La Incertidumbre de la Planeación

Aunque antes de la pandemia administradores locales debieron realizar un balance general de sus territorios, el panorama cambió y ahora es más incierto. Esta situación ha dejado en evidencia la necesidad de invertir, en salud, empleo, cultura ciudadana y digitalización.

En el mes de abril, alcaldes, gobernadores y organizaciones sociales del país, realizaron una petición al Gobierno Nacional y al Departamento Nacional de Planeación, solicitando extender los plazos para la formulación, socialización y presentación de los Planes de Desarrollo Locales.

Y razones nos les faltan, teniendo en cuenta que para las administraciones locales, los Planes de Desarrollo son instrumentos que permiten reducir la incertidumbre sobre el futuro, mediante, como lo señala Jacques Chevallier en su obra sobre Ciencia Administrativa, la fijación de un conjunto de objetivos plurianuales, coherentes entre sí y que buscan no sólo orientar a los agentes económicos, sino, además, constituirse en el marco de valores en el cual se inscriben las Políticas Públicas.

En los días siguientes, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría de la República expresaron su respaldo a la petición de los gobiernos locales, basados en la necesidad de reformular los planes por los efectos que la pandemia del COVID-19 pueda dejar en los territorios.

Tal y como señalan los entes de control, hoy por hoy los PDL deben responder a nuevos criterios para planear el territorio. A nuestra consideración, hay cuatro que resultan de vital importancia para los entes territoriales: la reactivación económica del ente territorial, y con esta, la atención al sector informal; la prestación efectiva de los servicios, en especial el servicio de salud; la cultura ciudadana en el territorio que fortalezca la disciplina colectiva; el diseño de políticas para las población ubicada en la línea de pobreza y marginalidad. 

Si bien, antes de la pandemia tanto alcaldes como gobernadores debieron realizar un balance general de sus territorios, el panorama cambió y ahora es más incierto. Esta situación ha dejado en evidencia la necesidad, en muchos territorios, de invertir en infraestructura en salud, digitalización e incluso, cultura ciudadana. 

Así mismo, el aislamiento obligatorio al cruzarse  con los tiempos que han tenido la ciudadanía, los Consejos Territoriales de Planeación, los Concejos y Asambleas para revisar y discutir el PDL presentado por el Alcalde o Gobernador, ha disminuido la participación ciudadana en el proceso de planeación.  

Por lo anterior, se hace fundamental que, de acuerdo con las realidades que los alcaldes y gobernadores están evidenciando en sus territorios, se replanteen inversiones, proyectos y metas para los próximos cuatro años, es decir, partir de la incertidumbre, para proyectar escenarios de certeza. Este es el momento para decidir si las acciones consideradas como prioritarias en primer momento lo siguen siendo o si, por el contrario, hay otras que requieren mayor atención y recursos. 

Ahora las entidades territoriales se están enfrentando a una crisis sin precedentes en la historia del país, por lo que la planeación de las acciones a tomar en adelante requieren más cuidado. De las acciones que tomen las autoridades en el corto y mediano plazo dependerá que la salida de la crisis se haga de la manera más favorable para todos los ciudadanos. 

1.  Ha quedado en evidencia que muchos municipios y/o departamentos no cuentan con los recursos suficientes para afrontar la crisis (más allá de entregar paquetes alimentarios a las familias de menor o ningún ingreso), así como también, según proyecciones, muchos tendrán menos recursos cuando esto pase. Por tanto, el PDL debe priorizar estrategias que permitan optimizar y generar nuevos recursos en el territorio, así como dinamizar su economía. 

2.  Los déficits en la prestación de servicios como salud, educación y agua potable se han visto más marcados por la emergencia. En muchos territorios, no hay infraestructura suficiente para garantizar que, en caso de un aumento significativo de pacientes críticos, estos puedan ser debidamente atendidas en centros hospitalarios; así como tampoco que los estudiantes puedan seguir su año escolar de forma virtual; incluso, no es posible que todas las personas del país accedan a recursos básicos para enfrentar el virus como son el agua y el jabón. Resulta fundamental que en los PDL, en adelante, se propongan metas para ampliar estas coberturas y así, garantizar estos servicios en todo tiempo. 

3.  Un gran reto que han tenido las administraciones en medio de la crisis ha sido garantizar que las personas respeten y cumplan las normas de aislamiento. Y aunque en algunos casos eso se explica por la necesidad de conseguir recursos o razones climáticas, también es importante la legitimidad, confianza y pertinencia que encuentran los ciudadanos en las instituciones públicas. Así que, los PDL deben incluir realmente a la ciudadanía, su contexto, su forma de ver los problemas y las soluciones que puedan encontrar a ellos. La planeación basada en la gobernanza, permitirá crear las condiciones necesarias para fortalecer la disciplina colectiva.

4. Según el último informe del Dane, en Colombia para el año 2018 la pobreza multidimensional fue 19, 6 por ciento, la pobreza monetaria fue 27,0 por ciento y la pobreza extrema fue 7,2 por ciento en el total nacional. Así mismo,  entre 2017 y 2018, 190.000 personas entraron a la pobreza monetaria. En el escenario actual, muy seguramente esta realidad se ha agravado, teniendo en cuenta, que una gran parte de la población cuyo sustento lo obtenían de la economía informal, hoy ha visto reducidos sus ingresos a cero, y en el corto plazo, se deben diseñar e implementar medidas concretas para la atención de la informalidad. 

Hoy, a pocos días que se cumpla el plazo legal para aprobar los PDL y en medio de tanta incertidumbre, aún no hay respuesta institucional para su prórroga, incluso cuando cada vez más surgen razones para re-definirlos y hacerlos congruentes con la realidad que enfrentamos en estos días. En últimas, que las administraciones locales y la ciudadanía, puedan contar con el tiempo suficiente para proyectar nuevos escenarios de certezas.