Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Tanto que debatimos sobre el peligro de la venezolanización y hoy asistimos al espectáculo del pretendido aumento del periodo de alcaldes y gobernadores que propone el Congreso, en un claro raponazo a la Constitución y al elector que los eligió por cuatro años.
Tanto que debatimos en la campaña electoral sobre el peligro de la venezolanización del País y hoy asistimos al triste espectáculo del pretendido aumento del periodo de los actuales alcaldes y gobernadores mediante un acto legislativo que propone el “Honorable” Congreso en un claro raponazo a la Constitución y al elector que los eligió por cuatro años.
No deja de causar cierta suspicacia el hecho de que después de mucho preguntarle al Presidente su postura sobre ampliación de periodos para Alcaldes y Gobernadores sin obtener respuesta, esta aparece en boca del Senador Ernesto Macias, quien propone que se amplíen a cinco los años del periodo presidencial, empezando por el de Duque.
La Constitución Colombiana ya no aguanta más remiendos, desde 1991 han hecho con ella todo lo que se les ha ocurrido desde todos los espectros ideológicos y en todos los gobiernos. Contando sólo hasta el año 2016, se expidieron 41 actos legislativos o sea: 1,6 reformas constitucionales por año.
Se metió la mano a la extradición; eso si, no retroactiva, como pidieron los Rodriguez Orejuela; se cambió un “articulito” para permitir la reelección de Álvaro Uribe; se incorporaron todas las normas que pidieron las FARC – a las que el pueblo había votado NO – y un sinnúmero de etcéteras que no hay espacio para enumerar.
No les basta a los “padres de la Patria” con esa colcha de retazos que han ido tejiendo y ahora – sin que haya un padre reconocido del nuevo proyecto de engendro -, nos quieren meter gato por liebre; pretendiendo, a través de una reforma constitucional, ampliar los periodos de los actuales alcaldes y gobernadores que elegimos por cuatro, a seis años, con el peregrino argumento de que se unifiquen los calendarios electorales para ahorrarle recursos al Estado haciendo una sola jornada electoral.
Para hablar tan solo de periodos electorales de Alcaldes y Gobernadores, hay que ir a estudiar la Constitución antes de empezar a hacer cábalas políticas.
El Constituyente de 1991 elaboró una fórmula electoral conforme con el espíritu de la descentralización en la que fundó nuestro Estado: la Constitución remendada que nos rige, no solamente nos reconoce como pluriétnicos y multiculturales sino que también reconoció que somos un País de regiones y por ello – entre muchas otras razones -, estableció la descentralización y la autonomía administrativa con la consecuente elección popular de mandatarios regionales.
Esos mismos constituyentes establecieron un sistema electoral para los entes descentralizados territorialmente que garantizase que, el enconado centralismo que creó la pétrea constitución de 1886 – que se estaba sustituyendo por la del 91 -, no se engullese la autonomía que se reconocía como novedosa para los recién creados entes territoriales descentralizados.
Para ello, se ordenó que las elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles, se llevaran a cabo aparte de las elecciones nacionales; es decir, de las que escogen Presidente y Congreso.
Este diseño constitucional se hizo de sabia manera para que el centralismo no fuera a dar al traste con la autonomía territorial que el constituyente estaba reconociendo como una realidad social; lo cual podría ocurrir fácilmente en elecciones unificadas, en las que unas autoridades nacionales, centralistas y fuertes, terminarían siendo la cúspide de una pirámide en la que los candidatos regionales seguirían siendo vasallos del centralismo, fichas en un tiquete electoral que se diseñaría desde los salones del Bogocentrismo y acabaría con el artículo primero constitucional que reconoce la autonomía territorial.
Después de las incontables reformas que han cercenado las capacidades territoriales y del evidente puño de hierro con que se maneja el Pais desde el centro del poder; se pretende además, romper esa garantía de no injerencia – al menos no tan notoria – en las elecciones territoriales que estableció el Constituyente del 91.
Siguiendo con el tema constitucional, hay que afirmar que el constituyente derivado; es decir, el Congreso de la República, esta pretendiendo sustituir la Constitución, la reforma afecta la estructura misma del Estado ya que permite que el poder central invada la autonomía territorial desde su origen primario -la elección misma- a través de la pretendida unificación de periodos y unicidad de jornada electoral.
El congreso pretende cambiar las reglas de juego sobre la marcha y sustituir el mandato del constituyente primario con este intento de ampliar de un plumazo el mandato de unos servidores públicos que fueron ungidos por el pueblo para un periodo de cuatro años, no de seis. Eso, no solamente es inconstitucional, es un acto de abuso de poder que rompe las reglas de la democracia moderna; en la cual, los preceptos establecidos no se pueden cambiar en medio de su ejecución fáctica.
Todas las discusiones adicionales que se dan: si el proyecto favorece a Cambio Radical y a la U, si fue un acuerdo entre Uribe y Vargas, si tiene detrás a alcaldes y gobernadores con bancada propia en el congreso, si se ahorran recursos, si se extiende a buenos o malos gobernantes. etc, son distractores que deberían ser intrascendentes porque lo único cierto es que lo pretendido es inconstitucional y atenta contra el mandato del pueblo en las urnas. ¡ Cómo nos estamos pareciendo a la Venezuela de Chávez, Maduro & Cia !
