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Hasta ahora los resultados y acciones que en materia de seguridad ciudadana ha ejecutado la administración del alcalde Enrique Peñalosa van por buen camino. Pero hay que tener cuidado con las cifras.
Hasta ahora los resultados y acciones que en materia de seguridad ciudadana ha ejecutado la administración del alcalde Enrique Peñalosa van por buen camino, como es el caso de la reducción de los homicidios y de algunos delitos de mayor impacto, la reconstrucción de las relaciones con el Gobierno Nacional, el trabajo en equipo con la Policía Metropolitana, la Fiscalía y la XIII Brigada, la concentración de esfuerzos en los sitios de más alta violencia y delincuencia, el reconocimiento de la complejidad del problema, que va desde los conflictos de convivencia, hasta la presencia y accionar del crimen organizado y la creación de la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, es importante llamar la atención sobre algunos temas que pueden ajustarse en la discusión del Plan de Desarrollo que actualmente se discute en el Concejo.
Lo primero, tiene que ver con la confiabilidad de las cifras de violencia y delincuencia, en particular, las que tienen que ver con el homicidio que hoy muestran diferencias entre las que registra la Policía Metropolitana y las del Instituto de Medicina Legal. Según las cifras que reporta El Tiempo en su especial “Peñalosa 100 días de gobierno”, mientras la administración asegura que la disminución de los homicidios fue del 15%, los datos de Medicina Legal apenas registran el 8,7% de disminución.
Hay que anotar que las cifras entre estas dos instituciones son diferentes, entre otras, por las siguientes razones:
– En algunos casos la Policía reporta ciudadanos lesionados por armas de fuego, cortopunzantes o contundentes, quienes son llevados a centros de salud y horas o días despues fallecen y en ese momento la institución policial no toma este reporte, que sí lo hace Medicina Legal, donde es llevado el cadaver para la respectiva necropcia.
– La policía no reporta como homicidio un hecho cuando no encuentra evidencia física en la escena o en el cadaver (lesiones con armas de fuego o cortopunzantes, especialmente) y luego la necropcia, practicada por los medicos forenses de Medicina Legal, determina que la posible causa de muerte es homicidio.
– Desde hace algunos años los funcionarios de los gobiernos nacionales, locales y policiales, tienen la tentación de no reconocer como homicidios y por tanto no los reportan como tal, cuando:
a. Son “dados de baja” por parte de las autoridades.
b. Los hechos ocurren en centros de privación de la libertad, donde no hay presencia y control de la policía.
c. Ocurren en territorios donde la policía no tiene presencia, como es el caso de la Localidad de Sumapaz.
– Cuando no se tiene certeza sobre el lugar geográfico donde fue lesionada la víctima.
Para solucionar las diferencias de las cifras de la Policía y de Medicina Legal, que profundiza la desconfianza ciudadana en los reportes que presentan las autoridades, lo que hay que hacer es trabajar en equipo con Medicina Legal como se venía haciendo desde 1995 cuando se creo el Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia SUIVD, del cual hacía parte junto con la Administración y la Policía Metropolitana, que los técnicos de estas instituciones, junto con los de la Administración Distrital, se reunan todas las semanas para convalidar las cifras y que mes a mes estas instituciones las presenten públicamente. Cabe anotar que Medicina Legal, por su incuestionable profesionalismo, es un socio muy importante para entender y reducir los homicidios y las demás muertes violentas, como son las muertes en accidentes de tránsito, accidentales y los suicidios.
En lo que tiene que ver con las cifras de los demás delitos de mayor impacto, que de acuerdo con la Administración se registraron importantes disminuciones, estas cifras definitivamente no son confiables para evaluar la política de seguridad, dado que existe un alto subregistro de denuncias que supera el 70% de los delitos ocurridos, es decir de cada diez hurtos, las autoridades registran solo dos o maxímo tres casos. Como bien lo registra la propia Administración en el borrador del Plan de Desarrollo, hoy no existe una relación entre el reporte de los delitos que denuncian los ciudadanos y la inseguridad real en las calles y espacios cerrados.
En este sentido, un indicador como la victimización (ciudadanos víctimas de un delito) se constituye en la herramienta para evaluar con cierta certeza los logros o retrocesos de la política de seguridad de Bogotá, al igual que la percepción de seguridad, si se profundiza la estrategia de intervención de sitios de alta concentración de violencia y delincuencia, porque el éxito de esta política se mide, una vez se intervengan los sitios, en si los ciudadanos se sienten menos, igual o más inseguros.
Con relación a las denuncias de los delitos, la política Distrital se debe orientar hacia la atención profesional, considerada y oportuna de las víctimas y a ampliar el número de puntos de recepción de denuncias en la ciudad. En este caso, para saber qué está pasando realmente en materia de seguridad, es necesario contar con más y más confiable información y para esto dentro del Plan de Desarrollo se debe tener una meta ambiciosa, por ejemplo, “aumentar el número de denuncias de los delitos en un 50%”, sin que este aumento implique que la inseguridad empeoró.
Es necesario que las cifras sean públicas y se entreguen mensualmente con total transparencia, esto garantiza que los ciudadanos y medios de comunicación tengan mayor confianza sobre las mismas y se reconozcan los logros o retrocesos en materia de seguridad.
Finalmente, este no es solo un problema de Bogotá, lo anterior sucede en todo el país y es necesario que se asuman parte de las recomendaciones expuestas en este texto