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El próximo Lunes 26 comenzará el proceso de dejación de armas en las 20 Zonas Veredales Transitorias. De la garantía de seguridad de las zonas y su apropiado funcionamiento, depende la necesaria cohesión del postacuerdo en su primera etapa, que mitigue la zozobra de anteriores experiencias. Es necesario tener en cuenta los riesgos de este proceso que apenas comienza.
El próximo 26 de Octubre comenzará el proceso de dejación de armas en las 20 zonas Veredales transitorias de Normalización –cabe resaltar que eran 23 y fueron a petición de la guerrilla reducidas a 20- y si se logra la refrendación de los acuerdos, un proceso paulatino de desmonte del aparato militar de las FARC (6 meses) y su incorporación integral a la vida civil Colombiana.
Algunas informaciones recientes sobre posibles ataques a la población civil en estos territorios, urgen la reflexión sobre el proceso del fin del conflicto. Aunque el gobierno ha desestimado que estas alteraciones del orden público tengan que ver con el conflicto armado, de la garantía de seguridad de las zonas y su apropiado funcionamiento, depende la necesaria cohesión del postacuerdo en su primera etapa, en donde se necesita un alto nivel de confianza que mitigue la zozobra de anteriores experiencias.
Las garantías y funcionamiento de estas zonas, se encuentran consignadas en el punto 3 de los acuerdos que resumen en tres grandes tópicos sus alcances, periodicidad y desenvolvimiento: la logística de la dejación de armas y fin del conflicto; garantías de seguridad para los excombatientes, y, la reincorporación colectiva económica y social de los mismos. En este punto también se especifica la importancia de las zonas Veredales y su articulación al resto del cuerpo de los acuerdos, en el punto específico de justicia transicional y reforma agrícola integral.
De lo que se observa consignado en este punto y teniendo en cuenta pasadas experiencias preocupan sobre todo tres puntos fundamentales. La aceptación del funcionamiento, consolidación y asimilación de las Zonas Veredales por la población civil; la garantía de la seguridad de los excombatientes; la eficiencia y efectividad del andamiaje institucional para la reincorporación; y por último y no menos importante, el efecto de la reincorporación en los centros urbanos.
Ya algunos grupos poblacionales han reaccionado negativamente a la implementación de las Zonas Veredales. Posibles alteraciones del orden público ocasionadas por la cercana presencia de estas zonas pueden llegar a ser un problema que le reste legitimidad al proceso. La asimilación de los excombatientes por centros urbanos y rurales cercanos puede ser lenta y compleja.
En relación a la seguridad de los excombatientes, cualquier posible vulneración de la vida de uno de ellos puede deslegitimar el proceso y generar zozobras que hagan recordar brotes de violencias del pasado. En esa lógica, la garantía de la no vulneración de las reglas de juego en las zonas, impediría posibles riesgos para los excombatientes que hacen parte de la misma.
El gran reto es lograr que funcione la institucionalidad para la reintegración. En procesos anteriores las instituciones creadas para la operación de estos procesos han demostrado su deficiente operatividad. Esta situación puede generar en el mediano y largo plazo problemas de nuevas violencias o reincidencia. Por ello, es fundamental que este proceso supere el simple paternalismo y beneficios individuales, lo que permitiría que los excombatientes, de manera colectiva, se cohesionen con la sociedad y que aporten con sus esfuerzos a la generación de producción e ingresos.
Una preocupación final de cara al post acuerdo, es la inexistencia de planes de mitigación de riesgos para zonas urbanas por fuera de las áreas priorizadas. Aunque se entiende que los recursos fundamentales para la estabilización democrática, deben invertirse en las zonas que vivieron los impactos del conflicto, debe preverse los posibles impactos de la desmovilización en los centros urbanos más importantes. En las ciudades aun se están viviendo los efectos del conflicto anterior con el paramilitarismo, la crisis humanitaria de 4.000.000 millones de Víctimas, las bandas criminales y el microtráfico, complejizan la situación en estos espacios societales. Se prioriza una paz rural pero no se tiene mucho en cuenta la necesaria Paz Urbana.
