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Debido a las guerras por los territorios, es posible que disminuya la participación política en los sures. Análisis del investigador Luis Tejos.
Como en casi todo el resto del país, en el Caribe el desarme y transformación de la exguerrilla de las Farc en movimiento político no se tradujo en el fin de la violencia. Por el contrario: los espacios dejados fueron llenados por el ELN, el Clan del Golfo, disidencias y otros grupos de delincuencia organizada.
Esta es la razón por la cual en los sures de Bolívar, Córdoba y Cesar, puedan verse afectadas de alguna manera estas elecciones regionales de octubre, produciendo efectos como estos:
a) Una fractura del territorio y el desarrollo local, en la medida en que la presencia y control de los actores armados se concentra en las zonas rurales, lo que hace que las actividades político-electorales se concentren en las cabeceras municipales, excluyendo a las zonas rurales de la oferta de ideas y propuestas, así como de la planeación del territorio. En la práctica los territorios rurales no cuentan con representación política que defienda sus intereses.
b) Disminución de la participación política, pues por efectos de la violencia las dinámicas electorales se limitan a los espacios urbanos, marginando a los habitantes de las zonas rurales. Esto profundiza los ciclos de exclusión político-institucional del campesinado.
c) Debilitamiento de las administraciones locales, ya que en los casos en los que los actores armados han acumulado cierto poder, podrían incidir en la toma de decisiones con intereses particulares, alejados de la satisfacción de las necesidades colectivas, teniendo como objetivos la predación de rentas públicas, la búsqueda de impunidad y la creación de su propia clientela burocrática. Es decir, las administraciones locales pasan a ser una extensión dinamizadora de los circuitos de ilegalidad.
¿Pero qué es lo que está pasando en esas subregiones y por qué?
Aunque se han presentado acciones armadas y amedrentamientos en municipios de los siete departamentos continentales del Caribe colombiano, la violencia armada se mantuvo y adquirió nuevas dinámicas en los sures por las siguientes tres hipótesis:
1. Estos territorios hacen parte de otras subregiones altamente conflictivas, como el Catatumbo, en el caso del sur del Cesar; el Magdalena Medio, con el sur de Bolívar; y Urabá y el Bajo Cauca en lo referido al sur de Córdoba.
2. Allí hay presencia de rentas ilícitas, especialmente áreas de siembra de hoja de coca y procesamiento de clorhidrato de cocaína.
3. También hay una marcada debilidad institucional que se verifica en los altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, especialmente en las zonas rurales.
En estas subregiones del Caribe el Estado no ha logrado controlar los monopolios que deben ser su pretensión básica: la coerción legítima, recaudo de tributos y la administración de justicia.
Así, allí se configuran dos de las cuatro categorías de territorios que siguiendo a García Villegas, Torres, Revelo, Espinosa & Duarte (2016) proponen Trejos y Tuirán (2018). La primera es el territorio disputado, donde existe una competencia por la regulación económica, social y política entre la administración local y algunos actores ilegales.
La segunda categoría es la del territorio paralelo, donde existe un control diferenciado, es decir, el área urbana es controlada por la institucionalidad pública y el área rural por un actor armado rural.[1]
Pero, aunque son las más golpeadas, estos no son los únicos lugares del Caribe que hoy padecen violencia armada.
Hasta junio de 2019, en la región han hecho presencia unidades de tres diferentes Frentes de Guerra del ELN. Miembros de los Frentes guerrilleros Luciano Ariza y José Manuel Martínez Quiroz en La Guajira y centro del Cesar respectivamente (Frente de Guerra Norte); el Frente Camilo Torres Restrepo en el sur del Cesar (Frente de Guerra Nororiental) y los Frentes Edgar Amílkar Grimaldos, Héroes y Mártires de Santa Rosa, José Solano Sepúlveda y Alfredo Gómez Quiñones (Frente de Guerra Darío de Jesús Ramírez Castro).
En Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre se reporta actividad del Clan del Golfo.
En el sur de Córdoba también operan Los Caparrapos o Frente Virgilio Peralta Arenas, un grupo criminal vinculado al narcotráfico y la minería ilegal, que hasta hace poco tiempo hizo parte del Clan del Golfo (InsightCrime, 2019).
En el mismo territorio hacen presencia disidencias de los frentes 18 y 58 de las desmovilizadas Farc[2]
A su vez, en el departamento del Magdalena hace presencia el el grupo de Los Pachencas, que hasta el mes de agosto lideraba el crimen organizado en el Distrito de Santa Marta y los municipios de Ciénaga en Magdalena y Dibulla en La Guajira.
Este grupo estableció su retaguardia en la Sierra Nevada de Santa Marta ya que su escarpada geografía, la poca presencia estatal y su privilegiada posición geográfica, con amplias y poco habitadas costas en el mar Caribe y su relativa cercanía de las bahías de Gaira, Santa Marta y Taganga, las puntas de Castillete, Betín y Brava y los cabos de La Aguja, San Agustín y San Juan de Guía) y la Ciénaga Grande, la han convertido en un espacio atractivo para el narcotráfico y la extorsión sobre la agroindustria, el comercio y la actividad turística.
Hasta agosto de 2019 en Santa Marta se libraba una guerra entre el Clan del Golfo, un grupo llamado La Silla y Los Pachencas por el control del crimen organizado en los municipios antes señalados (Trejos, 2019)[3]
Paradójicamente, pese a esta violencia durante 2018 y lo que va de 2019 se han presentado fenómenos que arrojan luces y sombras con respecto a la violencia armada y la construcción de paz en el Caribe.
La paradoja consiste en que en los tres sistemas montañosos que fueron epicentro del conflicto armado, ubicados en el norte (Montes de María, Sierra Nevada y Serranía del Perijá), la construcción de paz avanza satisfactoriamente con la consolidación de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reintegración (ETCR) de Pondores y Tierra Grata, la ausencia de disidencias, grupos rearmados y cultivos ilícitos, la formulación de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el avance del turismo, especialmente ecológico o de naturaleza.
Mientras tanto, en términos generales puede afirmarse que en el sur de Bolívar y de Córdoba la violencia armada gravita en torno a la disputa y control de rentas ilegales, especialmente las vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.
Esta dinámica también podría haberse trasladado a capitales como Barranquilla, Cartagena, Montería, Riohacha y Valledupar, pues en todas ellas se han registrado amenazas por parte de algunos grupos en el último año. Dichos grupos armados buscarían consolidar su presencia en el territorio, teniendo en cuenta la importante cantidad de rentas legales e ilegales que pueden predar y la condición portuaria de Barranquilla y Cartagena, muy funcional para la exportación de clorhidrato de cocaína y la importación de armas, dólares y precursores químicos.
El enfoque analítico, del presente artículo, denota un carácter relacional, pues en el Caribe colombiano la violencia es utilizada para mantener o cambiar los comportamientos de aquellos sujetos sobre los cuales se ejerce, convirtiéndose en una forma más de comunicación e interacción política; esto en el marco de un “entorno generoso” para su uso continuo.
Así, los altos niveles de impunidad, la indiferencia ciudadana que se manifiesta en su poca capacidad de movilización y sanción social efectiva, así como la naturalización y justificación social de los hechos violentos, sirven como incentivo permanente para el ejercicio de la violencia con fines políticos.
Por todo lo anterior es posible anticipar que las dinámicas de violencia armada en los territorios antes referenciados afectarán directa e indirectamente el desarrollo de estos comicios en detrimento de la democracia en el plano local.
Referencias:
Álvarez, E., Llorente, M., Cajiao, A. y Garzón, J. (2017). Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición. Serie informes, No 27, Bogotá, Fundación Ideas Para la Paz.
García Villegas, Mauricio., Torres Echeverry, Nicolás., Revelo Revolledo, Javier., Espinosa Restrepo, Jos., & Duarte Mayorga., Na-talia (2016). Los Territorios de la Paz. La construcción del Estado local en Colombia. Bogotá, Documentos 28. Ideas paraconstruir la paz. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejustica
InsightCrime. (2019). Los Caparrapos. Recuperado de https://es.insightcrime.org/colombia-crimen-organizado/los-caparrapos/
Trejos, L. (2019c). ¿Y si promovemos pactos entre ilegales para disminuir la violencia en Córdoba y la Sierra?. Recuperado de https://www.lasillavacia.com/silla-llena/red-caribe/y-si-promovemos-pactos-entre-ilegales-disminuir-la-violencia-cordoba-y-la
Tuiran, A., y Trejos, L. (2018). Gestión territorial y violencia armada: los riesgos para la gobernabilidad local en tres municipios del Caribe colombiano. Bogotá: FESCOL.
[1] La tercera categoría es el territorio donde hay una captura de instituciones locales por organizaciones criminales. Y por último, el territorio abandonado, donde el conflicto armado no es la variable determinante, sino, la falta de capacidad técnica o administrativa de la administración local.
[2] En este trabajo se entiende como disidencias a todas aquellas unidades y estructuras de las entonces FARC-EP que por múltiples razones se mantuvieron en armas al no participar o alejarse
