El desastre que no fue: ¿pasaportes vigentes para venezolanos?

Esta columna fue escrita en coautoría con Andrés Besserer Rayas.

Desde el poder, las improvisaciones pueden ser desastrosas. En estos días fuimos testigos de un descuido que casi llevó a un desastre. ¿Qué lecciones hay de un error que se evitó?

El 25 de abril apareció en un repositorio digital, que se usa para recibir comentarios públicos, una resolución por la que se exigirían pasaportes vigentes a la población venezolana en Colombia para el ingreso, tránsito y permanencia. Esta encendió las alarmas entre la población venezolana y los investigadores y defensores de derechos humanos especializados en migración. El documento que apareció para comentarios revocaba la Resolución 2231 de 2021 que, reconociendo la dificultad (e imposibilidad material para muchos) de obtener un pasaporte venezolano, extendió la vigencia de este documento por diez años a partir de su expiración en territorio colombiano. 

La reversa a esta excepción se sustentaba en el reinicio de relaciones entre ambos países en 2022, como si esto derrumbara los obstáculos que enfrenta la población venezolana para obtener un pasaporte. El documento desapareció prontamente del repositorio y vía X (antiguamente Twitter) el presidente Gustavo Petro aseguró que no se exigiría pasaporte a venezolanos. 

Celebramos la decisión de Petro. No obstante, resulta inquietante que, a modo de ocurrencia de la Cancillería, se diera un paso tan importante en la política migratoria que traería consecuencias negativas para las personas migrantes en Colombia sin estudio previo. Más aún, ofreciendo una justificación pobre ante un cambio transcendental. La decisión en torno a la exigencia de pasaportes no es menor, ni para los derechos de las personas migrantes ni para Colombia. Veamos por qué. 

El pasaporte venezolano es uno de los más costosos del mundo. Para quien lo tramita en Venezuela cuesta 216 dólares (en un país que sigue experimentado uno de los peores sueldos mínimo de la región con 3,2 dólares). Para quien lo solicita en los consulados venezolanos en el extranjero, el costo asciende a 326 dólares. Esto se debe a que al costo del documento se le suma una tarifa de 120 dólaes por gastos consulares. 

Además, hay barreras burocráticas. El proceso se realiza en la página web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de difícil acceso, por lo que algunas personas se ven obligadas a pagar gestores para acceder al sistema. A esto se debe sumar la falta de evidencia que indique que los consulados venezolanos en Colombia tendrían la capacidad para tramitar un gran volumen de pasaportes en poco tiempo. 

La política migratoria en Colombia no puede hacerse con base en improvisaciones: se requiere una política de Estado. Como lugar de residencia de casi 3 millones de personas venezolanas y como país de tránsito de otro número importante, la política migratoria afecta a la sociedad de diversas formas.

Quitarle su medio de identidad a personas mediante un decreto, como el que se discute, lastimaría a la sociedad colombiana. Muchas personas venezolanas usan su pasaporte para abrir cuentas bancarias, firmar contratos de arrendamiento, identificarse como los padres de sus hijos colombianos ante instituciones, acudir al médico, etc. Cabe recordar la existencia de trámites que no aceptan por completo el Permiso por Protección Temporal (Ppt). Asimismo, hay una gran cantidad de venezolanos sin Ppt.

Si el pasaporte pierde validez, habrá entonces una disminución en la actividad económica de esas personas y algunos trámites se les volverán imposibles. La diáspora venezolana está integrada al tejido del país. Estas personas tienen hijos, parejas, empleadores y clientes colombianos los cuales también se verían afectados por la medida. Quitarles medios de identificación es un perjuicio neto también para Colombia. 

Más aún, sin un pasaporte vigente, los venezolanos no podrían regularizarse y acogerse al Ppt, ni transitar a una visa de residencia, lo cual socavaría la política de Estado que apuesta por la documentación e integración de esta población. Las consecuencias negativas para la diáspora venezolana no pararían allí. 

• Ingreso: quienes desean ingresar a Colombia a visitar familiares o realizar otras actividades, o aquellos quienes ya residen en Colombia y van a Venezuela solo de visita y no posean pasaporte vigente, se verían obligadas a transitar por trochas, donde la presencia de grupos criminales es amplia y la violencia es común. 

• Tránsito: tan solo este año han transitado por el Darién 70 mil personas venezolanas. Si se mantiene la tendencia, se superarían los más de 328 mil pasos de venezolanos que registró Panamá en 2023. Estas personas, sin pasaporte vigente en muchos casos, se verían en la obligación de pasar por caminos aún más peligrosos, exponiéndose nuevamente a nuevos tipos de violencias, como de género (violaciones, trata, etcétera). 

• Retorno: si bien este número no es significativo en relación con quienes huyen de Venezuela, este flujo terrestre existe. Quienes vengan de un tercer país y necesiten hacer la ruta por Colombia no podrían hacerlo ahora por vías regulares y más seguras con el pasaporte vencido.

La medida también afectaría a venezolanos en Ecuador, quienes ya no cuentan con consulados en ese país (Maduro rompió relaciones diplomáticas con Ecuador) y pudiesen transitar a Colombia con pasaporte vencido a tramitar todos los servicios consulares que no les son posibles en Ecuador. Esta posibilidad ya quedaría excluida.

El presidente Petro entendió con claridad las implicaciones negativas de este intento de cambio de política. Probablemente ayudó que expertos en migración y medios de comunicación rápidamente alzaron la voz. Sin embargo, este amago de cambio nos da ciertas pistas alrededor de la política migratoria colombiana actualmente: parece no existir una coherencia clara al interior del gobierno en cuanto a las políticas de migración –esto debilita al Estado. 

Uno esperaría como mínimo una nota aclaratoria por parte de las autoridades, explicando por qué se publicó una posible resolución causando zozobra entre la población venezolana en Colombia. Más aún, luego se retira y se desmiente sin más, dejando aún más dudas sobre el funcionamiento interno de cancillería y su comunicación con el ejecutivo.

La calidad de vida, la salud de mental y los derechos de millones de personas venezolanas y colombianas dependen de la política migratoria. Esta requiere claridad, meticulosidad y poner en su centro la expansión de derechos. No hay lugar para políticas con base en improvisaciones –esta es probablemente la lección más importante de este desastre que no fue.