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Desafías políticos y sociales que ponen riesgo la implementación del Acuerdo del Colón.
Estos son algunos de los desafíos que ha venido enfrentando (y enfrentará) la implementación del acuerdo logrado con las entonces Farc en la región caribe:
Desafíos políticos:
– Falta de voluntad política: El tema no ha sido central en el discurso de las élites políticas regionales y locales, salvo muy contadas excepciones, los tomadores de decisión no han mostrado mayor interés por conocer el texto del acuerdo y las oportunidades que este ofrece a las poblaciones de los territorios que administran. Lo que se ha traducido en la ausencia de políticas públicas o programas que gestionen la paz a nivel local y regional. Esta situación se puede complejizar aún más, si el partido Cambio Radical amplía el número de alcaldías y gobernaciones con las que ya cuenta.
– Debilidad institucional: Que se traduce en unos deficientes índices de desarrollo humano. Según Kalmanovitz, en esta región el 14 por ciento de la población (especialmente rural) es analfabeta, el doble que el nivel nacional; el 28 por ciento de las viviendas tienen hacinamiento, el 18 por ciento de las mismas tienen pisos de tierra y el 30 por ciento no tienen una adecuada eliminación de excretas y la esperanza de vida al nacer aumentó en 1,4 años, contra 4,3 años para la población nacional.
Desafíos sociales:
– El tema no hace parte de la agenda pública: Esto puede deberse a que el actor armado ilegal hegemónico en esta región fue el paramilitarismo, que junto a la acción ofensiva del Ejército, marginaron militar y territorialmente al Bloque Martín Caballero de las Farc, que para el año 2010 había concentrado la totalidad de sus estructuras armadas (Frentes 59, 41, 19 y la Unidad de Bloque) en la Serranía del Périja (en las zonas rurales de algunos municipios de los departamentos de Cesar y Guajira), hasta el año 2014 solo se mantenía operativamente activo el Frente 59, concentrando su accionar militar en el ataque a la infraestructura carbonífera de la mina “El Cerrejón” y con la realización de esporádicos ataques a la fuerza pública.
Estas acciones no representaban un esfuerzo bélico de envergadura, ya que eran realizadas por pocas unidades, se veían favorecidas por la concentración de este frente guerrillero en la zona de frontera con Venezuela, lo que les otorgaba una evidente ventaja estratégica. Esta situación, sumada a la desmovilización del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2006, hizo que los ciudadanos de esta región no se apropiara del proceso de negociación al percibirlo como ajeno a sus dinámicas cotidianas.
– Sociedad civil desarticulada: El accionar paramilitar (1997-2006), golpeó directamente a la sociedad civil de la región, ya que percibía a estas organizaciones ciudadanas como enlaces o extensiones políticas de la insurgencia. No es casual que entre los años 1997 y 2006 la fiscalía General de la Nación registra 333 masacres en los Departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira. Es decir, puede afirmarse que la sociedad civil del caribe, se encuentra aún en proceso de recomposición e incipiente articulación local (no regional). Concentrando su actividad especialmente en las capitales departamentales.
– Riesgos de seguridad: La desmovilización del Bloque Norte de las AUC, no dio por finalizado el fenómeno paramilitar y todas sus redes de ilegalidad en la Región Caribe colombiana, sino que por el contrario, abrió la puerta a una compleja trama de reconfiguraciones y mutaciones de las estructuras y grupos armados que no participaron en el proceso de desmovilización, otros que se rearmaron y otros que emergieron.
Debe aclarase que estos “nuevos grupos paramilitares”, mantienen una estrecha línea de continuidad con las estructuras de las AUC. Según el más reciente informe de INDEPAZ sobre presencia de grupos narcoparamilitares, 5 de los 11 departamentos con mayores afectaciones por actividad de estos grupos (Clan del Golfo, los Rastrojos y el bloque del Magdalena Medio) se encuentran en el caribe (Córdoba, Atlántico, Sucre, La Guajira y Bolívar), distribuyéndose en 70 municipios de los departamentos antes mencionados, destacándose el caso de Córdoba, donde hacen presencia activa en 25 de 30 de sus municipios.
