Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
A propósito de los 23 desmembrados que han aparecido desde 2011 en la ciudad y de varios otros problemas de inseguridad, el investigador de la Uninorte, Luis Trejos, culmina con esta entrada este especial sobre violencia en La Arenosa.
En la primera parte de este especial analizamos el paso de la guerrilla y en la segunda el de los paramilitares y cómo éstos llegaron incluso a tener presencia en la Alcaldía.
En esta última entrega, nos referiremos a la situación de violencia actual de la ciudad, heredada de un pasado violento, y particularmente al horror de los desmembrados y la necesidad de que por fin se abra un debate público sobre la seguridad.
La desmovilización del Frente José Pablo Díaz con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el año 2006, no dio por finalizado el fenómeno paramilitar ni de todas sus redes de ilegalidad en la ciudad de Barranquilla, sino que, por el contrario, dio inicio a una compleja trama de reconfiguraciones y mutaciones de las estructuras delincuenciales ligadas directa e indirectamente a este, ya que algunos se rearmaron y otros emergieron.
Debe aclarase que estos “nuevos grupos paramilitares” o Bandas Criminales, mantienen una línea de continuidad con las estructuras de las AUC.
La naturaleza puramente delincuencial y la atomización de dichos grupos han producido un complejo escenario en el que su continua configuración y reconfiguración es un lugar común.
La incidencia de estos grupos delincuenciales sobre las dinámicas del crimen organizado en la ciudad de Barranquilla, es tal que en agosto de 2013 ante los continuos ataques armados contra choferes de buses urbanos de la empresa Coochofal, vendedoras de chance de la empresa Uniapuestas y tenderos por el no pago de extorsiones, así como la continua amenaza en contra de defensores de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana advirtiendo sobre el inminente riesgo de violaciones a los derechos humanos en las que se encuentran cerca de 5.000 habitantes de Barranquilla y de los municipios de Malambo, Puerto Colombia y Soledad, en el departamento de Atlántico.
Según la Defensoría del Pueblo: “presuntos miembros de los grupos armados ilegales autodenominados ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’, especialmente, una facción de los primeros que se hace llamar ‘Los Costeños’, profiere amenazas, cobra extorsiones, realiza homicidios y atentados con explosivos contra viviendas y establecimientos comerciales, entre otras graves violaciones a los derechos humanos de pobladores del distrito de Barranquilla y de los municipios de Soledad, Malambo y Puerto Colombia (…) [que] durante el primer semestre del año se registraron 145 homicidios en el distrito de Barranquilla; sin embargo, en toda el área metropolitana durante los primeros siete meses del año la cifra asciende a los 254 homicidios. Para el defensor del pueblo resultan particularmente preocupantes aquellos homicidios que han tenido un gran impacto social debido al hallazgo de cadáveres desmembrados y decapitados”(Defensoría del Pueblo, 2013).
En este contexto, la violencia se exacerba por la ausencia de una organización criminal hegemónica, lo que condujo a que en el año 2015 se produjera una situación de continua disputa armada entre cuatro grupos delincuenciales, “los Costeños”, “los 40 Negritos”, “los Papalópez” y “el Hueso”, quienes a su vez prestan servicios o son sub contratados por organizaciones armadas de alcance nacional, como la del Clan del Golfo o los Rastrojos.
En este sentido, las macro estructuras criminales han sofisticado su actividad ilegal, a través de lo que De León (2014) ha denominado aprendizaje criminal, que este se divide en dos dimensiones. Una individual y otra organizacional.
Para este escrito, se utilizará la segunda dimensión, ya que son las organizaciones las que incentivan el aprendizaje de sus individuos y las que consolidan las prácticas criminales en el ámbito social, teniendo en cuenta que el aprendizaje criminal es un proceso continuo y de largo plazo, que finalmente se deriva y determina la interacción con el Estado y sus agentes.
Para el caso de Barranquilla, lo que puede evidenciarse es que los grupos delincuenciales locales hacen parte de una estrategia de aplicación de principios empresariales a la práctica criminal, ya que han sido subcontratados u operan como franquicias locales de organizaciones con sede en otras regiones del país, especialmente Urabá.
La hipótesis de esta parte del escrito sostiene que en esta nueva estrategia, las organizaciones nacionales aprendieron que combatir con los grupos delincuenciales locales implicaba altos costos, no solo económicos sino también mediáticos, y por ende, de seguridad.
En este sentido, comprendieron que la cooptación e instrumentalización de dichos grupos (subcontratación), era más rentable en términos logísticos y de seguridad, ya que la implantación de una estructura criminal en un nuevo territorio implica la movilización de recursos humanos y materiales, tiempo para conocer el terreno y constituir la red de aliados, además del desgaste y riesgo que produce la disputa armada con los competidores locales (Trejos, 2018).
“Este ha sido el caso de ‘los Urabeños’ o ‘Clan del Golfo’, que en el año 2017 trajeron desde Córdoba y el Urabá antioqueño a cabecillas cuya función de ‘ideólogos’ les permitió subcontratar sicarios, comprar automóviles, motocicletas y preparar logística para atentados que les otorgara un espacio en zonas controladas por bandas locales”, señaló la fuente consultada por EL HERALDO. Asimismo, el investigador explicó que “el negocio de este grupo que hoy en día se encuentra muy golpeado es el manejo de rutas para el envío de grandes cantidades de droga a Europa, EEUU, y Oceanía a través de los puertos. Para cumplir este objetivo deben exterminar a bandas locales o aliarse con alguna que les garantice control total del territorio” (Elheraldo.com, 2018a).
En el caso de la ciudad de Barranquilla, lo que puede deducirse del análisis de las recientes dinámicas del homicidio y la aparición de cuerpos desmembrados es que la disputa es por el control de los barrios adyacentes o colindantes con el río Magdalena, especialmente el barrio Las Flores y todos los ubicados sobre la calle 17 hasta el puente Laureano Gómez (popularmente conocido como Pumarejo), todos con complejas situaciones socioeconómicas y con poca oferta institucional y baja presencia estatal.
En este sentido, el control de la calle 17 es estratégico, ya que gran parte del clorhidrato de cocaína que se exporta por el puerto de Barranquilla entra por tierra a bordo de vehículos que ingresan a la ciudad por el puente Laureano Gómez y son descargados en el mercado público “Barranquillita”, que inicia actividades en horas de la madrugada sin ningún tipo de control institucional, es decir, ninguna autoridad supervisa el cargue y descargue de camiones en ese sitio.
Luego, la droga es acopiada en los barrios adyacentes a la ribera del río, para ser exportada en lanchas rápidas o buques atracados en el puerto de la ciudad.
Lo anterior explica por qué hasta el año 2018, los asesinatos con decapitaciones y desmembramientos se concentraron en los barrios y sectores adyacentes al río (23 desde 2011 hasta el momento de escribir este texto),
Cabe destacar que el desmembramiento es una práctica propia de los grupos paramilitares, lo que indicaría que los grupos no desmovilizados de las AUC, los rearmados o los emergentes, han transferido conocimientos criminales a los grupos locales, con el fin de cualificar su accionar delictivo.
El desmembramiento es una forma de violencia discriminada con un alto contenido simbólico, ya que a través de la barbarie y sevicia aplicada al cuerpo en cuestión se envía un mensaje a la contraparte, quien ya estaría advertida de lo que le sucede a aquellos que no se someten o pretenden disputar el control del territorio.
En otras palabras, una decapitación puede ser igual o más efectiva que varios homicidios y al ser selectiva, no impacta sustancialmente los índices de homicidios, por lo cual no genera mayores reacciones por parte de la autoridad policial.
Cabe resaltar que recientemente el extraño y aún no resuelto episodio ocurrido con el empresario Rodolfo Acosta, puso en evidencia que en la ciudad hacen presencia estructuras armadas ilegales que estarían funcionando como “oficinas de cobro”, tal y como lo señaló el diario El Heraldo:
“Una nueva versión surge acerca del secuestro del empresario Rodolfo Acosta se conoce en las últimas horas. De acuerdo a Agentes Federales consultados por el periódico El Tiempo, existen indicios de que fue un residuo de la banda criminal de ‘los 40’, al parecer, liderada por el exparamilitar, Miguel Ángel Villarreal Archila, alias Salomón, y gente de la estructura ilegal de Alberto Orlández Gamboa, alias el Caracol, jefe del cartel de la Costa” (Elheraldo.com, 2018b).
En conclusión, tal y como se señaló en una columna anterior, se debe asumir que la ciudad sí fue y es escenario de la confrontación armada y, por lo tanto, se hace imperativo reconocer y analizar esta realidad para tomar las medidas necesarias tendientes a evitar la conformación o establecimiento de estructuras armadas en la ciudad, especialmente en sus periferias.
Para esto, se debe abrir una amplia discusión sobre estos temas en la ciudad de Barranquilla, incluyendo a la sociedad civil con el fin de promover un verdadero proceso de gobernanza en torno a la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado.
Referencias
Elheraldo.com (15 de octubre de 2018a) El contrato de la muerte: el apoyo del Clan del Golfo a los Papalopez. https://www.elheraldo.co/
Elheraldo.com (30 de septiembre de 2018b) Residuo de “los 40” detrás de la retención de Fito Acosta. https://www.elheraldo.co/
De León, I. (2014). Aprendizaje criminal en Colombia. Un análisis de las organizaciones de narcotraficantes. Bogotá: Ediciones de la U.
Informe de Riesgo 023-13 de 2013, emitido por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.
Trejos, L. (2018). Aproximación descriptiva al pasado y presente del crimen organizado en la ciudad de Barranquilla (2000-2016). De la hegemonía paramilitar a la subcontratación de bandas locales. En: Trejos, L. & Guzmán, C. (Directores). Barranquilla. Política, Economía y Sociedad. Barranquilla: Editorial Universidad del Norte.
