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La tutela de la Corte Constitucional regocija porque se reconocen los derechos de una comunidad reducida y devastada, pero preocupa que sea a través de una acción judicial que se logre el cumplimiento de aquello que se prometió para que retornaran a sus tierras.
La Corte Constitucional, en sentencia de revisión, amparó los derechos a una vida digna, integridad física, dignidad humana y salud de 138 familias que hoy habitan Las Palmas.
Las Palmas es un corregimiento de San Jacinto, Bolívar, que para finales de 2000 estaba desolado por los desplazamientos que allí ocurrieron desde 1995. Primero, por ataques y hostigamientos de los frentes 37 y 35 de las Farc-ep. Luego, por los homicidios y señalamientos del bloque paramilitar Héroes de los Montes de María.
Al llegar la década del 2000, un lugar que fue habitado por más de 500 familias se había quedado con menos de 20, los campos abandonados; la comunidad desmembrada.
El año pasado, los días 11, 12, y 13 de diciembre de 2014, 77 familias que divagaron, habitaron y sufrieron en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Montería, Sincelejo o Riohacha, retornaron con el acompañamiento de varias instituciones del Estado.
La música de bandas volvió a sonar. Los días escogidos para el retorno, coincidieron con las fiestas de Santa Lucía, la patrona del pueblo. Para esa fecha, conocí a Alexander Herrera, que se desplazó el 25 de febrero de 1999 cuando tenía 22 años. A sus 37, regresó, no para quedarse, fue a ver si las condiciones actuales eran mejores que las que tenía cuando abandonó Las Palmas. Con la tristeza del desilusionado, me dijo que todo estaba igualito, y hasta peor, comenzando por la carretera de acceso. Un camino trillado que llega hasta San Jacinto, cuyos 15 kilómetros se recorren en 50 minutos. En resumen, me dijo que en esas condiciones no volvía.
Luego de 10 meses, las condiciones en que viven las familias retornadas a Las Palmas han quedado en evidencia tras el fallo de la tutela (Sentencia T-579 de 2015) que protegió el derecho a la salud, y a una vida digna de sus habitantes.
Desde 2013 a la comunidad de Las Palmas se le prometió una mejor atención en salud, pensando también que su gente retornada como evidentemente sucedió. Los incumplimientos por parte de la Alcaldía de San Jacinto, la Secretaría de Salud Municipal, la ESE Hospital de San Jacinto, al igual que la Unidad para la Consolidación Territorial, son evidentes.
Con la sentencia de la Corte Constitucional se espera que llegue un médico, una enfermera y el puesto de salud sea dotado como se merece una comunidad que ha decido retornar. Las Palmas ha comenzado a reconstruirse, y por su condición de víctimas del conflicto merece una atención adecuada para que la comunidad logre consolidar sus procesos sociales y su cotidianidad sea cada vez más amable.
La tutela fue fallada en contra de la accionante (Defensoría Regional del Pueblo) tanto en primera instancia (Juzgado Promiscuo de San Jacinto), como en segunda instancia (Juzgado Promiscuo de Familia del Carmen de Bolívar), hecho que despierta todas las dudas sobre el conocimiento de nuestros jueces sobre el tratamiento de personas víctimas del conflicto armado en el marco de la ley 1148 de 2011 (Ley de víctimas).
La prestación de los servicios de salud en Las Palmas se espera que haya quedado garantizada con la sentencia de la Corte Constitucional que obliga al municipio de San Jacinto, a velar por los derechos de sus comunidades, y alerta a los próximos mandatarios locales para que en sus acciones de gobiernos prioricen aquellas comunidades que sufrieron durante el conflicto y hoy confían en las instituciones del Gobierno.
La tutela de la Corte Constitucional regocija porque se reconocen los derechos de una comunidad reducida y devastada, pero preocupa que sea a través de una acción judicial que se logre el cumplimiento de aquello que se prometió para que retornaran a sus tierras.
