Con el Estado de Emergencia desde el 17 de marzo de 2020 se abrió la puerta para que las entidades públicas a contratar directamente con empresas o personas, y adicionar o modificar los contratos sin limitación a su valor. Así se ven varios países de América Latina.

Colombia declaró el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional el 17 de marzo de 2020, y con ello abrió la puerta para que el gobierno pueda impulsar decretos con rango de ley. Una de las primeras medidas fue autorizar a las entidades públicas a contratar directamente con empresas o personas, y adicionar o modificar los contratos sin limitación a su valor.

El análisis de los datos, realizado en el marco de una investigación regional coordinada por la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (PALTA), reveló que: en Perú se han dispuesto 138 millones de dólares para adquirir bienes y servicios a través de la modalidad de contratación directa, igual se ha realizado en Argentina, Colombia y Uruguay, en México, el gobierno ha recurrido a las adjudicaciones directas incluso desde antes de la declaración de emergencia sanitaria el 30 de marzo y en Guatemala se demostró que uno de los riesgos de las contrataciones directas son los sobreprecios de los productos.

¿Cómo ejercer control sobre la contratación en las regiones?

Las regiones de Colombia han sido mayormente afectadas por posibles irregularidades en la contratación directa. Abelardo Gómez, director de La Cola de la Rata, medio que ha investigado la corrupción en el departamento de Risaralda, señala que esta norma implica que la contratación directa a pesar de ser un mecanismo que ayuda a agilizar los procedimientos de la contratación, no siempre se usa de la mejor manera, especialmente cuando hablamos de las regiones: “a veces los contratistas no tienen el perfil adecuado, o fueron contratados por recomendación, o simplemente a través del contrato se están pagando favores políticos”.

Más aún, como lo afirma Gómez, las modificaciones en los presupuestos locales son lo más lógico en casos como estos, siempre y cuando se realicen de manera correcta y con el fin de mitigar la emergencia: “Vemos a diario casos de sobrecostos, contratistas que no cumplen con el cometido, o incluso una clase política local que maneja el poder y usa el presupuesto para aprovechamiento propio”.

Los datos han arrojado resultados de irregularidades en la distribución de los kits de alimentos otorgados por departamentos y municipios a la población más vulnerable. Por ejemplo, la alcaldía de Girón, ubicada en el departamento de Santander compró 20 mil kits de alimentación por un costo de 1400 millones de pesos. Es decir, cada kit a 70 mil pesos. Sin embargo, los precios para los mismos productos del kit, según el precio suministrado en el Departamento Administrativo de Estadísticas (DANE) tienen un monto de 53 mil pesos. Este caso expone que el contrato tuvo un sobrecosto del 32%. 

Durante este tiempo, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado procesos disciplinarios de 123 contratos, estimados en 2 billones de pesos. Además la Agencia de Contratación Pública de Colombia, habilitó una plataforma para que la ciudadanía pueda revisar en tiempo real cada contrato. Se pueden explorar los datos por departamentos, alcaldías, y entidades territoriales. Además de los montos, las fechas y a quién se le otorgó el contrato. 

Estos son algunos casos identificados de irregularidades en los contratos, el reporte completo y este texto fue escrito por Juliana Galvis como parte de la investigación regional de la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red PALTA).

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