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Hace 3 años un operativo de las fuerzas de seguridad del Estado irrumpió militarmente en la “L” – Bronx – para exterminar lo que el alcalde Peñalosa llamó la “República Independiente del Crimen”.
La toma militar
Hace 3 años un operativo articulado entre las fuerzas de seguridad del Estado irrumpió militarmente en la “L” – Bronx – para exterminar lo que el alcalde Peñalosa llamó la “República Independiente del Crimen”. Efectivamente, en esas cuadras estaba instalada la olla más grande de Bogotá que, años atrás, el mismo Alcalde también había desplazado cuando intervino violentamente el Cartucho.
La L era una zona de conflicto, de conflicto armado no internacional con todos sus elementos constitutivos: en tan solo tres cuadras del centro de Bogotá había un organigrama de estructuras criminales armadas que se dividía el territorio para la venta de drogas, que controlaba la seguridad del espacio público y que regulaba, a través de feroces normas, el comportamiento de quienes ingresaban allí.
La policía, por su parte, no se quedaba atrás: participaba del negocio y ayudaba a controlar la seguridad de la zona mientras que los sayas, campaneros de cada uno de los ganchos que vendían la droga, visajeaban el lugar desde las alturas.
Existía, en esas cuadras, una normatividad parainstitucional que tenía el monopolio del uso de la fuerza y el control territorial con un estricto sistema penitenciario.
Como en todas las zonas de conflicto, en la L había gravísimas violaciones sistemáticas a la vida, a la integridad y a la libertad de miles de ciudadanías. Hoy en día son ampliamente conocidas las prácticas de tortura que aplicaban allí cuando alguien quebrantaba una norma, así como las dinámicas de reclutamiento con fines de explotación sexual y las prácticas de desaparición forzada de decenas de personas. Efectivamente, el Estado debía intervenir, pues las situaciones de violencia deben ser objeto de intervención estatal.
Sin embargo, la intervención en la L no fue realizada con los enfoques necesarios para cumplir con los estándares internacionales de intervención en tiempos de conflicto armado, (fijados en el artículo 3 de la Convención de Ginebra) pues la toma militar del Bronx desencadenó una crisis humanitaria que terminó poniendo en riesgo la integridad y la vida de cientos de habitantes de calle y fue el caldo de cultivo para una serie de actuaciones policiales incisivamente humillantes y degradantes.
La crisis humanitaria
La operación en la L comenzó en la madrugada del sábado 28 de mayo con la llegada de un número desbordado de camiones cargados de Policía y CTI con más de 2.600 agentes armados.
La fuerza pública estableció el acordonamiento de una amplia manzana (comprendida entre la carrera 24 y la Caracas y entre la calle 12 y la calle 6) que se prolongó durante varias semanas hasta que las ciudadanías habitantes de calle fueron expulsadas definitivamente de todo el territorio aledaño.
Ese día, la Policía y la Alcaldía montaron en más de 25 camiones a 508 habitantes de calle, los encarcelaron en la UPJ y presentaron este hecho como uno de los resultados más relevantes de la intervención.
En los días posteriores a la toma militar se presentaron múltiples enfrentamientos entre el ESMAD y varios grupos de habitantes de calle que querían regresar y que reclamaban su derecho a circular libremente por el espacio público. La policía armó escuadrones para aglomerar e inmovilizar a esta población y posteriormente forzarla a desplazarse lejos del Bronx.
Después de los enfrentamientos en la Plaza España transcurrió una semana en la que la Policía expulsó lentamente al asentamiento de habitantes de calle por el canal de Los Comuneros hasta dejarlo bien abajo, en el caño de la calle 6º con carrera 30.
Una vez lograron acordonarlos en el caño, se desató una serie de desmanes de violencia policial contra la población en situación de calle y, a raíz de una serie de riesgos geológicos, se produjo una crisis humanitaria que terminó con la vida de varios habitantes de calle.
En 2017, el informe sombra de derechos humanos Destapando la Olla documentó múltiples denuncias de habitantes de calle que presenciaron los hechos y que coincidieron en que los agentes de la fuerza pública restringieron la movilización y salida del caño de la gente que estaba adentro y no permitieron a las organizaciones sociales la entrega de ayuda humanitaria como alimentos, elementos de aseo, cobijas y agua potable.
El jueves 18 de agosto, la creciente de Comuneros arrastró a más de 40 personas que se encontraban en el caño. Es ampliamente conocida la historia de una mujer que, intentando escapar de la corriente, logró salir del caño y murió atropellada por un vehículo que huyó luego de haberla arrollado.
Según Medicina Legal, entre junio y Agosto de 2016, hubo 15 homicidios contra habitantes de calle en la ciudad de Bogotá, (y 2 muertes de 2 hombres por accidente de tránsito) pero dicha Institución no registró la muerte de la mujer atropellada el 18 de agosto que la prensa había documentado.
Ante esta grave situación de incongruencia entre las cifras del Estado, los testimonios recopilados en el informe Destapando la Olla y la documentación en prensa de los hechos de violaciones al derecho a la vida y la integridad de los habitantes de calle ocurridos en el caño, en Temblores ONG decidimos construir un reporte histórico de los homicidios contra esta población en los últimos 11 años en Colombia: Los Nunca Nadie.
Las cifras engavetadas
Según Los Nunca Nadie, Bogotá es la ciudad más violenta contra esta población pues, en los últimos once años, 70 de cada 1000 habitantes de calle han sido asesinados y 825 de cada 1000 han sido víctimas de violencia física.
Mientras que las tasas nacional y distrital tienden al decrecimiento de los homicidios, la tasa de homicidios de habitantes de calle ha venido en aumento desde el 2016, año en que se realizó la intervención en el Bronx, como lo muestra la siguiente gráfica:
Fuente: Policía nacional de Colombia en respuesta a derecho de petición utilizado en la construcción del informe Los Nunca Nadie. La cifra 68 corresponde a los homicidios entre 2013, 2014 y 2015 y la cifra 87 corresponde a los homicidios entre 2016, 2017, 2018.
Sin embargo, las cifras que presenta la Secretaría Distrital de Seguridad son diametralmente opuestas a las halladas por nuestra investigación: el 28 de mayo de 2019, el Secretario de Seguridad, Jairo García, afirmó en El Espectador que los homicidios contra habitantes de calle se habían reducido en un 43 por ciento pues, según las cifras de la Secretaría, “tres años antes de la intervención, se registraron 115 casos, mientras que tres años después fueron 66”.
Estas afirmaciones sobre las cifras presentan varias inconcruencias e imprecisiones técnicas: tres años antes de la intervención, es decir, entre 2013, 2014 y 2015, la Fiscalía registró un total de 163 homicidios y la Policía, 204; en los años 2016, 2017 y 2018 la Fiscalía registró 236 y la Policía, 260.
Si tomamos como referencia esas dos fuentes, referentes a las cifras de esos 6 años, encontramos que, según la Fiscalía, los homicidios aumentaron en un 45 por ciento y que, según la Policía, aumentaron en 27 por ciento desde 2016.
La situación es bastante alarmante pues, en lo que va corrido del año, nuestros registros ascienden a 19 homicidios de habitantes de calle en Bogotá, y resulta altamente sospechoso que las cifras que presenta la Secretaría de Seguridad contradigan a las presentadas por la Policía y la Fiscalía.
En diciembre del año pasado, cuando lanzamos nuestro informe y lo socializamos con la prensa, El Tiempo y El Espectador lo publicaron en sus principales páginas. Sin embargo, la Revista Semana dejó de hacerlo a pesar de haber tenido lista la publicación y a pesar de que Temblores ONG les había socializado las estadísticas oficiales, obtenidas a través de derechos de petición, con las que se construyó el informe.
Como muestra esta captura de pantalla, la publicación alcanzó a estar colgada en la plataforma de búsquedas de Google, pero nunca llegó a publicarse.
Según la Revista, el Secretario de Seguridad, Jairo García, no respondió a las llamadas para realizar el contraste de fuentes y, por ello, decidieron no publicar el artículo que evidenciaba las múltiples violencias cometidas en contra de las ciudadanías habitantes de calle denunciadas en el informe de derechos humanos Los Nunca Nadie.
Al parecer, es costumbre de la Revista esconder investigaciones que dejan al descubierto la responsabilidad del Estado en el incremento de homicidios y que incomodan a los gobiernos de turno.
Cuando el aumento de las cifras de violencia homicida preocupa a un Estado y al periodismo, la solución no es esconder las cifras, ni dejarlas engavetadas en una publicación. La solución es tomar acciones concretas y medidas que apunten a proteger la vida y la integridad de las ciudadanías más vulnerables que están siendo víctimas de asesinatos sistemáticos.
Los hechos ocurridos el 28 de mayo de 2016 y las consecuencias de semejante crisis humanitaria, que aún hoy en día persiste en el tiempo y el espacio del caño Comuneros, merece ser investigada a profundidad. Solo una comisión de la verdad podrá llevarnos al esclarecimiento de los hechos y a medir las actuaciones desmedidas de la fuerza pública y la responsabilidad política de el alcalde Enrique Peñalosa y de sus secretarios de seguridad Daniel Mejía y Jairo García.
