Frente al hacinamiento, cárceles abiertas

De las 134 cárceles que hay en Colombia, solo 12 no tienen sobrepoblación. Además, las estaciones de policía y algunas dependencias de la Fiscalía, sobrepasan el cien por ciento de los cupos de retención transitoria, es decir, ya no hay dónde meter más delincuentes.

El sistema carcelario y penitenciario, con una capacidad de 80.159 cupos, hoy tiene un hacinamiento del 50 por ciento, es decir tiene una población de 120.264 internos. De esa población 8.289 son mujeres.

De las 134 cárceles, solo 12 no tienen sobrepoblación. Además, las estaciones de policía y algunas dependencias de la Fiscalía en el país sobrepasan el cien por ciento de los cupos de retención transitoria, es decir, ya no hay dónde meter más delincuentes.

Para solucionar el hacinamiento, que viola de manera grave los derechos humanos de los internos e internas, el Estado se ha enfocado en la expedición de leyes de excarcelación, sistemas alternativos a la privación de la libertad, construcción de cárceles nuevas y ampliación de cupos en establecimientos viejos, sin que hasta ahora se haya podido solucionar este problema.

Antes bien, con el correr de los años, este problema ha aumentado con la aplicación de nuevas leyes que contemplan medidas privativas de la libertad y aumento de penas.

La situación no va a tener salida si se continúa pensando que todas las conductas que afecten la vida, integridad, bienes y honra de los ciudadanos y de la sociedad, deben ser sancionadas con privación de la libertad.

Hoy, poner a disposición del sistema carcelario y penitenciario un nuevo cupo, vale más de 120 millones y el costo mensual de sostenimiento de un preso supera los dos millones y medio de pesos, esto sin contabilizar los pagos por corrupción que tienen que hacer los internos e internas a funcionarios del Inpec que han convertido los derechos de los internos en un negocio lucrativo.

En la Cárcel Distrital, que es la mejor cárcel que tiene el país, hoy el costo mensual por interno es de dos millones cuatrocientos mil pesos.

Cárceles de puertas abiertas

Frente a estos altos costos y los problemas de hacinamiento, cabe preguntarse si no existen otras medidas alternativas, menos costosas y seguramente más afectivas a la hora de lograr adecuada sanción, procesos de resocialización y cambios de comportamientos de hombres y mujeres sancionados con privación de la libertad.

Por ejemplo, sin desconocer que los padres que se niegan a dar asistencia alimentaria a sus hijos deben ser sancionados de manera ejemplar, surgen varias preguntas, teniendo en cuenta que este comportamiento tiene medida privativa de la libertad.

Si el objetivo de la justicia es que el sancionado reconozca y dé la asistencia alimentaria para sus hijos ¿cómo lo va a hacer si es privado de la libertad y no tiene otros ingresos distintos a su trabajo?

Si se pretende resocializarlo, ¿no será que, con las condiciones actuales de los presidios, esta persona saldrá no solo siendo peor padre, sino un delincuente en potencia? ¿Con qué sentido económico se sanciona a una persona que no da la cuota alimentaria, que en la mayoría de los casos no supera los quinientos mil pesos mensuales, frente al costo de sostenimiento dentro del Sistema, que está por encima de los dos millones?

Igualmente sucede con otros delitos, como es el caso de lesiones personales, algunos hurtos cometidos por jóvenes principiantes para el consumo o bajo los efectos de las drogas, estafas, omisión de socorro, falsedad de documentos, delitos en contra de la propiedad intelectual, entre otros, donde se puede aplicar medidas intermedias a la privación de la libertad, en establecimientos de baja seguridad y costo, en inmuebles usados y adaptados para este fin, con procesos efectivos de atención y resocialización, sin guardianes del Inpec y donde algunas ciudades y municipios pueden intervenir y ayudar a financiar.

Podrían ser establecimientos donde quienes cometen estos delitos menores y que no son delincuentes profesionales, podrían salir a trabajar y regresar en la noche o solo funcionarían los fines de semana, donde el infractor se presenta el viernes en la tarde y sale a trabajar el lunes a primera hora.

Los fines de semana, sin visitas, expertos profesionales trabajarían con los internos e internas procesos de reconocimiento de daños por el delito cometido, de reparación a las víctimas y cambios de comportamiento, es decir verdaderos procesos de resocialización a bajo costo y con resultados que hasta ahora no han dado las cárceles colombianas.

En este caso, si el beneficiado con esta medida incumple estas condiciones o se comporta mal, será enviado por el juez a las cárceles existentes.

Nuevas cárceles, nuevo personal y operatividad

En los próximos dos años el Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -Uspec- va a poner el funcionamiento cuatro cárceles nuevas y estos establecimientos deberían ser buenos ejemplos para comenzar a cambiar el cuestionado sistema carcelario y penitenciario que siempre ha tenido Colombia

En este sentido, se debería desarrollar las siguientes actividades:

Seleccionar y formar una guardia penitenciaria y carcelaria nueva, profesional, distinta de la que hoy existe en el Inpec, no sindicalizada por ser un cuerpo armado, como lo son la policía y las fuerzas militares y con incentivos de desarrollo individual y de sus familias.
Selección rigurosa y formación del personal administrativo y de resocialización.
Elaborar protocolos de funcionamiento y operatividad de los nuevos establecimientos carcelarios.
Capacitación de la nueva guardia, del personal administrativo y de resocialización en la aplicación de los protocolos.
Sistemas de seguridad integrales de seguridad de audio, video y control electrónico de manejo central, no manejado por los guardias, sino por personal altamente calificado.
Elaborar manuales de disciplina estrictos para los internos e internas, respetuosos de los derechos humanos y ligados a los procesos de resocialización y cambios de comportamientos.
Contar con un modelo pedagógico, fundamento de los procesos de resocialización y
Elaborar manuales de seguimiento y evaluación interna y externa para el funcionamiento, operatividad y resultados de las nuevas cárceles.