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Retos y oportunidades en los temas urbano-regionales en el PND del gobierno Petro-Márquez
Esta semana el gobierno nacional a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP) tiene previsto radicar el proyecto del nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno Petro-Márquez 2022-2026.
La propuesta del nuevo PND incorpora elementos interesantes que buscan un trabajo intersectorial que plantea una serie de retos tanto en el diseño de la política pública como en su ejecución. Una aproximación que busca un trabajo intersectorial de coordinación entre diferentes niveles de gobierno plantea retos y oportunidades.
En esta columna pienso enfocarme en los temas urbano-regionales, abordando siete retos que considero pueden plantear interesantes escenarios para el futuro del país.
- Ordenamiento territorial en territorios colectivos
- Metropolización: la escala regional en las aglomeraciones urbanas
- La movilidad intraurbana e interregional: conectividad y accesibilidad
- Vivienda inclusiva y de calidad en el ámbito urbano
- Reintegración de la naturaleza en las ciudades: cambio climático, equidad y justicia social
- Sistema urbano regional con enfoque diferencial
- Territorialización de los ODS a escala local y economía circular
Al abordar estos temas como retos planteo en la columna una serie de oportunidades que se derivan de estos de cara al proceso de discusión y aprobación del nuevo PND del gobierno Petro-Márquez.
Reto 1: Ordenamiento territorial, entidades territoriales y territorios colectivos
Colombia ha tenido avances significativos en cuanto a la conceptualización e implementación del ordenamiento territorial a diferentes escalas desde la promulgación de la Constitución Política en 1991, la cual descentralizó la regulación de los usos del suelo otorgando autonomía a las entidades territoriales.
Aunque existe un avance importante en la regulación del ordenamiento territorial tanto a escala nacional, regional y local, en un gobierno en el cual los grupos indígenas y las comunidades afrocolombianas tienen una mayor representación, se presenta una oportunidad para avanzar en el ordenamiento territorial y permitir una armonización con los territorios colectivos.
Desde la adopción en 1997 de la Ley 388 de Desarrollo Territorial, las entidades territoriales del país han avanzado en formular e implementar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT). No obstante, en la búsqueda de la articulación entre dichos procesos de planificación y gestión del territorio se han presentado dificultades al intentar armonizar dichos instrumentos con la visión de las comunidades en territorios colectivos.
La promulgación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Loot), luego de varios intentos durante más de una década, constituye un paso importante en este proceso de armonización. El reto actual consiste en implementar los mecanismos dispuestos en dicha ley con una perspectiva integral, es decir, incorporando múltiples visiones.
Los territorios colectivos reconocen la titularidad a los pueblos indígenas, las comunidades negras y campesinas bajo figuras como los Resguardos Indígenas, Tierras de Comunidades Negras y Zonas de Reserva Campesina.
Las entidades territoriales, que presentan traslapes con dichas figuras, han tenido dificultades para poder definir la aplicación de los instrumentos de planificación y gestión del territorio de manera articulada en dichos ámbitos. Pues, existe autonomía por parte de las comunidades pero ausencia de mecanismos para garantizar una gestión de los territorios de manera armónica, tanto en el ámbito municipal (por ejemplo suelos de expansión y gestión territorial en suelo rural y las áreas protegidas) como en el de los territorios colectivos (propiedad colectiva, visión y gestión del territorio diferencial).
En caso de tomar fuerza este tema en la agenda del PND, el reto de armonizar los procesos de ordenamiento territorial entre las entidades territoriales y los territorios colectivos constituye una oportunidad para que a través de este tipo de procesos sea posible abordar aspectos como la regulación de los usos del suelo teniendo en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas, las comunidades negras y la relación con el territorio por parte de las comunidades campesinas.
En los casos de traslapes con áreas protegidas del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales, estos procesos podrian facilitar la articulación con procesos de ordenamiento ambiental que han liderado en las regiones la política de parques con la gente de la Unidad de Parques Nacional Naturales del Ministerio de Ambiente.
En resumen, el reto consiste en armonizar los procesos de ordenamiento territorial resolviendo las tensiones y conflictos que se han derivado de la dificultad de lograr mecanismos para la gestión del territorio cuando se presentan diferentes marcos legales para la regulación de los usos del suelo, especialmente en los territorios colectivos.
La oportunidad que plantea este reto es la posibilidad de armonizar procesos de ordenamiento territorial ambiental con los procesos de ordenamiento territorial que han adelantado las entidades territoriales. Articular los procesos de gestión territorial que han adelantado los pueblos indígenas, las comunidades negras y campesinas es un ejercicio que podría adelantarse a través de ejercicios piloto en diferentes regiones del país.
Este proceso de armonización podría responder ante procesos complejos como la deforestación, el manejo y gestión de recursos del Estado, consolidar los ejercicios de protección y conservación de las áreas protegidas, y adoptar nuevas formas de ocupación de los territorios teniendo en cuenta visiones alternativas acerca de la relación entre los asentamientos humanos y la naturaleza.
Reto 2: Metropolización: la escala regional en las aglomeraciones urbanas
El DNP realizó un importante ejercicio de política pública al desarrollar el Sistema de Ciudades, el cual se definió en el documento Conpes 3819 de 2014. Recientemente, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en conjunto con la Ocde, desarrolló el documento Urban Policy Review el cual brinda un interesante diagnóstico de la política urbana del país con recomendaciones para el sector vivienda y desarrollo urbano como también para la planificación de las áreas urbanas del país.
En ambos documentos se destaca tanto la conformación de aglomeraciones urbanas en el país debido a la interacción entre una ciudad núcleo, por lo general ciudades capitales, y los municipios vecinos que tienen una relación directa con las dinámicas del proceso de desarrollo urbano que permiten identificar la conformación de dichas aglomeraciones.
Ambos documentos tambien destacan la complejidad en cuanto al proceso de planificación y gestión del territorio de la escala metropolitana, incluso cuando existe la figura del Área Metropolitana o la del Distrito.
Estas figuras han permitido gestionar recursos, pero aún no logran encontrar mecanismos para gestionar temas complejos como, por ejemplo, un abordaje regional de la estructura ecológica principal, las dinámicas de movilidad urbano regionales, la oferta de servicios y generación de empleo con equilibrios a escala regional.
Teniendo en cuenta que en el país ya existen varias áreas metropolitanas y distritos, la conformación de las regiones administrativas y de planeación especial RAP en el marco de la Loot y la reciente creación de la región metropolitana Bogotá – Cundinamarca es posible observar que estas diferentes iniciativas plantean retos en cuanto al abordaje de la dimensión metropolitana teniendo una lectura de las dinámicas que ya tienen las diferentes aglomeraciones urbanas del país.
Es decir, me refiero aquí a lo que podríamos llamar como el fenómeno de la metropolización, resultado de la conformación de las aglomeraciones urbanas y la interacción entre las ciudades núcleo y los municipios vecinos que gravitan a su alrededor.
El reto en este tema del fenómeno de la metropolización en aglomeraciones urbanas del país consiste en la necesidad de brindar mecanismos para lograr que los procesos de participación desde lo local y las comunidades confluyan con instancias de toma de decisiones.
Esto pues permitiría resolver aspectos relacionados con la movilidad urbano regional, el balance entre las zonas de mayor concentración de oportunidades de empleo y la oferta de vivienda, la protección de la estructura ecológica principal a escala regional, la armonización de la regulación de los suelos de expansión y por consiguiente el manejo de dinámicas asociadas con la conurbación del suelo urbano entre las entidades territoriales, y la financiación de las iniciativas de escala regional que promuevan la sostenibilidad.
La actualización del sistema de ciudades es fundamental en este proceso. Igualmente, la generación de espacios de concertación entre las iniciativas desde el orden local y las apuestas desde el nivel regional y nacional es fundamental para garantizar el éxito en cuanto a la generación de instancias de toma de decisiones para resolver temas que requieren de un trabajo colectivo entre diferentes instancias de gobierno y de participación ciudadana.
En línea con los procesos de ordenamiento territorial planteados en el primer reto sería apropiado definir por los menos tres programas piloto para abordar ejercicios de planificación y gestión del territorio frente a procesos de metropolización en tres tipos de aglomeracion urbanas (dinámicas de escala macro entre varias ciudades, ciudades grandes y ciudades intermedias).
Se deben plantear mecanismos tanto para la generación de instancias de toma de decisiones, como también definir incentivos desde el gobierno nacional tanto para el sector público (acceso a recursos) como para el sector privado (tributarios).
Esto promueve procesos de coordinación para el manejo y protección de la estructura ecológica principal, para la gestión de proyectos de infraestructura en concordancia con la especialización de las actividades en el territorio, y la generación de proyectos que permitan un balance entre los nuevos desarrollos de vivienda en concordancia con la oferta de transporte público y la infraestructura para la movilidad urbano-regional que aseguren la conformación de áreas urbanas satélite en interacción con las ciudades núcleo preservando la estructura ecológica principal de escala regional.
La oportunidad en este reto consiste en lograr una mayor sostenibilidad en los procesos de planificación y gestión territorial frente al fenómeno de la metropolización que ya es evidente en varias aglomeraciones urbanas del país.
Reto 3: La movilidad intraurbana e interregional: conectividad y accesibilidad
El tema del transporte y la movilidad se puede comprender a partir de dos escalas: la intraurbana y la interregional.
En cuanto a la movilidad intraurbana, las ciudades más grandes del país han tenido que enfrentar problemas relacionados con la congestión, la motorización, la seguridad vial, una reducción en la distribución modal del transporte público debido a la pandemia por covid. Estos generan problemas de sostenibilidad en la operación de los sistemas integrados de transporte público masivo, y externalidades relacionadas con la polución, emisiones de gases efecto invernadero y contaminación.
En cuanto a las dinámicas interregionales, la movilidad entre ciudades núcleo de las aglomeraciones urbanas del país atraen viajes tanto al interior de sus áreas urbanas como tambien desde las zonas rurales y los municipios que gravitan alrededor de la ciudad núcleo. Esto genera procesos complejos que tienen implicaciones en los comportamientos y tiempos de viaje, la accesibilidad local y regional, y la ocupación y aprovechamiento del suelo en cuanto a la generación y atracción de viajes.
El documento Conpes 3991 aborda estos complejos temas planteando elementos para facilitar la gestión de la movilidad a escala regional, el fortalecimiento institucional de las instancias de toma de decision y la promoción de mecanismos para financiar la movilidad sostenible. Sin embargo, el reto en este tema consiste en abordar el tema desde las dos escalas.
En la escala intraurbana es necesario definir un amplio portafolio de fuentes de financiación para la operación de los sistemas integrados de transporte público, definir mecanismos para la integración de la oferta de transporte publico informal como parte de la red de transporte de las entidades territoriales, promover una planificación de los usos del suelo que permita generar ciudades policéntricas con diferentes núcleos de actividad especializados que redistribuyan los viajes dentro del área urbana, articular el desarrollo urbano con la oferta de transporte generando procesos que permitan concentrar la demanda, ampliar la cicloinfraestructura y mejorar la conectividad de la existente, y profundizar las políticas de seguridad vial en cuanto al control de la regulación, la cultura ciudadana de los actores viales y un diseño de infraestructura que permita prevenir siniestros.
En la escala interregional es fundamental promover la coordinación e integración entre la planificación del transporte y la movilidad con las políticas de vivienda y desarrollo urbano de manera que se pueda responder tanto a las dinámicas de las actuales demandas de viaje. También es importante la promoción de la generación de nodos de actividad que permitan promover ciudades policéntricas y ciudades satélite autosostenibles en los alrededores de las ciudades núcleo con una serie de políticas que incentiven los modos más sostenibles con el propósito de mejorar la accesibilidad a escala local y regional.
En el nuevo PND es importante definir para la escala intraurbana un portafolio más amplio de fuentes de financiación del sector transporte y movilidad, aunque ya existen mecanismos de financiación desde el sector, sería apropiado incorporar fuentes de financiación desde el desarrollo urbano (captura de valor) como también definir mecanismos que permitan implementar subsidios cruzados para garantizar la operación de los sistemas integrados de transporte público masivo.
En el tema de seguridad vial es esencial consolidar procesos de redistribución del espacio urbano brindando prioridad a los usuarios más vulnerables de la vía, continuar con la financiación de intervenciones en áreas de alta concentración de siniestros y consolidar los programas de educación en temas de seguridad vial.
En cuanto a los procesos de motorización en las ciudades del país, es esencial definir políticas que incidan en el comportamiento de los actores viales a través de un adecuado manejo de las externalidades que generan los vehículos privados, una adecuada gestión de estacionamientos (en desarrollos comerciales y residenciales) y medidas de gestión de la demanda asociadas con campañas de educación de usuarios.
En la escala interregional, el PND podría articular los mecanismos de incentivos para adelantar procesos de gestión del fenómeno de la metropolización en las aglomeracion urbanas. Esto se puede lograr mediante herramientas de asocio entre las entidades territoriales que permitan promover procesos de articulación de la planificación de los usos del suelo con los procesos de planificación del transporte y la movilidad.
Estas herramientas no solo deben influir en la ocupación y aprovechamiento del suelo en concordancia con la provisión de infraestructura, sino tambien en promover un balance entre las ciudades que gravitan alrededor de las ciudades núcleo a través de incentivos desde la política de vivienda para que la localización de los desarrollos esté en armonía tanto con las inversiones en infraestructura como también con la estructura ecológica principal y con elementos de mayor jerarquía de la planificación territorial.
Reto 4: Vivienda inclusiva y de calidad en el ámbito urbano
El tema de la vivienda siempre ha sido un tema fundamental en los PND, pues tienen un rol importante para el desarrollo económico del país y para la calidad de vida de la población, tanto urbana como rural.
La política de vivienda urbana ha tenido importantes avances en términos de buscar reducir el déficit habitacional. Mientras que el enfoque en la reducción del déficit es un objetivo loable, que requiere de un trabajo coordinado entre el gobierno y el sector privado, existen algunos elementos cualitativos y de calidad que requieren de un especial énfasis.
Existen dos temas de discusión. En primer lugar, la localización de los proyectos de vivienda nueva, sobre todo la vivienda de interés social y prioritario. El segundo tema está relacionado con la calidad de la vivienda y el mejoramiento de su respectivo entorno urbano teniendo en cuenta el acceso a bienes y servicios como tambien a oportunidades de empleo.
En cuanto a la localización de los proyectos de vivienda, especialmente los de vivienda de interés social y prioritario, existe el reto acerca del número de unidades de vivienda que se pueden generar en zonas ya consolidadas, pero con mejor localización frente a las áreas de expansión y de periferia donde una mayor disponibilidad de suelo permite generar un mayor número de unidades.
Encontramos que ambos escenarios son necesarios para promover una mayor oferta de vivienda. Sin embargo, en áreas centrales y más consolidadas es necesario promover instrumentos de planificación y gestión con medidas de vivienda inclusiva. También se debe aumentar las densidades sin sacrificar las condiciones de habitabilidad garantizando un mejoramiento urbano y manteniendo los niveles de aprovechamiento del suelo dentro de la capacidad de soporte del territorio.
En el caso de las zonas de expansión, aunque el número de unidades de vivienda tiene un mayor impacto en la reducción del déficit habitacional, es necesario contemplar medidas para mitigar consecuencias no deseadas.
Algunas de estas están asociadas con bajos niveles de accesibilidad a oportunidades de empleo y centros de actividad. Se debe entonces garantizar una buena oferta de transporte público, promover la mezcla de usos del suelo, brindar un diseño de espacio publico de alta calidad con ciclo-infraestructura y mantener una buena conectividad con el tejido urbano de las ciudades.
En ambos escenarios es fundamental incorporar elementos asociados con la medición de la calidad de la vivienda, no solo de las unidades habitacionales, sino tambien de los atributos de los proyectos y la relación con la ciudad.
Sería deseable incorporar ejercicios de medición de la calidad de los proyectos de vivienda en los procesos de asignación de subsidios de vivienda, con miras a impulsar procesos de innovación en el diseño y gestión de los proyectos, especialmente los de vivienda de interés social y prioritario.
Por otra parte, tenemos los retos asociados con el crecimiento urbano de las ciudades del país a través de procesos informales y de autogestión. La generación de vivienda ha sido un ejercicio de esfuerzo colectivo por parte de las comunidades que hacen parte de la economía informal.
Estos procesos de crecimiento urbano también han estado asociados con las migraciones, el desplazamiento forzado de familias víctimas del conflicto, y más recientemente la llegada de población proveniente de Venezuela, que buscan acceso suelo y vivienda, en algunos casos en áreas de origen informal.
En su momento, se adoptó el Conpes 3604 de mejoramiento integral de barrios. En este se planteaba un escenario para el mejoramiento y otro para la prevención de los asentamientos de origen informal.
Se propusieron estrategias para promover procesos auto gestionados por las mismas comunidades, con miras a plantear mecanismos para integrar estos desarrollos a los beneficios que ofrece la ciudad, especialmente el acceso a oportunidades.
Es esencial darle un nuevo impulso al tema del mejoramiento urbano de los asentamientos de origen informal, o más recientemente denominados como asentamientos autogestionados, vinculando los subsidios de mejoramiento de vivienda con procesos de mejoramiento del entorno urbano.
De esta forma se pueden resolver temas relacionados con una deuda social frente a poblaciones más vulnerables e incorporar elementos de aprendizaje en este tipo de desarrollos. Algunos ejemplos son la mezcla de usos del suelo y la definición de procesos de densificación en concordancia con la capacidad de soporte del territorio.
En resumen, sería interesante que en el PND se adoptaran incentivos para que los desarrolladores de vivienda de interés social y prioritario en conjunto con las entidades territoriales buscaran una coordinación más clara con la provisión de transporte público e infraestructura para los nuevos proyectos de vivienda. Es decir, deben buscar garantizar una mejora en la accesibilidad a los nodos de actividad de las ciudades.
De igual forma, sería apropiado contemplar incentivos para que el mejoramiento de las viviendas se articule con procesos de mejoramiento del entorno urbano en asocio con las mismas entidades territoriales.
El mejoramiento urbano podría beneficiarse de las positivas experiencias que se han tenido con la implementación de cables aéreos en las ciudades del país. Estas representan mejoras en acceso y, por consiguiente, en tiempos de viaje. También equilibran la oferta de bienes y servicios descentralizando la localización de equipamientos, y la generación de oportunidades de empleo en áreas cercanas a sectores de periferia. En otras palabras, buscan, de nuevo, promover ciudades más policéntricas.
Reto 5: Reintegración de la naturaleza en las ciudades: cambio climático, equidad y justicia social
Una de las apuestas más interesantes desde las bases del PND es el enfoque de sostenibilidad alrededor del agua entendida desde diferentes escalas. En este contexto, el concepto de reintegrar la naturaleza en las ciudades cobra mayor relevancia ya que permite incorporar no solo elementos que faciliten una relación más armónica entre las áreas urbanas y el agua, sino tambien buscar una articulación con las iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático desde la escala nacional hasta la escala local.
Un proceso de reintegración de la naturaleza en las ciudades implica tanto la intervención de las áreas ya consolidadas y ocupadas por los procesos de urbanización, como la transformación de áreas urbanas ya consolidadas en donde reintegrar la naturaleza al entorno construido implican un trabajo con la participación de la población residente.
Se deben incorporar aspectos de las prácticas locales que ya han sido implementadas por algunas comunidades, muy probablemente algunas de ellas vienen de patrones culturales resultado de la relación entre los asentamientos humanos con la naturaleza y vinculan las dinámicas de los cuerpos de agua, la fauna, la vegetación nativa de manera armónica con el proceso de construcción social del entorno construido.
En este contexto es esencial vincular a las poblaciones más vulnerables, quienes tradicionalmente han tenido una mayor exposición a los fenómenos del cambio climático. Me refiero en este caso a que las propuestas de intervención sean resultado de ejercicios de abajo hacia arriba, adoptando mecanismos que permitan la reintegración de la naturaleza en las ciudades.
Es esencial la definición de mecanismos e incentivos que permitan tanto al sector privado como a las entidades territoriales del país incorporar aspectos relacionados con la reintegración de la naturaleza en las ciudades en diferentes escalas.
En la escala regional se podría definir un marco de intervención a partir de la estructura ecológica principal de la red de cuencas y cuerpos de agua que define zonas de conservación y preservación ambiental, procesos de manejo del recurso hídrico de manera sostenible definiendo lineamientos para la ocupación y aprovechamiento del suelo en claro equilibrio con las dinámicas propias de los elementos naturales.
En la escala urbana, la identificación de mecanismos de financiación para promover servicios ecosistémicos en las ciudades constituye un trabajo fundamental para promover la sostenibilidad de las diferentes intervenciones que garanticen una reintegración de la naturaleza en las ciudades alrededor del ciclo del agua.
En este contexto, incorporar elementos de diseño de infraestructura con sistemas de drenaje sostenible es esencial, de manera que desde las entidades del sector ambiental y de planificación del territorio se podrían brindar lineamientos mínimos para que las intervenciones incorporen infraestructura verde para el mejoramiento urbano tanto en áreas consolidadas como de expansión.
En la escala barrial es esencial promover la generación de iniciativas de agricultura urbana que permitan una mayor cohesión social de las comunidades alrededor de la producción de alimentos a escala local como parte de esa renaturalización de las ciudades.
En resumen, desde el PND se podría abordar el tema de sostenibilidad alrededor del agua a través de procesos de reintegración de la naturaleza en las ciudades. Existe una oportunidad de incorporar una perspectiva de equidad y justicia social, asociado de manera integral a las respuestas frente al fenómeno del cambio climático.
En este ejercicio es esencial la vinculación de las comunidades asentadas en zonas que tradicionalmente han estado en relación directa con los ciclos del agua en áreas urbanas, de manera que las practicas de estas comunidades sean un insumo esencial para los procesos de adaptación.
De igual forma, sería apropiado definir incentivos para que tanto las entidades territoriales como el sector privado puedan adelantar procesos de gestión ambiental urbana que permitan canalizar recursos desde el ámbito internacional para la transformación urbana, especialmente en áreas de periferia.
Estos incentivos también deben permitir una relación armónica con la naturaleza promoviendo una planificación urbana y regional tanto para los seres humanos como para la fauna y flora de los ecosistemas estratégicos en los cuales se implantan los procesos de urbanización.
La vinculación de las comunidades en los procesos de renaturalización contribuiría a una reducción de las inequidades y en avanzar en una mayor justicia social en las áreas urbanas del país.
Reto 6: Sistema urbano regional con enfoque diferencial
Uno de los aspectos más interesantes que incorporan las bases para el PND es la apuesta por retomar la escala regional en el país. Esta apuesta es interesante en sí misma ya que tiene como punto de partida el reconocimiento a la diversidad regional del país, teniendo en cuenta las disparidades y brechas entre y al interior de las mismas regiones.
Así, uno de los retos en esta área es la consolidación de un proceso de definición e identificación de las regiones del país a partir de elementos económicos, culturales, geográficos y naturales, apoyándose en los múltiples ejercicios que se han realizado con anterioridad tanto en la literatura académica como en los diferentes documentos de política y las diferentes iniciativas locales y regionales.
Desde la perspectiva urbano regional, existen tres elementos clave asociados con el reto de identificación de las regiones del país para lograr el propósito de incorporar no solo elementos político administrativos, sino tambien culturales, geográficos y naturales que definen las regiones.
El primer elemento está relacionado con la identificación de un sistema urbano a partir de regiones. Los procesos de urbanización han sido diferentes en cada región del país. La conformación de las aglomeraciones urbanas en cada región ha obedecido a diferentes factores. Y, los patrones de crecimiento, ocupación y desarrollo urbano son resultado de características locales.
De manera que reconocer la diversidad del sistema urbano-regional es esencial para poder generar lineamientos de política que permitan incorporar prácticas locales, características sociales y culturales de cada región, de tal forma que el ejercicio pueda incorporar insumos desde lo local y regional.
El segundo elemento consiste en comprender las variaciones al interior y entre las regiones en diferentes componentes que permitan realizar ejercicios que promuevan una aproximación diferenciada a cada una de las regiones.
Es decir, el PND podría generar mecanismos para reducir brechas entre las regiones a través de la implementación de mecanismos que permitan redistribuir recursos al interior y entre las regiones del país.
El tercer y ultimo elemento está relacionado con la identificación de los principales núcleos y aglomeraciones urbanas que permiten articular las regiones del país. Así, desde la política pública se establecem mecanismos para definir el rol que estas aglomeraciones pueden tener en reducir brechas entre las regiones, como también promueve procesos de redistribución al interior de cada una de las regiones teniendo en cuenta ese enfoque diferencial que reconoce la diversidad ambiental, social, cultural, geográfica que tiene cada región. Por consiguiente, los propósitos y objetivos en el mediano y largo plazo para cada una de estas regiones tambien puede incorporar ese enfoque diferencial.
Reto 7: Territorialización de los ODS a escala local y economía circular
El país ha tenido un importante avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en concordancia con la Agenda 2030 adoptada desde las Naciones Unidas. Sin embargo, las mediciones a nivel de país pueden tener dificultades en cuanto a la identificación de las diferencias en el seguimiento de dichos objetivos a escala local.
Es decir, el avance en lo local es heterogéneo entre las regiones y entidades territoriales del país. Teniendo en cuenta que los avances en los ODS a nivel de las entidades territoriales puede ser diverso, las capacidades locales para avanzar en cada objetivo son diferentes, mientras que las necesidades y prioridades pueden variar en el nivel local.
El reto desde los temas urbano-regionales consiste en generar mecanismos de medición y seguimiento de los ODS a nivel local. Y, por consiguiente, promover un proceso de territorialización de los ODS a nivel local, profundizando en herramientas que permitan vincular estos ejercicios con los avances en los instrumentos de planificación y gestión con indicadores que vinculen los Planes de Desarrollo con los Planes de Ordenamiento Territorial a través de los ODS.
El ODS 11, a través del cual se busca lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, es sin duda alguna el que tiene un número significativo de metas asociadas con los temas urbano-regionales.
No obstante, la provisión y acceso de servicios básicos difiere entre entidades territoriales del país, al igual que los niveles de accesibilidad a oportunidades de educación, salud y empleo en línea con la oferta de transporte público, tienen fuertes variaciones entre las diferentes aglomeraciones urbanas del país.
Teniendo en cuenta el enfoque regional que plantea el PND, se presenta la oportunidad de diseñar mecanismos para el seguimiento de los ODS a nivel local. Este tipo de métricas permiten medir el desempeño de las entidades territoriales y sirven de mecanismo para reducir brechas al interior de las regiones del país en línea con el reto del sistema urbano regional con enfoque diferencial planteado en el punto anterior.
Como parte de la territorialización de los ODS a escala local cobra relevancia el importante rol que tiene la economía circular. Esta busca cerrar el círculo entre fabricantes y consumidores con el aprovechamiento de todos los elementos en el sistema de producción para reducir la generación de residuos en todas las fases del proceso,. Esto es, busca cambiar de un sistema lineal a uno circular.
Dado que el tema de economía circular tiene implicaciones espaciales, teniendo en cuenta la cadena entre la generación de insumos, producción y distribución en el territorio de diferentes productos, sería apropiado aprovechar la oportunidad del enfoque regional planteado en el PND para que se definan mecanismos que permitan abordar proyectos piloto regionales de economía circular.
En estos se debe definir la manera en que las aglomeraciones urbanas y las entidades territoriales pueden especializarse en diferentes puntos del proceso del sistema de producción para promover procesos de reintroducir los diferentes materiales transformados en el sistema de productivo logrando un equilibrio y cierre que promueven la sostenibilidad de cada región en línea con los planteamientos del reto relacionado con la metropolización y la escala regional.
Para este tipo de ejercicio es esencial que el sector público pueda trabajar en conjunto con el sector privado, incluyendo además la participación de las comunidades de base que han estado vinculadas con los procesos de reciclaje, con una perspectiva claramente regional que pueda aprovechar las economías de escala en cada una de las regiones del país.
