Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
En un País que no tiene Fiscal en propiedad y en el que el que se fue no actuó como era su deber -por ser, presuntamente, protagonista de los hechos-, son los periodistas (no los grandes medios) los únicos que se han dado a la tarea de escudriñar el entramado corrupto que se montó para reelegir a Santos.
A partir de investigaciones periodísticas hemos conocido informaciones que dan cuenta de cómo los grandes contratistas del Gobierno Santos terminaron entregando millonarios recursos a partidos políticos y a caciques electorales para, presuntamente, torcer el resultado de la segunda vuelta presidencial y reelegir a Juan Manuel Santos.
El asunto se ha pretendido encasillar en una discusión estéril sobre una presunta financiación ilegal de campañas para dejarlo en manos de un ente incapaz física y técnicamente y sin voluntad política para hacerlo, como es el Consejo Nacional Electoral; lo anterior, con la pretensión que tienen los involucrados (que son muchos y poderosos) de asegurarse de que semejante concierto para delinquir no pase a mayores.
Por ese camino no solo no llegará a ninguna parte la investigación sino que, la teoría de la “falta electoral” aseguraría limpiar con algodón la podredumbre de las conductas torcidas que se llevaron a cabo para reelegir a Santos.
No es ese el punto sobre el que debe versar la investigación de este entramado corrupto. La estrategia ilegal para lograr el segundo periodo de Santos fue mucho más compleja que la ejecutada por la mafia cuando compró la elección de Ernesto Samper porque, en la compra de la reelección santista, está involucrado el más alto nivel de la dirigencia de nuestro País: no es un asunto circunscrito a narcos y políticos corruptos.
La trapisonda empezaba en la cúspide del Gobierno; desde allí se daban instrucciones y se hacían guiños para que, a través de Ministerios y Agencias del Estado, se entregasen billonarios contratos a empresarios cómplices.
Los “ empresarios “ hicieron llegar miles de millones de esos recursos de contratación pública – en efectivo o en “aportes en especie” – a los partidos políticos, a los caciques regionales y a la maquinaria de la campaña, con el fin de ganar si o si la reelección.
En medio de ese impune ayuntamiento de Gobierno con privados hubo de todo: sobornos que se financiaron con sobreprecios millonarios para la adjudicación de los contratos públicos – como en el caso ya probado de Odebrecht en la ruta del Sol -.
La cadena de ilícitos continuaba: para sacar los dineros destinados a que la campaña comprase la reelección, los privados fingían contratos (con otros empresarios que se prestaban para ello) con objetos que de antemano se sabía, nunca se ejecutarían y “legalizaban” los giros millonarios destinados a aceitar la reelección -tal como lo declaró Andrés Sanmiguel ante la justicia-; se alteraron pliegos licitatorios, se pagaron coimas para garantizar la estabilidad jurídica de los contratos – como lo confesó el ex viceministro de Santos, Luis Miguel Pico – ; se lavó dinero, se torpedearon investigaciones – como consta en las grabaciones de Roberto Prieto, que obran judicialmente y fueron publicadas por Vicky Dávila -; en fin, un sin número de funcionarios públicos, particulares, empresarios, banqueros y políticos, se pasearon de lado a lado por todo el código penal. Es por ello que la justicia penal es la que debe asumir este reto de manera inmediata y no el “sin dientes” Consejo Electoral o la muy desprestigiada Comisión de “absoluciones” del Congreso (que está citando al detenido Bernardo Elias para que declare lo que conozca sobre este concierto para delinquir).
Más allá de lo anterior y gracias a una investigación periodística de Vicky Dávila, venimos a descubrir que no fue solo Odebrecht la que protagonizó la compra de la reelección: Cemex, habiendo recibido contratos millonarios en la primera administración de Juan Manuel Santos – provenientes de una política pública: la de las casas gratis -, también aportó a la vaca que con dineros públicos se hizo para reelegir al gobierno durante el cual, la cementera se convirtió por arte de birle birloque, en constructora/aportante de 4 mil millones de pesos para reelegir (con la plata de nuestros impuestos) a su contratante.
El modus operandi es exactamente el mismo en ambos casos: contratos públicos millonarios, entregados a aliados privados que servían de vehículos para trasladar esos mismos recursos públicos (no sin antes pegarle un mordisco a la tajada) por la trastienda, con destino a la reelección de Santos.
En medio de todo ese andamiaje participaron los entes de poder más encopetados del “establishment” – razón por la que el riesgo de impunidad es casi seguro – : desde el Palacio de Nariño, pasando por Ministerios, Agencias, multinacionales contratistas, hasta los dueños del sistema financiero: el grupo económico más importante del país, el de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, mutó en el Gobierno Santos de ser el zar del sistema financiero, a ser contratista público, constructor, concesionario y socio de los cómplices privados escogidos para ser vehículo de las platas corruptas que compraron la reelección: como en el caso de Odebrecht en la ruta del Sol.
El grupo Sarmiento, durante el gobierno Santos, se expandió al exclusivo sector de los mega contratistas públicos y además, compró al medio de comunicación más importante del País: el Tiempo; con lo cual se va explicando por qué, los grandes medios no desarrollan la agenda de destapar este escándalo sino que, apenas se investiga por parte de algunos periodistas individualmente considerados (capítulo aparte merecería el estudio de cuánto dinero público se fue en aceitar medios con el mismo fin: reelegir a Santos con la excusa de promocionar la paz).
El congreso también jugó su papel, ya sabemos del grupo de los “bulldozers” que cumplió un rol desde el legislativo porque este andamiaje necesitaba COMPES, CONFIS, vigencias futuras y adiciones presupuestales de las partidas de la Nación que aprobaban los congresistas de la Unidad Nacional para el cumplimiento del mismo único fin: reelegirse y reelegir a Santos.
El estropicio es de tan alto nivel que el senador Armando Benedetti se despachó en público y contó cómo, quien posteriormente sería Fiscal General, en su calidad de asesor de la campaña de reelección y abogado de los empresarios involucrados en toda esta trama, presuntamente la ayudó a diseñar y supuestamente; según lo dijo el controvertido senador, a recolectar los dineros. Al día de hoy no se conoce denuncia en contra De Benedetti después de estas aseveraciones que hizo públicas en medios de comunicación.
Otto Bula al ser capturado contó cómo, un millón de dólares de las coimas de Odebrecht tuvieron como destinatario final al gerente de la campaña reeleccionista, el mismo que hizo un acuerdo para pagar apenas 5 años de prisión por un delito que nada tiene que ver con la campaña en la que todo esto ocurrió. Ese gerente era Roberto Prieto, a quien se le escucha decir en interceptaciones ordenadas por los jueces dentro de su proceso: “Hay que salvar al presidente”, “soy independiente y hago lo que me de la hp gana”, “que me llame el hp presidente”, “el Presidente quedó limpio”, “¿qué dirá ahora el hp de Pastrana”?, “me dejaron solo”, “me quieren arrinconar para que me reviente”.
El señor Edgar Ramírez ex funcionario de CEMEX dice en un proceso de colaboración judicial que adelanta ante la justicia de los Estados Unidos que, de las cuentas bancarias de esa compañía, salió un millón de dólares con destino a financiar la reelección a través de los partidos políticos que conformaban la Unidad Nacional, después de haber recibido millonarios contratos públicos.
En todo este entramado afloran periodística y-o judicialmente, los nombres de los peces más gordos del País: Santos, Vargas Lleras, los Gaviria, el grupo de Luis Carlos Sarmiento, Roberto Prieto, Gina Parody, Cecilia Alvarez, Luis Fernando Andrade, Nestor HUMBERTO Martinez, Odebrecht, CEMEX, etc, etc ( lo más encopetado del poder; ya no solo político o narco, como ocurriera en escándalos de otrora).
Pese a lo anterior; hasta el momento, todo parece estar cubriéndose con un sofisma distractor: el encarcelamiento y condena de aquel que – tal como ocurría en el Chavo del Ocho -, terminaba siendo el único culpable del desorden colectivo de toda la clase: el Ñoño (Elias).
Los demás actores andan libres y tranquilos disfrutando del Nobel o del dinero que se quedó en el camino del torcido y siniestro vericueto de la reelección de Santos. ¿Será que llega un Fiscal que se atreva a investigar de fondo este concierto para delinquir?
