¿La ñapa? No, gracias

En nuestra red de expertos del Caribe, el exsecretario de Cultura de Barranquilla, Afif Siman, analiza la iniciativa que pretende unificar los periodos de mandatarios locales y presidente, extendiendo el tiempo de los actuales.

En 1994 por primera vez voté para presidente, la contienda la disputaban Ernesto Samper y Andrés Pastrana. Tengo en mi memoria la emoción de sentir que con esa papeleta depositada en una urna tomaba una decisión trascendental para el país.

Con una visión menos romántica, veinticinco años después entre tantos escándalos que escriben la historia pasiva y violenta de Colombia, sigo creyendo en el poder del voto, en su importancia, especialmente en una democracia con tan pocos espacios de participación efectiva.

Ese pilar democrático (en el significado real de la palabra) es el que hoy está en riesgo de ser socavado  ante la aprobación  en primer debate, por parte de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, de una proposición que busca ampliar el mandato de los actuales alcaldes y gobernadores hasta el 2022, para así unificar los períodos con el presidencial.

Sumar dos años al período de los actuales mandatarios de la manera como se aprobó en primer debate lesiona un derecho humano al no respetar la expresión y la voluntad de los electores.

Dentro de las justificaciones de quienes defienden esta reforma al artículo 261 de la Constitución, está la necesidad de armonizar los planes de desarrollo nacional con los de los territorios.  

La argumentación, lo que deja en evidencia es un sistema centralista que supedita los planes de desarrollo locales al nacional, que obliga a las regiones a tener que “armonizarse” con los planes de desarrollo nacional.

Pudiendo, para efectos de la discusión, ser en sentido contrario: que el presidente que se posesione, cuando los mandatarios locales llevan dos años y medio de gobierno,  elabore su plan de desarrollo nacional teniendo en cuenta las metas, objetivos y prioridades de la ciudad-región y no al revés.

Después de todo, tanto unos como otros tienen que ajustarse a las leyes marco que rigen cada uno de los temas que componen el plan de desarrollo. Por ejemplo, los planes y proyectos de cultura tienen que ajustarse a la Ley General de Cultura tanto para el plan de desarrollo nacional como para los locales y departamentales, de tal manera que aunque existan diferencias entre las promesas de campaña del presidente y de los alcaldes y gobernadores, todos sus proyectos deben enmarcarse en parámetros existentes.

Por otro lado si el plan nacional de desarrollo tiene que presentarse al Congreso dentro de los seis meses siguientes al inicio del período presidencial y los locales a los respectivos concejos y asambleas, dentro de los cuatro meses siguientes al inicio del período de los mandatarios locales, en términos prácticos esa armonización, de lograrse, se hará en detrimento de la calidad de los planes, principalmente de los regionales.

Elaborar un plan de desarrollo es un ejercicio complejo que requiere tener en cuenta las necesidades de los distintos sectores, las restricciones presupuestales y  las leyes marco que le dan legalidad a los objetivos del plan y a la posterior ejecución de los mismos.

La mayoría de los funcionarios directivos están recién posesionados al inicio de un gobierno, analizando el estado de las oficinas que heredaron, y cómo sacar adelante sus áreas, y teniendo que concertar con su sector los objetivos para cuatro años.  

Con este cambio que se pretende hacer estos funcionarios van, además, a tener que ponerse de acuerdo con otros funcionarios del orden central, que estarán también recién llegados, con las mismas presiones y que, además, querrán imponer la visión de desarrollo del gobierno central.  La “armonización” se transformaría en caos nacional.

No pongo en duda que hay buenos mandatarios locales, así como hay otros en los que los ciudadanos cuentan los minutos para que se les acabe el tiempo y reemplazarlos, ese no es el tema de fondo. Lo que aquí está en juego es nuestra voz como electores, nuestra voluntad que expresamos por medio del voto.

Colombia está cambiando, los jóvenes se levantan a exigir sus derechos con altura y argumentos, casi  doce millones de personas expresaron su inconformismo hacia la clase política del país en la consulta anticorrupción. 

No obstante, nuestra dirigencia aún piensa que la plata que cuesta la logística de una elección es mucha y sin embargo, no concretan una legislación anticorrupción efectiva.

Hoy pareciera que quieren retroceder a la Constitución del 86 donde se escogían a los alcaldes a dedo y sin más preámbulo, y aunque digan que es por una sola vez, corremos el riesgo de que lo que hoy quieren presentarnos como ñapa,  se les vuelva costumbre. ¡No, gracias!