Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
La Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez hace pocos días afirmó que los trabajadores informales fueron los más afectados por la pandemia pues no ahorraban. Seguramente, la categoría de informalidad que ella usa abarca también a grandes firmas como Avianca y Tostao, otras más pequeñas como La Florida y la Puerta Falsa … además de los miles de hogares y cientos de países que, respectivamente, incurren en deudas privadas y endeudamiento público para sobrellevar las pérdidas económicas que deja la pandemia y, en especial, el cuestionable manejo de esta.
Por el lado de los gastos, en la Presidencia de Colombia y en la Alcaldía de Bogotá asumen que los pobres tienen una estatura de liliputienses y, por lo mismo, gastan muy poco. Presuntuosamente, el Presidente Duque llama Renta Básica al ridículo ingreso solidario de $160.000 mensuales (equivalente a menos de US$1.50 diarios); y la Alcaldesa Claudia López graciosamente denomina Renta Básica a la ayuda, ocasional, de $240.000 quincenales, que reciben los más vulnerables que se registren en Bogotá Cuidadora y que apenas rebasa el 25% del ya insignificante salario mínimo legal vigente de $878.000.
Un grupo de senadores radicaría el próximo 20 de Julio una propuesta menos demagógica de renta básica (aunque no universal y transitoria) de apenas un salario mínimo legal vigente. Jorge Espitia, un estudioso del tema, en un video (link: https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/que-es-la-renta-basica-y-como-se-podria-implementar-en-colombia/) ha explicado que una renta básica universal (de $878.000), para todos los colombianos, equivaldría a un 50% del PIB y desestabilizaría las finanzas públicas. Una opción más factible, como la que pedirían los senadores, sería la de garantizar una renta de emergencia (de tres meses), de un salario mínimo para 12 millones de pobres y para 9 millones de vulnerados (desocupados y quebrados) por la crisis de la pandemia. Esta última opción equivaldría a un 3% del PIB y sería financiada con impuestos directos cobrados a los más ricos y super-ricos.
Respecto al tema de los ahorros y los salarios, en la primera mitad del siglo pasado, el economista Michal Kalecki había entendido lo que aún no entienden algunos de nuestros gobernantes y parte de la tecnocracia. En tiempos normales (no pandémicos), los capitalistas ganan lo que gastan pues son los únicos actores económicos con capacidad de ahorro (y de inversión). Los proletarios (obreros de cuello azul y de cuello blanco) no pueden ahorrar y entonces gastan lo que ganan y, literalmente, consumen sus ingresos.
Los gobiernos que han propendido por un estado del bienestar (influenciados por Keynes, Rawls y contemporáneos como Stiglitz y Piketty), fomentan unos salarios fijos y algo elevados para los proletarios, lo cual aumenta la demanda efectiva y la buena salud del capitalismo. No obstante, los gobiernos neoliberales vigentes (iluminados por doctores del shock como Friedman), fomentan salarios flexibles a la baja y, en particular, una expansión del mercado que podría persistir y prosperar sin la demanda de los más pobres. El desquiciado y absurdo capitalismo (como lo calificaba Kalecki) no está orientado a satisfacer las necesidades de consumo, en especial, de los más pobres que, por lo mismo, son prescindibles y desechables.
El disidente economista francés Bernard Maris, en su texto Houellebecq economista, nos recuerda que el concepto de “mínimo vital social” fue elaborado por Malthus y recogido por Marx, quienes entendieron que: “…Hay que dar al asalariado un poco más de lo que le permite vivir, a fin de que pueda perpetuarse y fabricar otros pequeños asalariados. Etimológicamente, el proletario es el que no tiene más caudal que su progenie. Una amplia progenie está en condiciones de constituir un vasto ejército de mano de obra de reserva, capaz de hacer presión sobre los salarios. Una reserva razonable de desempleo tampoco está mal…el kilo de pan era el elemento básico del mínimo vital del asalariado en los tiempos de los directores de acerías y altos hornos. Hoy es evidente que el Smartphone, la conexión a Internet y el litro de gasoil han reemplazado al kilo de pan … Mínimo vital social quiere decir que se nos mantiene con la cabeza fuera del agua el tiempo necesario para consumir los objetos que hemos construido nosotros mismos, y que, fuera de ese tiempo de consumo, no podemos vivir.”
En un capitalismo salvaje (como el que estudiaron Malthus, Ricardo y Marx), el mínimo vital fue vergonzosamente exiguo y estuvo por debajo de lo necesario para subsistir. Fueron tiempos en los que se prohibió ayudar a los pobres y la línea de pobreza se redujo, ominosamente, hasta el punto en que, para un pobre, era un riesgo inminente el morir de hambre. El mínimo mortuorio, en el contemporáneo capitalismo violento (neoliberalismo) es muy bajo, estratégicamente impuesto como para mantener a los pobres al borde del exterminio. En Colombia, gobernada por políticos y tecnócratas neoliberales, el insignificante salario mínimo vigente de $29.000 diarios, que equivaldría a US$2 per cápita en una familia de 4 personas, está en el borde de la línea convencional de pobreza monetaria.
En tiempos pandémicos muchos asalariados e incluso empleados acomodados de la mal llamada clase media (en realidad proletarios opulentos) están perdiendo sus empleos y, por lo mismo, sus únicas fuentes de ingresos. Ante el aumento de la pobreza y de la población en estado de emergencia, en el país se está discutiendo el tema del mínimo vital y de la renta básica por parte de hacedores de políticas y no sólo de académicos. Aunque, obviamente, es crucial tener unas bases sólidas en materia de teorías como las que apenas se están esbozando en este artículo.
Existe una relación entre Renta Básica y Mínimo Vital Social, la cual varía según sea la ideología de los economistas y políticos que la apliquen.
Es pertinente aclarar que la palabreja “renta básica” es engañosa pues, en realidad, son los propietarios de activos tangibles (tierra, minas, maquinaria, inmuebles, etc.) y de activos intangibles (información, conocimiento, patentes, diversas formas de dinero, etc.) quienes perciben rentas, es decir, ingresos no devengados. En lugar del equívoco término de renta básica es más adecuado hablar de ingreso básico.
Por el lado social-demócrata, esperanzado en un capitalismo benevolente, existe la propuesta de un Ingreso Básico Universal e Incondicional, el cual es permanente y, por tanto, institucionalizado. Esta idea emerge del trabajo pionero de Philippe van Parijs, que la explica en su libro libertad real para todos: qué puede justificar al capitalismo (si hay algo que pueda hacerlo). El autor se basa en el trabajo de John Rawls y propone una especie de senda capitalista al socialismo. Esta consiste en dar un ingreso básico (además de digno e incondicional) a toda la ciudadanía, el cual se financia con una carga tributaria progresiva que, no obstante, mantiene intacta la propiedad de los capitalistas y no perjudica su buenos negocios. Esto significa que mantiene el status quo, respeta el sagrado criterio de Pareto de dar a los peor situados (pobres) sin dañar los negocios de los ricos.
En una perspectiva más radical (revolucionaria para nuestros tiempos), Thomas Piketty, autor de El capital en el siglo XXI y la ideología del capital, trasciende el tema de los ingresos para afrontar el gran problema de la propiedad. Este autor busca una redistribución de las propiedades, a partir de un impuesto casi-confiscatorio del 90% de los activos a los propietarios de activos iguales o superiores a 1000 millones de euros. Con este dinero sería posible dar una herencia de 120 mil euros a todos los mayores de 25 años (en pesos colombianos sería algo más de 497 millones). Igual que en los planteamientos mencionados, en la visión de Piketty se perpetuaría el capitalismo, quitándole los excesos de concentración de la propiedad.
Por el lado neoliberal, obsesionado en mantener la rentabilidad y los incentivos sin desamparar a los potenciales (y funcionales) consumidores, existe el planteamiento del impuesto negativo selectivo. Este impuesto es selectivo (focalizado) y consiste en que, por debajo de una determinada línea de ingreso laboral, los más pobres, en lugar de tributar, comienzan a recibir dinero del Estado. En su libro libertad de elegir, Milton Friedman defiende esta idea como un mecanismo que propicia la libertad y preserva los incentivos mercantiles.
El ingreso básico que algunos sectores progres y social-demócratas defienden es todavía un esperpento por tres razones, a saber: primera, está enfocado en un exiguo salario mínimo vigente (muy distante de un mínimo vital digno y viable en una sociedad de mercado) ; segunda, muy difícilmente provendría de una tributación progresiva y, como en el caso de Bogotá, se financiaría dilapidando y comprometiendo recursos del futuro a través del incremento de la deuda pública; tercera, sería una medida de emergencia para paliar los estragos de una pandemia que ha sido mal manejada.
Seguramente muchos negociantes de las economías extractivistas están jugando con el tiempo y fabricando un mayor poder de negociación: en un país post-pandemia, con enorme deuda y aumento de la pobreza, muy posiblemente, florecerán las rentas legales e ilegales por la venta, desesperada, de recursos naturales renovables y no renovables.
