Lo que observé el domingo de elecciones.

Las elecciones en el país se encuentran distantes del deber ser Democrático, en las pasadas elecciones se repitieron las mismas conductas tradicionales que envilecen el ejercicio político. Los huecos y la permisividad del sistema son evidentes. El CNE y la Registraduría aún presentan fuertes falencias producto de las interferencias políticas de las que son objeto; a pesar  del esfuerzo de la Fiscalía por iniciar investigaciones aún no se siente una persecución decidida a los delitos electorales y el vacío de la acción de la Procuraduría facilita que los alcaldes elijan candidatos en los diferentes municipios sin ningún rubor.

Desde muy temprano se pudo visibilizar la fuerte cantidad de recursos que corre en los procesos electorales en el Atlántico: el monopolio casi que absoluto del transporte público por parte de las campañas políticas así lo demuestra.

La mayoría de los informes de nuestros observadores, apostados en todo el Departamento, nos daban un parte de tranquilidad sobre alteraciones de orden público. Una de las principales amenazas que advertíamos en el proceso electoral tuvo que ver con posibles asonadas debido a la evidente trashumancia que año tras año se da en diferentes municipios. En esta oportunidad, las acciones jurídicas, el papel de los medios de comunicación y la presión ciudadana generó un efecto disuasivo que disminuyó ostensiblemente este fenómeno.

En la apertura de las votaciones en el Atlántico, la Alcaldesa Distrital hizo un llamado demasiado evidente a los electores a votar por el que a la postre sería su sucesor. Este pequeño ejemplo, fue el símbolo final de un proceso electoral en donde los alcaldes hicieron lo que quisieron con sus candidatos. En Puerto Colombia, un municipio en donde pasó de todo, la parcialidad fue evidente: publicidad extemporánea; un atentado a un candidato, el 85% de las inscripciones anuladas por el Concejo Nacional Electoral; y la ex registradora del municipio y un candidato al concejo presos por suplantación de cédulas.

En un recorrido general por los puestos, pudimos palpar de primera mano la fuerte congestión de algunos, en contraste con otros casi vacíos. En los primeros, el control biométrico colapsó por la fuerte afluencia de electores y en los segundos operaba con total normalidad. En el IED del barrio La Luz el descomunal número de votantes provocó la improvisación de una salida de emergencia haciendo un boquete en una pared del Colegio, en la afueras del puesto, una reconocida representante a la cámara solicitaba aireadamente la suspensión de la biometría para que entraran sus votantes. ¿Son estas ganas de votar un “afán inusitado democrático”? ¿Soportan los barranquilleros altas temperaturas apiñados en filas porque hay nuevos liderazgos?  ¿Puede la biometría, la mesa de justicia, los jurados y las votaciones funcionar en esas condiciones? Tradicionalmente los políticos con el fin de contabilizar y constreñir de mejor forma a sus huestes, las apiñan en puestos de votación, ello explica la inscripción irregular de votantes en determinados puestos y el colapso logístico posterior en muchos de ellos.

A pesar de que la campaña Voto Libre, algunas capturas de la Fiscalía y el papel de los medios de comunicación impactaron la trashumancia e hicieron tambalear a uno que otro “taquillero”, nos queda el sinsabor de las dificultades en las que se desarrollan los procesos electorales en Colombia. Más allá de los resultados y las celebraciones, los huecos y la permisividad del sistema son evidentes. El CNE y la Registraduría aún presentan fuertes falencias producto de las interferencias políticas de las que son objeto; a pesar  del esfuerzo de la Fiscalía por iniciar investigaciones aún no se siente una persecución decidida a los delitos electorales y el vacío de la acción de la Procuraduría facilita que los alcaldes elijan candidatos en los diferentes municipios sin ningún rubor.

Todo esto propicia un imaginario en donde los partidos políticos pueden torcer la voluntad ciudadana sin muchos problemas, imponiendo una cultura política en donde los ciudadanos son mercancías direccionadas con el dinero o con informaciones distorsionadas como las encuestas -la nueva modalidad para dirigir la opinión-. Sin una reforma al sistema electoral de fondo, los esfuerzos ciudadanos por combatir los delitos electorales seguirán siendo insuficientes y el poder de las empresas electorales incontenible. Surgen algunas preguntas finales ¿Qué tan atravesadas por estas empresas electoreras se encuentra la gobernabilidad del alcalde y gobernador electos? ¿Es el unanimismo que se evidenció en los resultados electorales un distractor de estas aberrantes prácticas, es el camino correcto que debe seguir la ciudad y el departamento?