Hace un par de días el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la Secretaría Distrital de Movilidad realizaron un conversatorio sobre la ciclovía en Bogotá como parte de las acciones encaminadas a incluir “los usos y disfrutes de la bicicleta” en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito Distrital. Lo que en apariencia es tan solo un evento menor entre las múltiples actividades del universo de la administración de la ciudad esconde tras bambalinas muchos de los males que aquejan hoy a la administración del patrimonio urbano.

El lector se preguntará el porqué de tanta amargura, siendo que la bicicleta es al tiempo un medio de transporte, recreación y sustento de muchas personas alrededor del planeta. Y Bogotá, en línea con las tendencias latinoamericanas, ha reforzado la infraestructura asociada con la bicicleta como alternativa a la congestión crónica de su tráfico vehicular.

El problema no está en los usos y disfrutes de la bicicleta, sino en los usos y disfrutes de la burocracia patrimonial de la ciudad que promueve la declaratoria.

La inclusión en las listas del patrimonio inmaterial, los planes especiales de salvaguardia y los mecanismos para acceder a ellos

El Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de Nación y las normas que lo regulan están encaminadas a definir, establecer mecanismos y delegar responsabilidades sobre el patrimonio, con el fin de contribuir a su valoración, preservación, protección y apropiación social.

En lo que hace referencia al patrimonio inmaterial, es decir, a las tradiciones, los usos, conocimientos y prácticas sociales significativos para un grupo humano, el mecanismo para identificar y proteger ese legado en el tiempo es su inclusión en un sistema de listas cuya finalidad es la implementación de un plan de salvaguardia para el fortalecimiento de esa manifestación.

En otras palabras, el Estado reconoce mediante un acto administrativo un conjunto de manifestaciones que por sus atributos y características son importantes y las declara como patrimonio del país, y finalmente se responsabiliza de acompañar el desarrollo de planes y proyectos para su protección a lo largo del tiempo a partir de los anhelos y las necesidades de las personas que se relacionan con ellas.

Es decir que una manifestación se declara patrimonio con el fin de establecer acuerdos sociales que garanticen la continuidad y reproducción a futuro de ese algo que se considera valioso. Dichos acuerdos llevan el nombre de Planes Especiales de Salvaguardia (los famosos PES) y son un compendio de tareas, medios y responsables que debe ser acordado colectivamente.

Los mecanismos para incluir una manifestación en la lista y consecuentemente para desarrollar planes de salvaguarda incluyen: primero, la elaboración de un documento que sustente, a partir de un conjunto de criterios preestablecidos, que eso que se quiere declarar es importante; segundo, la presentación a un órgano de consulta denominado Consejo de Patrimonio de esa solicitud; tercero, a partir del visto bueno de esta instancia, se procede a la elaboración del plan a largo plazo de protección o PES. Este trámite se puede realizar a diferentes escalas que van de lo local a lo nacional, pero el mecanismo, los medios y los fines son siempre los mismos.

La bicicleta de la discordia

Ahora bien, para el caso de la bicicleta hay varios puntos sensibles.

El primero es que ese Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, como su nombre lo indica, existe por y para la Nación, es decir que, deberían ser las personas quienes identifican que algo es valioso y se movilizan para su reconocimiento. En este caso este principio básico no se da. Por el contrario, es el Gobierno de la ciudad, como una de las metas de su plan de acción, el que incluye “gestionar” durante el periodo 2020- 2024 tres declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial del Orden Distrital.

Ahora bien, la inclusión de una meta así, y del indicador correspondiente de gestión administrativa, es un error en la medida que abre la puerta a impulsar declaratorias por que sí, por el simple hecho de que se propuso hacerlo, y peor aún, que esas declaratorias se hagan, no por una solicitud explícita de una ciudadanía consciente, sino como parte de los antojos y conveniencias del aparato burocrático del Gobierno en tránsito.

La gravedad del tema se hace más patética si tenemos en cuenta que el impulso a esas tres declaratorias genéricas en el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” es un “objetivo” amarrado a un presupuesto asignado de 2.172 millones de pesos, como se lee en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Plan Operativo Anual de Inversión de febrero de este año.

Así las cosas, esta es una situación en la que queda claro que a la ciudadanía se le llamó después para refrendar un proceso ya iniciado y, para ser francos, de vieja data en la ciudad, en donde nuevamente se birla el derecho de los ciudadanos para elegir qué se debe proteger, perpetuándose los caprichos de las administraciones sobre el futuro de la ciudad.

Por otra parte, el caso de la bicicleta y la arbitrariedad de su selección a dedo se manifiesta al preguntar el porqué de su declaratoria como patrimonio. Como ya dijimos, la inclusión en las listas tiene como principio responder a un llamado de la nación en sus diferentes escalas y su finalidad es proveer un régimen especial de protección sobre esa manifestación, vía la elaboración de un plan especial de salvaguardia. Así las cosas, cabe preguntar si ese instrumento es necesario para el uso y disfrute de la bicicleta en la ciudad.

La respuesta es no. Prueba de ello es que no ha sido necesario ese mecanismo para impulsar su uso, pero más allá de esto, y más grave aún, es que la ciudad cuenta con un documento Conpes denominado “Política Pública de la Bicicleta 2021-2039” que asegura recursos por 2,2 billones de pesos para la ejecución de proyectos relacionados con la bicicleta durante 18 años para la ciudad.

Esta política, entre otras cosas, ya de paso, incluye como uno de sus productos la “declaratoria de salvaguardia de la cultura bogotana del uso y disfrute de la bicicleta y su valoración como patrimonio cultural inmaterial de la ciudad” asociada al objetivo de fortalecer la cultura entorno a la bicicleta y cuyo resultado debería ser el de mejorar la percepción de la ciudadanía en relación con la bicicleta.

Así, no solo se hace explícito que la declaratoria no está motivada por una comunidad, sino que ya cuenta con un mecanismo fuerte de protección y, más allá del interés por la dimensión patrimonial, se está instrumentalizando el concepto en aras de la certificación de una acción interinstitucional. En este caso, con órganos tan distantes como la Secretaría Distrital de Movilidad.

Finalmente, otro punto que revela la intención de esta declaratoria, y que pone de manifiesto un vacío conceptual del manejo del patrimonio de la ciudad, tiene que ver con el objeto mismo de la declaratoria. En este momento está planteado en términos de “usos y disfrutes”, pero la pregunta por resolver es qué se quiere declarar como patrimonio más allá de los eslóganes didácticos que el Instituto de Patrimonio se cuenta a sí mismo para orientar su función: patrimonios plurales, patrimonios integrados, patrimonios para vivir mejor.

Claro, útiles en la medida que construyen una retórica compartida por sus funcionarios, pero rudimentarios al proponer como novedosa una mirada en la que confluye lo material, lo inmaterial, lo natural y el espacio público. O que señala como un logro hablar de alteridad e inclusión desde sus opuestos decimonónicos de identidad y territorio. O que llama a la participación ciudadana y al reconocimiento de sus cotidianidades, pero que termina eligiendo verticalmente qué se debe reconocer y proteger de ellas.

En síntesis, este tipo de declaratorias reconocen y promueven en el tiempo las marañas de las intrincadas burocracias que les dan sentido, donde como telón de fondo, más allá de la bicicleta y el universo de bienes y servicios que orbitan a su alrededor, de la forma de habitar la ciudad que implica su uso o del reconocimiento a sus comunidades de usuarios, lo que prima es regular el estado de la malla vial, el incremento continuo en el hurto de bicicletas, el acoso y consecuentemente el poco uso de este medio por parte de mujeres, o el simple incumplimiento de las normas de tránsito por parte de los ciclistas.

¿Y la gestión de las otras dos declaratorias incluidas en el Plan de Desarrollo?

Si llegado hasta este punto el lector sigue atento, seguramente espera que la diatriba acabe con un final feliz. Pero si por allá llueve, por acá no escampa. Las otras dos gestiones que ha emprendido el Instituto siguen la misma lógica del uso y el disfrute burocrático.

Una está encaminada a la Declaratoria del Festival del Sol y la Luna del cabildo muisca de Bosa. La otra, a la Declaratoria de la metodología de trabajo del Teatro La Candelaria. La primera, apoyada y gestionada desde un sector político de la ciudad que tiene en Bosa un alto capital electoral. La segunda, por cuenta de la Secretaría de Cultura o, si se quiere, por el secretario de Cultura actual.

Es decir, para nadie es un secreto que el patrimonio tiene un alto componente político y unas implicaciones económicas importantes. Tampoco lo es que la burocracia existe y que está siempre al servicio de sí misma. Pero en estos tres casos se desdibujan los principios, medios y fines del aparato patrimonial, y al final de cuentas a la gente se le llama a firmar la hoja de asistencia y todos contentos. Pero es una alegría efímera, porque esos usos y disfrutes de la burocracia solo dejan beneficios a largo plazo para unos pocos.

Es imposible en este caso no escuchar los ecos de declaratorias como la del carriel o la del fútbol que se tramitan en el Congreso de la República con altísimas cargas políticas, pero con impactos muy pobres en la protección y la salvaguardia del patrimonio.

Cerramos diciendo que, en este caso, la bancada de la U ya se les adelantó y a finales del año pasado impulsó el proyecto de ley “por medio del cual se declara a la bicicleta y al ciclismo colombiano patrimonio cultural en el país”. Es una lástima atestiguar el gasto de recursos y de esfuerzos, la maraña de acciones legales, Para, al final del día, cumplir con metas de gestión que no responden a los principios básicos del universo patrimonial ni a los intereses ciudadanos. 

Esta columna fue escrita en coautoría con Luis Gonzalo Jaramillo, Profesor Asociado Departamento de Antropología Universidad de los Andes.

Es docente investigador en la Universidad Externado de Colombia. Se doctoró en antropología en la Universidad de los Andes. Sus áreas de interés son los conceptos y las relaciones entre el patrimonio cultural, los medios emergentes y la apropiación social de la tecnología.