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Debemos estar pendientes que sale al fin en la Ley de Regiones. Nuestro futuro está en vilo. Necesitamos una segunda oportunidad en esta tierra. El centralismo ha fracasado. Por el profesor Jairo Parada.
Las últimas cifras del Dane sobre la evolución de la pobreza multidimensional y la pobreza extrema en Colombia son preocupantes, tanto para el país como para la Región Caribe.
En ambas, se rompió la tendencia decreciente de los indicadores que se traía hasta el 2017, y empezó un ascenso preocupante.
A nivel nacional, la pobreza multidimensional subió al 19.6 por ciento y en lo rural a la brutal cifra del 39.9 por ciento.
En el Caribe, la pobreza multidimensional subió al 33.5 por ciento, registrando un incremento significativo del 7.5 por ciento frente al 2016.
Las privaciones (salud, rezago escolar, analfabetismo, eliminación de excretas, acceso a agua limpia, etc) en los hogares subieron al 43.8 por ciento.
En materia de pobreza monetaria, Barranquilla (AM) ya registra un 21.5 por ciento de los hogares bajo esta condición, Riohacha un 47.5 por ciento, Valledupar está con el 34.4 por ciento, Sincelejo en el 28.6 por ciento, Santa Marta con el 33.7 por ciento, Montería alcanza un 27.5 por ciento y Cartagena un 25.9 por ciento.
Todos estos indicadores crecientes debieran alertar al Gobierno Nacional y a las gobernaciones, pues ello indica que el dinamismo económico que tenía la región parece no estar traduciéndose en una mejora de los indicadores sociales, observándose este cambio de tendencia.
Igualmente, ello indica que los mecanismos tradicionales que usa el Gobierno Nacional como el Sistema General de Participación (SGP) y el Sistema General de Regalías (SGR) no están logrando compensar las desigualdades regionales crecientes.
Todos los estudios indican que en el país no existe la llamada convergencia regional entre las regiones, y el simple devenir inercial de las cosas, no logra modificar esta tendencia.
Dejar esta realidad tal cual, no es una opción pues las tendencias vegetativas de la economía regional y nacional, no logran amortiguar los desequilibrios regionales.
El desarrollo espontáneo de los mecanismos de mercado, y las políticas públicas del Estado para atender este problema, no cambian el curso de las cosas.
En términos relativos, la Región Central, Antioquia, el Valle y Santander, se alejan con mayor velocidad de desarrollo, de la Región Pacífica y Caribe.
El modelo de manejar el país desde el DNP y el Ministerio de Hacienda no funciona para resolver este desequilibrio de tipo horizontal, el cual agudiza más las desigualdades en las regiones pobres.
Desde la Constitución de 1991 se ha venido luchando por la regionalización del país, lo cual implica crear un nivel adicional en el ordenamiento territorial que se incruste entre la Nación y los Departamentos.
Estos últimos seguirán cumpliendo sus funciones, pero para atender las necesidades de las regiones, enfrentando sus necesidades específicas, se necesitan unos entes que impulsen programas y proyectos de alcance regional, es decir, que involucren a dos o más departamentos.
Lamentablemente la LOOT que se aprobó en el Gobierno de Santos fue un saludo a la bandera, al impedir que estas regiones lograran conseguir el financiamiento del funcionamiento de las RAPs (Regiones Administrativas y de Planificación) con recursos de la Nación, Regalías o del SGP.
De esta forma, se aprobaron formalmente, pero se les dejó sin la posibilidad de acceder a recursos presupuestales. Si se quería región, se exigía que los departamentos financiaran su funcionamiento, esquema que ya fracasó en el pasado en el Caribe con el Sipur (Sistema Integrado de Planificación Urbana y Regional).
Ahora, con el proyecto de Ley 182 de 2017, el cual está a la firma del Presidente Duque, renacen las esperanzas, al autorizarse las RAP, como un paso previo para crear las RET (Regiones como entidad Territorial).
Ya existen varias RAP, la que mejor funciona es la RAPE-Centro con Bogotá y los departamentos vecinos, se constituyó la RAP Pacífico, la del Caribe, y vienen otras en camino.
Las ordenanzas departamentales las han autorizado, pero el escollo ha sido la financiación del funcionamiento de las mismas. Por ello, es clave examinar qué mecanismos considera esta Ley de Regiones.
En el proyecto “Se modifica el artículo 32 de la LOOT haciendo énfasis en la financiación de las RAP, a través de una asignación del 2 por ciento del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo de Ciencia Tecnología, e Innovación de la respectiva región, destinado a financiar o cofinanciar proyectos de interés regional gestionados por la RAP. De la misma manera se elimina la prohibición legal que establece la imposibilidad de las regiones administrativas y de planificación de acceder a los recursos del presupuesto general de la nacional, del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías”, lo cual apenas plantea la posibilidad de financiar su funcionamiento con recursos del presupuesto nacional y cofinanciar proyectos de inversión, pero nuevamente descarga en los departamentos atender el funcionamiento de las mismas, esquema que ya fracasó en el pasado.
La experiencia indica que es bueno que los territorios aporten al funcionamiento de estos entes, para que sean dolientes de los mismos, pero si no hay un apoyo definido específico del Gobierno Nacional, van a depender del entusiasmo o apatía de los gobernadores.
Igualmente, reducir los proyectos a cofinanciar con el 2 por ciento de los fondos designados en el SGR, es reducir sus posibilidades de impacto por la baja cuantía de estos proyectos.
Otro aspecto preocupante es el plazo para transformar las RAP en RET, fijado en cinco años.
Por mi experiencia, creo que se necesita mínimo un plazo de diez años para solidificar un mecanismo de estos, y consolidar un equipo técnico.
Además, hablar de RET sin renovación política en los territorios, es ofrecer un buen bocado burocrático a los sectores tradicionales que los dominan actualmente, quienes han impedido los avances de las leyes anticorrupción y la misma reforma política.
Una RAP, enfrentando todos sus programas y proyectos, creo que exigiría un presupuesto mínimo del orden de unos 150 mil millones de pesos anuales, por la envergadura de las tareas que debe asumir.
Diseñar programas y proyectos no es barato, y esta labor a nivel regional se escapa de las competencias departamentales, y a la Nación no le interesa.
En Colombia se prefieren las políticas nacionales con impactos regionales, pero no políticas regionales diseñadas desde las mismas regiones. Con una RAP Caribe por ejemplo, podríamos pensar en una estrategia integral para nuestra región en materia de desarrollo agropecuario, minero, energético e industrial.
Repensaríamos la necesidad de una campaña regional de alfabetización. Avanzaríamos en un programa turístico para todo el Caribe y tendríamos un proyecto regional para el cambio climático y la amenaza costera. Repensaríamos nuestra educación superior, todavía deficiente en cobertura y calidad.
Ni que decir de tener nuestro propio plan vial, que conecte los sures con el resto del país, y se integre al río Magdalena. Pensar en nuestras propias autoridades portuarias, para impulsar su desarrollo.
En fin, pensar como región frente al mundo. De lo contrario, seguiremos en la inercia, viendo el desarrollo del trapecio privilegiado del interior, el cual nos va dejando en el camino. No puede ser que todos nuestros esfuerzos en capital humano, se traduzcan en que nuestros jóvenes migren a otras partes por falta de empleo productivo en la Región.
Debemos estar pendientes que sale al fin en la Ley de Regiones. Nuestro futuro está en vilo. Necesitamos una segunda oportunidad en esta tierra. El centralismo ha fracasado.
