Yo, el alcalde, decido cuando sí y cuando no

Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país es un derecho y una obligación de la ciudadanía. Esa participación se expresa eligiendo y siendo elegido, votando los plebiscitos, referendos y consultas populares que se convoquen, presentando iniciativas ante las corporaciones públicas, ejerciendo funciones estatales, revocando o no el mandato de alcaldes y gobernadores, etc.

Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país es un derecho y una obligación de la ciudadanía. Esa participación se expresa eligiendo y siendo elegido, votando los plebiscitos, referendos y consultas populares que se convoquen, presentando iniciativas ante las corporaciones públicas, ejerciendo funciones estatales, revocando o no el mandato de alcaldes y gobernadores, etc.

Infortunadamente lo que disponen y ordenan la Constitución y la ley sobre la materia no tiene aplicación práctica, por múltiples razones. Una de ellas, la indiferencia y, a veces, la oposición de las autoridades encargadas de respetar el ordenamiento y de promover su vigencia plena.

Prueba de lo anotado está en la conducta de Petro que, por ser el primer alcalde del país debía dar ejemplo a sus colegas. Sin embargo, decidió montar verdadera emboscada administrativa y judicial contra la votación de la revocatoria que cientos de miles de bogotanos pidieron que tuviera lugar y promover costosa e inútil consulta popular sobre tema definido expresamente por la ley.

Contra la revocatoria creó Registraduría paralela y contrató grafólogos que verificaran la validez de las firmas. Con el mismo propósito entabló tutela y en relación con ella interpuso toda clase de recursos. Denunció penalmente a quienes lideraron la recolección de firmas y aseguró que los financiaban mafias criminales. Pidió la veeduría de la Unión Europea. Entabló más de 500 tutelas y chantajeó a la ciudadanía mediante amenaza abierta: dijo que si se votaba y perdía en las urnas, era porque había habido fraude y la ciudad y el país debían recordar que el m-19 se fundó para protestar un fraude electoral. Enredó el proceso con toda clase de abusos de poder y del derecho hasta lograr que no se votara la revocatoria.

Poco tiempo después se declaró decidido partidario de la participación ciudadana. Presentó al concejo proyecto de acuerdo que convoca consulta popular para que los ciudadanos prohíban la realización de corridas de toros en la ciudad.

Como las corridas están reconocidas, autorizadas y reglamentadas por leyes, que la Corte Constitucional ha validado jurídicamente, en la hipótesis de que se vote y apruebe la referida consulta, sus resultados serán un canto a la bandera, porque mediante consulta no se pueden reformar ni derogar las leyes. No sobra dato curioso: cuando una de esas leyes se aprobó en el Congreso, el dr. Petro era representante a la Cámara elegido por Bogotá y no hay constancia de que se haya opuesto a su votación, ni de que   haya votado en contra.

Por la razón anotada es claro que el dr. Petro y sus compañeros de ruta en este caso lo que deberían hacer es pedirle al Congreso que mediante ley prohíban las corridas en todo el país, o en ciudades como Cali, Manizales y Bogotá, donde hacen parte de su tradición cultural. También puede promover referendo derogatorio de la ley que autoriza y reglamente las corridas.

Dos consideraciones adicionales. El proyecto de acuerdo podía y debía votarse en sesiones ordinaria del Concejo Distrital, lo cual no tenía costo alguno para la ciudad, porque durante ellas los concejales ganan honorarios por derecho propio. Pero el alcalde prefirió, por razones que no se conocen, que el tema se debatiera y decidiera en sesiones extraordinaria, que dan lugar a honorarios extras de los concejales, y que mal contados valieron 500 millones de pesos si se suma lo que cada uno de los cabildantes recibió. 

La consulta no se votará en octubre. Ya lo dijo la Registraduría. Se votara a fines del 2015 o principios del entrante. Para que sea válida se necesita que a las urnas concurran cerca de dos millones de ciudadanos independientemente de que voten sí o no o en blanco. Como no se votará el mismo día de votaciones para elegir candidatos a un cargo o a una u otra corporación pública, a más de que el tema de las corridas de toros interesa a relativamente pocas personas, pues pocos son sus partidarios o enemigos, seguramente no acudirá a las urnas los dos millones de ciudadanos que exige la ley. Con otras palabras, todo el esfuerzo de la Alcaldía habrá sido en vano y se habrá incurrido en despilfarro que causa daño al erario.