Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
El modelo de desarrollo de Cartagena está cimentado en un proceso de exclusión que se legitima a partir de la instrumentalización de colectivos y personas como chivos expiatorios, los cuales son estigmatizados y presentados como responsables de nuestros rezagos como ciudad. Se trata de un juego perverso en donde unos hacen la política y los negocios, y los demás nos hacemos la guerra. Todos deberíamos abordar este tema de manera responsable, especialmente los concejales que ultimamente andan con rezos y predicas sobre la relación entre los bailes de champeta y los altos índices de embarazos en adolescentes, solo para ganar votos.
A mediados del pasado mes de mayo fuimos testigos de escándalos y denuncias en prensa y redes sociales relacionadas con los exagerados cobros de los que son víctimas propios y extraños en la ciudad de Cartagena. Todas ellas se sumaron a la larga lista de evidencias de una desafortunada realidad que padecemos desde tiempos inmemorables y que debe ser abordada de manera responsable, especialmente por aquellos que prefieren rezar en las sesiones del concejo y que últimamente se han dedicado a predicar que el alto índice de embarazos en adolescentes es producto de los bailes de champeta solo para ganar votos.
Efectivamente cobrar 226 mil pesos por 3 platos de sopa de pescado es un robo vil y descarado, pero más allá de la anécdota también es importante evidenciar que detrás del espectáculo mediático hay un proyecto de apropiación de las ganancias del turismo en favor de unos pocos que se quieren quedar con todo el negocio. Se trata de un proceso de exclusión que se legitima a partir de la instrumentalización de colectivos y personas como chivos expiatorios, los cuales son presentados como responsables de nuestros rezagos.
Es un proceso en donde se estigmatiza a los vendedores informales, esa gente que se gana el día a día en el rebusque con el turismo, precisamente porque en la mayoría de los casos venden los mismos productos que ofrecen los hoteles, agencias, tiendas de artesanías… pero más económicos. La misma arepa de huevo que se comía un turista en una mesa de fritos tradicional, en una esquina del centro histórico, ahora se la come en un restaurante de alcurnia, pero con una considerable diferencia en el precio. Y que no se entienda como apología a la informalidad o una defensa a los abusos que muchos de estos vendedores cometen. Me refiero a que se impulsa un modelo de desarrollo turístico excluyente, que no ofrece alternativas para los habitantes de la ciudad, que por el contrario los criminaliza y persigue, contradiciendo, incluso, las actuales tendencias de desarrollo y turismo sostenible, que implican mayor inclusión de la población dueña del patrimonio.
Uno de los medios en registrar la noticia de la “Sopa de caviar” fue El Universal de Cartagena, http://www.eluniversal.com.co/cartagena/pagaria-mas-de-200-mil-pesos-por-tres-platos-de-sancocho-en-la-boquilla-193665. Señala la nota que los acusados se defendieron diciendo que se trató de una estafa de los “pide pide”, los jóvenes que se ubican en la carretera a llamar a la gente y que llevan los clientes a los restaurantes. “Esos muchachos esperan los carros y los traen aquí, pero no trabajan con nosotros. Nos compraron tres sancochos de róbalo y se los vendimos a 20 mil cada uno, eran róbalos de 600 gramos, pero ellos los revendieron a $70 mil. Son unos estafadores y nos hicieron quedar mal, nosotros vendemos a precios justos, es más, los turistas buscaron a la Policía y nos tocó devolver la plata que no habíamos cobrado, mientras que los estafadores se perdieron con el dinero”, sostuvo Róger Cárdenas, trabajador del restaurante Donde Julio.”
Al respecto, sería pertinente preguntarse quiénes son esos “jóvenes que se ubican en la carretera a llamar a la gente” y cuáles son los planes contemplados por la administración distrital para incluirlos dentro del modelo de desarrollo a partir del turismo o en cualquier otro escenario de la escala productiva. De acuerdo con la nota, Zully Salazar Fuentes, Presidenta Ejecutiva de la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), se limitó a señalar que “Conductas como la denunciada, y otras de las que también he tenido conocimiento, como el cobro exagerado en las carreras de taxi atentan contra el turismo y por ende contra la estabilidad laboral de muchos cartageneros… no podemos matar la gallina de los huevos de oro“.
Lo mismo está sucediendo con los cocheros… ¡Pobres caballos! exclaman los animalistas con mucha razón; salvo algún tipo de patología, es difícil no indignarse ante la escena de un caballo desplomado, jadeante y sin fuerzas. Sin embargo, nadie para bolas a las denuncias de los cocheros (ver la siguiente nota http://www.noticiascaracol.com/hallan-caballo-muerto-en-pleno-centro-historico-de-cartagena) quienes afirman ser víctimas de una persecución orquestada por intereses privados que pretenden sacarlos del centro histórico y apropiarse del negocio de los recorridos turísticos, reemplazando la tracción animal, pero manteniendo el servicio con vehículos en donde los cocheros ni siquiera entrarían como empleados. En el mejor de los casos pasarían de ser propietarios a empleados, sin ninguna garantía debido a la flexibilización laboral que afecta a los trabajadores del país.
La estrategia es la misma utilizada para el cierre o venta de las empresas públicas y demás entidades del Estado que, luego de su privatización, pese a que siguen prestando malos servicios, generan grandes ganancias para sus nuevos dueños. En su momento, el argumento para privatizar los hospitales en la ciudad fue que los empleados se robaban los insumos, incluyendo los rollos de papel higiénico, sin embargo, nadie decía nada por los malos negocios, endeudamientos y falta de recursos que padecían por culpa de malas administraciones. ¡Oh sorpresa! Las familias o casas políticas de los gerentes y gobernantes de turno hoy son los dueños o grandes accionistas de tales empresas. Y peor aún, esos mismos gobernantes ocupan los cargos directivos.
Y ni hablar de los taxistas… Que muchos nos atracan con el cobro exagerado en sus tarifas es innegable. Que deberían usar una tablilla señalando cuál es su ruta o los barrios a donde llegan y a donde no, especialmente en horas pico, también es muy cierto. Sin embargo, nadie se pregunta cuánto entrega un taxista al dueño del vehículo, cuánto gasta en combustible, cuánto pagan por la lavada, cuánto es lo del parqueo, cómo pagan su seguridad social, ni cuánto es el diario que llevan a la casa. Nadie se toma el trabajo de cuestionar el problema de movilidad, la falta de vías, las condiciones de inseguridad, los abusos por parte de los dueños y de las empresas o cooperativas que los afilian…
Según el último estudio sobre movilidad en Cartagena realizado por Cartagena Cómo Vamos http://www.cartagenacomovamos.org/asi-vamos-en-movilidad/, la velocidad promedio de movilización en la ciudad es de 15 kilómetros por hora. Así las cosas, para recorrer 6,8 kilómetros, distancia entre el Hospital Universitario del Caribe (barrio Zaragocilla) hasta la India Catalina (Centro Histórico) es necesario un tiempo mínimo de 30 minutos aproximadamente, en un servicio cuyo costo oficial es de 7.500 pesos. En un turno de 12 horas, del que hay que descontar en promedio dos horas para almuerzo, lavado y tanqueo, un taxista haría 20 servicios de este tipo. En este ideal, en promedio un taxista recibiría 150 mil pesos, de los cuales hay que descontar los 60 mil de la tarifa para el dueño, los 50 mil del tanqueo, los 5 mil del lavado y los 5 mil para seguridad social (actualmente pagan $211.000, en salud, pensión y ARL, de los cuales el patrón aporta entre 60 y 70 mil pesos) Es decir, podríamos pensar que su diario es de 40 mil pesos, pero recordemos que para ello sería necesario hacer una carrera tras otra.
El 15 de mayo, un día después de identificar a la sopa de pescado como nueva modalidad de robo, en http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/en-cartagena-270000-personas-viven-en-pobreza/20150515/nota/2762912.aspx se informaba que, de acuerdo con el Observatorio de Mercado Laboral en Cartagena, 51 de cada 100 personas en edad laboral viven del rebusque. En la nota, Dewin Pérez, coordinador del equipo de investigación de dicho Observatorio “afirma que aunque la ciudad muestra un bajo nivel de desempleo, hay una gran inequidad que se refleja en las condiciones de pobreza que se registra en algunos sectores de la ciudad. Según las estadísticas del Observatorio, en Cartagena hay 270 mil personas en pobreza que viven con menos de 210 mil pesos al mes.” Por supuesto, sobre esto no se dijo más nada.
Por lo pronto, los vendedores informales seguirán huyendo de los operativos de “formalización y recuperación de espacio público”, pero a la expectativa de gringos o cachacos que den papaya. Los dueños de restaurantes y ventas de comidas tradicionales seguirán pagando los platos que otros quiebran. Los cocheros y animalistas seguirán peleando entre ellos, grabándose mutuamente y haciendo plantones. Los taxistas seguirán rebuscándose con los que vivimos en condiciones iguales a las de ellos.
Nosotros seguiremos sin resignarnos y llamando a que nuestras voces y acciones trasciendan las denuncias en las redes sociales. Es que no podemos seguir cayendo en ese juego perverso en donde unos hacen la política y los negocios y los demás nos hacemos la guerra. Porque, como lo señala Lluís Casanovas i Plá (2010) en el prólogo al libro Cartagena de Indias: el mito de las dos ciudades, de Libardo Sarmiento Anzola, el desarrollo de Cartagena está anclado en “creencias” (sentido) que resultan invisibles y que equilibran las relaciones humanas y sociales, estableciendo imaginarios propios… Un pensar único y lineal que legitima determinadas prácticas culturales e intervenciones sociales y políticas, en función de un modelo que produce y reproduce desigualdades y fragmentaciones.
