Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
La región no ha sido sede de ningún cartel poderoso, pero, por sus condiciones geográficas, sí ha sido punto estratégico para la exportación de droga y el ingreso de armas e insumos químicos.
En la década de los setenta, el Caribe colombiano fue escenario central de la bonanza marimbera, especialmente La Sierra Nevada de Santa Marta, que sirvió como área de siembra y el departamento de La Guajira como epicentro de acopio y exportación de marihuana.
Esto en gran medida por sus características geográficas, plana y arenosa, lo que facilitó la construcción de pistas de aterrizaje para aviones ligeros. Los contrabandistas estadounidenses empezaron a llegar en aviones Cesna, Fairchild y Piper Cubs, incluso en aviones de carga tipo DC3.
En un informe del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con fecha de septiembre de 1975, se relaciona la ubicación de 131 pistas ilegales en torno a los cultivos de marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta. En esta línea, Robert Sabbag afirma que la carga promedio de un avión era de aproximadamente mil kilos y el viaje Estados Unidos – Colombia – Estados Unidos, tomaba un día, lo que facilitaba el lucrativo negocio.
La bonanza marimbera se convirtió pronto en un fenómeno delictivo con importantes impactos socio-económicos. Ésta terminó a finales de los setenta por presiones de los Estados Unidos y porque los consumidores de drogas en ese país privilegiaron a la cocaína.
El fin de la bonanza tuvo como telón de fondo la estructuración y permanencia en toda la región Caribe de una red de agentes legales e ilegales (sicarios, testaferros, lavadores de activos, políticos, jueces, policías y militares) que posibilitaron el desarrollo del narcotráfico a gran escala en la región y que no desaparecieron con la bonanza, sino que se adaptaron a los nuevos contextos de ilegalidad.
Si bien la región Caribe no ha sido el eje sobre el que gravita el narcotráfico colombiano, ni la sede de un cartel poderoso, sí ha sido un espacio utilizado tradicionalmente por miembros de mafias de todo el país por su privilegiada condición costera y fronteriza como un punto estratégico para la exportación de droga y el ingreso de armas e insumos químicos. Esto, con un contexto social de alta tolerancia frente al contrabando y el lavado de activos provenientes del tráfico de drogas.
Por ejemplo, en el caso de Barranquilla lo que puede deducirse del análisis de las recientes dinámicas del homicidio y la violencia armada es que la disputa es por el control de los barrios adyacentes o colindantes con el río Magdalena, especialmente el barrio Las Flores y todos los ubicados sobre la calle 17 hasta el puente Laureano Gómez (popularmente conocido como Pumarejo).
El control de la calle 17 es estratégico ya que gran parte del clorhidrato de cocaína que se exporta por el puerto de Barranquilla entra por tierra a bordo de vehículos que ingresan a la ciudad por el puente Laureano Gómez y son descargados en el mercado público “Barranquillita”, que inicia actividades en horas de la madrugada sin ningún tipo de control institucional.
Luego, la droga es acopiada los barrios adyacentes a la ribera del río para ser exportada en lanchas rápidas o buques atracados en el puerto de la ciudad.
Los antecedentes del narcotráfico se remontan a mediados de los ochenta con la conformación del Cartel de la Costa, que tuvo como centro de operaciones las ciudades de Barranquilla y Santa Marta.
En la segunda mitad de los noventa, este cartel fue debilitado, entre otros factores, por el accionar de las autoridades y por la llegada a la región de nuevos agentes ilegales, destacándose los representantes de los narcotraficantes del norte del Valle, quienes coparon los espacios dejados por el Cartel de la Costa.
La región caribe, y más específicamente la región Sierra Nevada, no han sido escenario de grandes cultivos de coca o complejos industriales para su procesamiento. Por su estratégica ubicación con amplias y poco habitadas costas hacia el mar caribe y por ser zona de frontera con Venezuela ha sido un espacio disputado por distintas organizaciones criminales para el acopio y exportación de cocaína.
El informe sobre Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos de la United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC), sostiene que para 2016 las regiones Sierra Nevada, Orinoquia y Amazonia tenían en sus territorios menos del 1 por ciento de los cultivos de coca del país, muy lejos de la región Pacífica que tiene el 42 por ciento.
La sostenida disminución de hectáreas sembradas con hoja de coca en la región contrasta con el creciente número de incautaciones de cargamentos de clorhidrato de cocaína.
Por ejemplo, en febrero de 2015, en una sola acción combinada de la Policía Antinarcóticos y la Armada Nacional lograron incautar en Bahía Portete, Guajira, cerca de mil kilos de clorhidrato de cocaína listos para ser trasladados hasta Curacao.
Durante el año 2015, en los puertos de Santa Marta y Barranquilla, se incautaron 923 y 2.704 kilogramos de clorhidrato de cocaína, respectivamente. El primer semestre de 2016 en puertos y costas de los departamentos del Atlántico, Guajira y Magdalena las autoridades incautaron 2.980 kilogramos de clorhidrato de cocaína y en los meses de noviembre y diciembre, solo en la ciudad de Barranquilla, fueron incautadas 3,3 toneladas.
Sin embargo, a pesar de estar ligado a dinámicas de ilegalidad de Urabá en el sur de Córdoba, especialmente en los Municipios de Tierralta, Valencia, Montelibano, Puerto Libertador y San José de Ure, la criminalidad es dominada por el Clan del Golfo.
Aunque recientemente han aparecido competidores armados que buscan disputarle el control de las zonas de cultivos de coca y procesamiento de clorhidrato de cocaína, así como las rutas que van desde los laboratorios o cocinas hasta los puntos de exportación ubicados en los municipios de Canalete, Los Córdobas, Moñitos y Puerto Escondido. Dentro de los nuevos actores armados presentes en este territorio se destacan los Caparrapos (que vienen desde el Bajo Cauca) y los JJ, estos últimos, según la Defensoría del Pueblo, aparecieron en diciembre del año pasado en zona rural de Tierralta y estarían conformados en su mayoría por ex integrantes del desmovilizado frente 58 de las Farc.
Además serían financiados por carteles de la droga mexicanos que buscan mantener estable y ampliar la producción de clorhidrato de cocaína en los territorios desocupados por las Farc. Lo anterior explicaría los recientes asesinatos de líderes sociales que estaban al frente de procesos de sustitución voluntaria de cultivos en comunidades rurales de Tierralta y San José de Ure.
Algo parecido sucede en el sur de Bolívar, donde los cultivos ilícitos son controlados por el Clan del Golfo y el ELN.
Desde la bonanza marimbera en la década de los setenta, la región Caribe no ha sido escenario de grandes cultivos ilícitos y los existentes en el sur de los departamentos de Bolívar y Córdoba están más ligados a circuitos de criminalidad del Magdalena Medio y Urabá, respectivamente.
Pero debido a su estratégica ubicación geográfica con amplias y poco habitadas costas hacia el mar Caribe y por ser zona de frontera con Venezuela, ha sido un espacio disputado por distintas organizaciones criminales para el acopio y exportación de clorhidrato de cocaína.
