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En los sures de Cesar, Bolívar y Córdoba, en donde el conflicto persiste, estas regionales enfrentarán problemas. Análisis del investigador Luis Trejos en nuestra red de expertos.
Así como ocurrirá en muchos otros de los corazones del conflicto que aún persiste en Colombia, en los sures del Caribe (Cesar, Bolívar y Córdoba), en donde siguen mandando actores armados ilegales, las elecciones regionales enfrentarán varios problemas.
La presencia de dinámicas de violencia directa en estos lugares ha terminado configurando muchos territorios desgobernados, que surgen de la deficiente o nula interacción de dos variables, a saber: espacio referido al territorio y el porcentaje de presencia efectiva o control que el Estado ejerce sobre el mismo, o sea “presencia estatal”.
La presencia estatal es nada menos que el cumplimiento permanente y efectivo de las obligaciones primarias del Estado, tales como: administrar justicia, brindar seguridad, recaudar tributos y garantizar la prestación y el acceso a servicios públicos básicos a todos sus ciudadanos.
Aunque esta definición se presenta como poco técnica, lo que se pretende resaltar es que la presencia del Estado no sólo debe limitarse a la instalación física de sus instituciones, sino que además estas instituciones deben prestar los servicios para las cuales fueron concebidas.
En este punto es posible afirmar que en estos territorios, la violencia se convierte en el medio utilizado para la resolución de las tensiones y los conflictos sociales; es decir, la violencia y quienes la administran o ejercen, pasan a ser el elemento dinamizador del desarrollo de la vida en común debilitando la democracia al negarla, instrumentalizarla o limitarla, lo que imposibilita la construcción de Estado, la creación de circuitos económicos legales y la organización de la sociedad civil.
Por todo eso, es posible anticipar que las dinámicas de violencia en esos sures afectarán directa e indirectamente el desarrollo de las elecciones de 2019, produciendo los siguientes efectos en detrimento de la democracia en el plano local:
1- Fractura el territorio y el desarrollo local, en la medida en que la presencia y control de los actores armados se concentra en las zonas rurales, lo que hace que las actividades político-electorales se concentren en las cabeceras municipales, excluyendo a las zonas rurales de la oferta de ideas y propuestas electorales, así como de la planeación del territorio ya que en la práctica los territorios rurales no cuentan con representación política que defienda sus intereses.
2- Disminuye la participación política ya que por efectos de la violencia los dispositivos electorales se limitan a los espacios urbanos, marginando a los habitantes de las zonas rurales lo que profundiza los ciclos de exclusión político-institucional del campesinado.
3- Debilita las administraciones locales, ya que en los casos en los que los actores armados han acumulado cierto poder buscarán incidir en la toma de decisiones, no en clave de la satisfacción de intereses colectivos, sino particulares, teniendo como objetivos la predación de rentas públicas, la búsqueda de impunidad y la creación de su propia clientela burocrática, es decir, las administraciones locales pasan a ser una extensión dinamizadora de los circuitos de ilegalidad.
4- En los municipios con presencia de actores armados se presentan lo que junto con el investigador de la Universidad del Norte, Ángel Tuirán[1], (siguiendo a Mauricio García Villegas) hemos denominado tres tipos de territorios: el primero es el territorio en disputa, donde existe una competencia por la regulación económica, social y política entre la administración local y algunos actores ilegales antes mencionados. La segunda categoría es la del territorio paralelo, donde existe un control diferenciado del mismo, es decir, el área urbana por la institucionalidad pública y el área rural por un actor armado. La tercera, es el territorio cooptado donde hay una captura de instituciones locales por organizaciones criminales.
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[1] Tuiran, A., y Trejos, L. (2018). Gestión territorial y violencia armada. Los riesgos para la gobernabilidad local en tres municipios del caribe colombiano. Bogotá: FESCOL.
