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El transporte público está desfinanciado, mientras que la sociedad está subsidiando a las motos, el medio que menos le conviene.
En los últimos días los bogotanos recibimos dos noticias relacionadas con la movilidad: El anuncio del alcalde del incremento en TransMilenio y la propuesta del director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de incrementar algunos de los costos a los usuarios de motocicleta en el país. Dos asuntos que aparentemente no tienen mucha relación, pero que hacen parte de la misma problemática: El transporte público está desfinanciado, mientras que la sociedad está subsidiando al modo que menos le conviene.
La moto: una buena alternativa individual, una mala opción para nuestras ciudades
Recientemente me escribió un usuario de motocicleta contándome cómo su moto se había convertido en la alternativa ideal para movilizarse en la ciudad, además de una pasión personal. No lo culpo: la moto le permite movilizarse rápidamente, evadir más fácilmente los altos niveles de congestión de la ciudad y evitar las incomodidades y mal servicio del transporte público.
Sin embargo, para llegar a esta conclusión, los usuarios de motocicleta no suelen poner en consideración todos los costos que generan. Para empezar, no incluyen el costo en el que incurren por el aumento del riesgo de siniestro de tránsito (los mal llamados accidentes), pues cada vez que deciden utilizar su moto para hacer un viaje que antes realizaban en el transporte público están incrementando enormemente el riesgo de sufrir una lesión severa o de morir por causa de uno de estos siniestros.
Por ejemplo, una persona cercana de bajos ingresos me comentó hace algún tiempo que había resuelto su problema de movilidad porque había comprado una moto, lo cual le iba a permitir ahorrar tiempo y dinero. Pero, apenas un mes después, había sufrido un accidente relativamente leve, pero que le representó un largo tiempo de incapacidad, gastos médicos, en medicinas y en atención por parte de su familia. Esos costos, por supuesto, no los había incluido en sus cuentas iniciales. Y ni hablar de aquellos que no tienen tanta suerte y tienen choques de mayor gravedad.
Pero esos costos no solo afectan a la persona involucrada en el siniestro. Un estudio de la Universidad Nacional calculaba para el 2014 que el costo promedio por ‘accidente’ de tránsito era de $2’333.000, cifra que podría aproximarse a los $3 millones de hoy. No todos esos costos son cubiertos siempre por el SOAT o por el paciente, sino que muchas veces son cubiertos por los recursos del Estado, a través de un fondo llamado el FOSYGA. Es decir, platica suya, mía y de todos los colombianos.
Y eso por solo contar los costos directos del siniestro. A eso habría que sumar los costos por la congestión que generan (sólo en pérdidas de tiempo por el ‘trancón’ que se arma en un accidente la Secretaría de Movilidad calcula costos entre $5 y $13 millones), los costos por pérdida de productividad (incapacidades y demás), pérdidas por fallecimientos, etc. No por nada se calcula que en países como Colombia el costo de los siniestros de tránsito asciende a entre el 1% y el 3% del PIB. ¡Mucha plata!
Ahora, imagine el Estadio Metropolitano de Barranquilla repleto, como en un día de partido de la Selección Colombia. Pero este no está lleno de hinchas felices, no. Está lleno de personas que en su mayoría son jóvenes (hombres, sobre todo) con lesiones que van desde el que tiene un brazo fracturado hasta el que quedó cuadrapléjico. Disculpen la crudeza de la descripción, pero es que eso es lo que nos está sucediendo con los siniestros de tránsito: sólo en un año como el 2016, más de 46.000 personas resultaron heridas por esta causa.
Y luego, imagine una caravana de unos 50 buses articulados, como los de TransMilenio o el MIO, repletos de gente, como no es nada raro verlos en hora pico. Pero en este caso, esas personas simbolizan a los 7.280 colombianos que murieron en las vías en el 2016. Así que detrás imagine una procesión de luto que representa a esas 7.280 familias que sufrieron en tan solo un año por esta causa. Una verdadera tragedia.
Y ahora piense que más del 57 por ciento de las personas de ese estadio y más de la mitad quienes van en esos buses articulados corresponden a usuarios de la motocicleta. Y que otro porcentaje adicional son peatones y ciclistas atropellados por una moto. Una macabra pero necesaria analogía para entender la grave problemática que la proliferación de motocicletas implica para nuestro país tan solo en términos de siniestralidad (sin hablar de contaminación del aire y congestión, por ejemplo).
Y aunque parezca lo contrario, no trato tampoco de satanizar a los motociclistas, sino de exponer la grave problemática a la que se enfrenta la sociedad. Ciertamente hay muchos usuarios de moto que están liderando importantes procesos por mejorar su seguridad vial, por mejorar su comportamiento, sus elementos de protección y la infraestructura sobre la que circulan.
Y cierto es también que una parte importante de estos siniestros de tránsito se generan por responsabilidad (o irresponsabilidad) de algunos conductores de automóviles y vehículos de servicio público de carga y pasajeros, quienes actúan como si las motos y bicicletas les invadieran “SU” espacio y debieran actuar por la fuerza para corregirlos. Y, todo hay que decirlo, también los ciclistas y peatones a veces nos comportamos de manera riesgosa y terminamos generando graves siniestros a los motociclistas.
Mucho escucho hablar a quienes acusan a los moteros de comportamiento irresponsable, pero poco oigo sobre la necesidad de cuidarlos y darles el espacio en la vía que les corresponde. Esfuerzos como los de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y otros actores (empezando por los líderes de los gremios moteros) para construir un Plan de Seguridad Vial del Motociclista son muy necesarios y demuestran proactividad para reducir la problemática.
¿Subirle los costos a la moto?
Actualmente la sociedad colombiana está subsidiando directamente a las motos. Para empezar porque no les cobramos peajes en las vías que usan, porque no se les cobra los mismos impuestos de consumo que a los automóviles y porque pagan un menor Seguro de Accidentes (SOAT) del que deberían, como bien lo explica Diego Laserna en este artículo.
Es decir, la sociedad está subsidiando a los usuarios de motos, lo cual genera un incentivo para que siga creciendo el número de estos vehículos en nuestro país. Es por razones como esas que pasamos de tener 47.474 motos en 2005 a 466.046 en 2016, es decir, multiplicando su número por 10 en apenas 11 años.
En una ciudad como Bogotá, por ejemplo, tan solo entre el 5 y el 8 por ciento de los viajes totales se hacen en moto (el primer porcentaje según la Encuesta de Movilidad 2015 y el segundo según la Encuesta de percepción de Bogotá Cómo Vamos en 2017), pero el 30 por ciento de los fallecimientos en siniestro de tránsito corresponden a motociclistas. ¿Se imagina donde se siga aumentando el número de motos y lleguemos a porcentajes del 15 o 20 por ciento de los viajes diarios?
Bajo esos argumentos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial está proponiendo que ahora se le reduzcan los subsidios a los motociclistas, pasando a cobrarles peaje en las carreteras, un SOAT más cercano al que les corresponde y unos impuestos al consumo para motos mayores a 125 cc., entre otros. Y utilizar esos recursos para mejorar el servicio de transporte público, que en la mayoría de nuestras ciudades se está prestando en condiciones de mala calidad de servicio y una alta tarifa, precisamente por falta de recursos para subsidiarlos.
Claramente no es una propuesta que le guste a los motociclistas y muchas personas de bajos recursos verán afectadas sus posibilidades de mantener su vehículo de movilización y su fuente de trabajo. Pero a cambio podremos ofrecer un transporte público con mayor calidad y más barato (de todas formas es vital seguir buscando fuentes de recursos para mejorarlo) y, sobre todo, la posibilidad de reducir o al menos de no seguir perdiendo vidas en el tránsito por el incremento desaforado de las motos.
