Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
El mar de tutelas es un síntoma de que el sistema viene funcionando muy mal. Y para cambiarlo, se requiere de una ciudadanía participativa y con real capacidad de incidencia sobre lo público.
A la fecha, 7 millones de tutelas han llegado a la Corte Constitucional para ser objeto de revisión y jurisprudencia. Sin embargo, la cifra real debe ser astronómica, pues cientos de colombianos utilizan esta herramienta para acceder a sus derechos. Según la Defensoría del Pueblo, diariamente se interponen más de 300 tutelas en los juzgados del país, sólo en lo que respecta al derecho a la salud.
Es claro que la ineficiente gestión en el sector público, sumado a fenómenos como la corrupción, han derivado en una ciudadanía que se muestra apática y que desconfía profundamente de la institucionalidad. En ese sentido, la solución no parece ser la de acabar o regular la tutela porque el problema de fondo no son los juzgados empapelados. Se trata de aspectos estructurales asociados a al funcionamiento del sistema y a la manera cómo la ciudadanía participa de manera activa en el ciclo de las políticas públicas para la tramitación de sus problemáticas sociales.
Particularmente, en lo concerniente a la participación ciudadana, es preocupante el nivel desconocimiento que hay de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 en los territorios del país. Esta norma ratifica la participación ciudadana como un derecho y nos brinda unas herramientas que deben ser objeto de exigibilidad por parte de la ciudadanía y de las organizaciones sociales.
La flexibilidad al acceso a los mecanismos de participación ciudadana y la promoción de su uso, la comprensión de la rendición de cuentas como un proceso-más que como un simple evento anual- para hacer más transparente y eficiente la gestión pública, el necesario fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y del control social, son algunos de los fundamentos de la Ley.
Así mismo, la 1757 plantea el establecimiento en los territorios de una coordinación para la participación ciudadana, que implica la formulación de políticas públicas en la materia, la creación de fondos territoriales para la financiación de la participación, la puesta en marcha de los Consejos de Participación como escenarios de diálogo y concertación, así como la implementación obligatoria de ejercicios de presupuestos participativos con la ciudadanía sobre proyectos priorizados. Esto cobra aún más vigencia en un escenario de post conflicto en el que la participación es un eje transversal de los Acuerdos.
El mar de tutelas es un síntoma de que el sistema viene funcionando muy mal. Y para cambiarlo se requiere de una ciudadanía participativa y con real capacidad de incidencia sobre lo público. En la medida en que los ciudadanos nos apropiemos del Estatuto, dimensionemos sus alcances y tengamos un rol más activo en el diseño e implementación de las políticas públicas; así como en los escenarios de rendición de cuentas, la “tutelitis” será la excepción y no la regla.
