La prioridad debe ser el empleo de la juventud rural

Columnista invitado: Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).

En la actualidad, cuando se habla del sector agropecuario en las grandes ciudades, lo primero que se viene a la mente son temas relacionados con la inflación, reforma rural, distribución de la tierra, agua, vías terciarias, seguridad y paz total.

El tema del empleo rural rara vez se menciona, salvo para llamar la atención sobre el 84% de tasa de informalidad laboral que padece nuestro sector y que, a propósito de la reforma laboral, es un tema que muy seguramente abordará en las próximas semanas el Congreso de la República.

Sin embargo, la clave para entender esta problemática, y sobre la que muy poco se discute, es el relevo generacional del campo y las preocupaciones que existen frente a la cada vez más difícil labor de conseguir mano de obra para el desarrollo de las actividades rurales.

Acá quiero proponer los frentes que hay que atacar si queremos enfrentar de raíz esta crisis de empleabilidad en el campo.

El diagnóstico es claro

Según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane la población ocupada en la rama de actividad “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” para el trimestre que va desde diciembre de 2022 hasta febrero de 2023 fue de 3.096.000 personas.

Y según el boletín técnico del Dane sobre el mercado laboral de la juventud, para el mismo periodo, en nuestro sector la población entre 15 y 28 años ocupada era de 748 mil personas. La participación de los jóvenes en el total de la población ocupada del sector (24%) es similar a la que tienen sectores como el de la construcción y transporte y almacenamiento.

Sin embargo, cuando se compara con datos de la misma encuesta, el ingreso laboral promedio de 2019 para estos sectores en los centros poblados y rural disperso, encontramos que el ingreso del sector agropecuario para los trabajadores por cuenta propia ($312.319) y asalariados ($827.184) era considerablemente inferior que el de construcción ($480.055 por cuenta propia y $910.531 los asalariados) y transporte y alojamiento ($502.127 por cuenta propia y $1.062.813 los asalariados).

El mercado en cabeceras municipales y ciudades pareciera que ofrece no solo mejores ingresos, sino también mejores condiciones de vida.

En efecto, si a esta realidad económica se le suma el hecho de que en las zonas rurales la calidad de la dotación de bienes públicos básicos como carreteras, conectividad digital, electricidad, educación, salud, infraestructura deportiva y recreativa (solo por mencionar algunos de ellos) es considerablemente inferior a la de las ciudades —o aún a las cabeceras municipales—, pareciera ser apenas lógico que los jóvenes no tienen mayores incentivos para permanecer en la ruralidad.

Por supuesto no podemos dejar por fuera factores como la presencia de grupos armados al margen de la ley en las zonas rurales, el deterioro de las condiciones de seguridad y el desarrollo de negocios ilícitos atados a estos grupos (narcotráfico, extorsión, minería criminal), que también se convierten en un factor desestabilizador de diferentes zonas de producción que requieren de la participación de los jóvenes en el mercado laboral presente y futuro.

Finalmente, el simple hecho de que muchos de estos jóvenes, por más amor que le tengan al campo, vieron pasar a sus padres y abuelos por tremendas dificultades económicas, ven el desarrollo en las grandes ciudades a través de sus celulares y sienten que trabajando en el campo nunca se van a pensionar, pues es apenas lógico pensar que el tan anhelado relevo generacional rural puede quedar en veremos.

¿Cómo incentivar la empleabilidad rural?

Así las cosas, si el país quiere garantizar y proteger la seguridad alimentaria tiene que invertir en proteger el empleo rural y las condiciones que motiven a los jóvenes a no irse del campo. Son muchas las cosas que el gobierno nacional, gobernadores y alcaldes —a propósito de las elecciones de octubre— podrían hacer en este frente.

La administración de Gustavo Petro cuenta con diferentes herramientas para que su programa de gobierno se vea reflejado en acciones concretas en el territorio. El Plan Nacional de Desarrollo (PND), el plan plurianual de inversiones y la adición presupuestal para 2023 son tres herramientas concretas a utilizar.

Las políticas de fomento al emprendimiento de los jóvenes rurales, atadas por supuesto, a líneas de crédito con tasas de interés favorables, recursos condonables atados a planes de negocio —para cuando lleguen a lo que los emprendedores llaman “el valle de la muerte”—, herramientas de educación y formación y un vínculo con los programas de compras públicas podrían desarrollar un ecosistema virtuoso para este segmento poblacional.

Indiscutiblemente, el papel del Sena y su programa campeSENA podría ser determinante con nuevos recursos y un enfoque que vaya en línea con este objetivo.

En materia de la adición presupuestal y del plan plurianual de inversiones, el gobierno tiene la gran oportunidad de destinar billones de pesos a la dotación de bienes públicos rurales (carreteras, conectividad digital, centros de formación y recreación, entre otros) que se alinean perfectamente con los cinco ejes del PND, que además tiene un énfasis regional, y en los que la ruralidad es protagonista.

No podemos olvidar que la construcción de bienes públicos y, en particular, de vías terciarias, además de generar empleo también trae como consecuencia el mejoramiento de la calidad de vida de la población, atrae la inversión, impulsa el comercio, el turismo y fortalece las condiciones de seguridad.

Si a eso le sumamos la inversión en conectividad digital, educación y formación de calidad indiscutiblemente se generaría un incentivo para que los jóvenes vean en el campo un futuro con mejor calidad de vida.

No podemos privar a los jóvenes de la ruralidad de los mismos bienes públicos que demandamos en las ciudades. Los alcaldes y gobernadores tienen la posibilidad de gestionar, bajo un estricto marco normativo, la inversión de recursos de regalías que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de su población.

En nuestro país la discusión ha girado tradicionalmente en torno a la corrupción, en todos los niveles, que depreda estos recursos y que al final no terminan generando ningún beneficio para los habitantes de un departamento o municipio.

Mientras la expresión “elefantes blancos” siga siendo costumbre en nuestro país, es poco probable que veamos un verdadero salto cualitativo y cuantitativo en la calidad de vida de la ruralidad que incentive a los jóvenes a no migrar hacia las grandes ciudades.

Así las cosas, rendición de cuentas, seguimiento ciudadano a la gestión pública y participación objetiva en los procesos electorales deberían también ser una constante en las zonas rurales.

Por supuesto que el trabajo conjunto entre autoridades nacionales, regionales y locales es fundamental para generar condiciones que les permitan a los jóvenes rurales tener un mejor futuro. Y si bien el trabajo en temas relacionados con el desarrollo económico y con el presupuesto son fundamentales, la atención a los problemas de inseguridad es fundamental en la ruralidad.

La presencia de grupos armados al margen de la ley, extorsión, microtráfico y narcotráfico, minería criminal y tantas otras actividades delincuenciales que se diluyen en cientos de miles de kilómetros rurales requieren de la atención decidida de todo el Estado.

La acción de nuestras fuerzas armadas y las autoridades judiciales siempre deberá ir acompañada de la inversión social y económica que estimule la generación de empleo en el territorio. Y, claro, la “paz total” debe hacerse de tal forma que garantice los derechos de los colombianos que quieren trabajar, invertir y disfrutar sin temor y con seguridad en las zonas rurales.

Cuando hablamos de generación de empleo debemos insistir en que debe ser empleo formal, empleo digno. Y es por esto que la discusión de la reforma laboral no solo debe involucrar al gobierno nacional, Congreso de la República, representantes de centrales obreras y generadores de empleo.

El papel que alcaldes y gobernadores deben jugar en esta discusión es de la mayor importancia. Pues, si la reforma que apruebe el Congreso no contribuye a la protección del empleo formal y a crear condiciones que incentiven la generación de nuevos puestos de trabajo formal, existirán menos incentivos para que los jóvenes vean el campo como una verdadera alternativa de vida.

El futuro del campo y de los jóvenes rurales es una obligación de todos.