridos. El retorno de Llana Caliente a la opinión pública nacional abre una esperanza a los familiares de personas desaparecidas en San Vicente y El Carmen de Chucuri, y demás municipios que fueron sometidos a la guerra en la década de los años 80, y aun insisten en no olvidar a los suyos.
