Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Si bien Barranquilla no ha sido el eje sobre el que gravita el narcotráfico colombiano ni la sede de un cartel poderoso, si ha sido un espacio utilizado tradicionalmente por miembros de mafias de todo el país, por su privilegiada condición de puerto marítimo y desembocadura del río Magdalena.
Según el Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH (2005), la presencia de crimen organizado en la ciudad de Barranquilla no es reciente. La misma, se remonta a la década de los setenta del siglo pasado, momento en el cual operaron en la ciudad grupos dedicados a la mal llamada limpieza social. Al mismo tiempo, se conformaron organizaciones delincuenciales dedicadas al hurto, asentándose en barrios periféricos como La Chinita, El Ferri y Rebolo. Con el tiempo, los miembros de estas bandas se dedicaron entre otras cosas a actividades relacionadas con el sicariato llegando a prestar sus servicios al narcotráfico y el paramilitarismo.
El narcotráfico ha sido un elemento central de las dinámicas recientes de la violencia en Barranquilla. Es importante señalar que en los setenta cuando la bonanza marimbera estaba en pleno desarrollo, muchos marimberos guajiros se trasladaron a Barranquilla. Para Sánchez (2003), la instalación del sicariato como práctica reiterada para el cobro de cuentas o la resolución de conflictos son una evidencia de su paso la ciudad. De esta manera, hacia finales de los setenta e inicios de los ochenta, se fue incubando toda una tradición socio-cultural en torno al narcotráfico.
Si bien Barranquilla no ha sido el eje sobre el que gravita el narcotráfico colombiano ni la sede de un cartel poderoso, si ha sido un espacio utilizado tradicionalmente por miembros de mafias de todo el país, por su privilegiada condición de puerto marítimo y desembocadura del río Magdalena. Precisamente, esta ubicación geográfica ha hecho de Barranquilla un punto estratégico para la exportación de droga y el ingreso de armas e insumos químicos. Esto, con un contexto social de alta tolerancia frente al contrabando y el lavado de activos provenientes del tráfico de drogas.
A mediados de los ochenta se conforma el Cartel de la Costa, con centro de operaciones en Barranquilla y Santa Marta. En la segunda mitad de los noventa este cartel fue debilitado entre otros factores por el accionar de las autoridades y por la llegada a la región de nuevos agentes ilegales, destacándose los representantes de los narcotraficantes del norte del Valle, quienes coparon los espacios dejados por el Cartel de la Costa, junto a ellos se hacen fuertes los contrabandistas y narcotraficantes de la Guajira (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2012).
Hacia fines de los noventa, el control del crimen en la ciudad, lo ejercía la banda de “Dino Meza”, que según el diario El Tiempo “era la dueña de las calles de Barranquilla, recogía por seguridad y extorsiones más de 10 millones de pesos diarios” (El tiempo.com, 2007).
En 1999 llegaron a Barranquilla los primeros hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) enviados por Jorge 40, para ese momento, Dino Meza ya controlaba todas las actividades susceptibles de extorsión. Por esto ‘Yair’, el primer jefe paramilitar que operó en la ciudad, citó a Meza para que se uniera a las AUC y en dicha reunión este último fue asesinado.
Desde ese momento en Barranquilla y el Atlántico hicieron presencia activa dos estructuras del Bloque Norte de las AUC, más precisamente el “Grupo Atlántico” entre los años 2000 y 2003 y el Frente José Pablo Díaz (en adelante FJPD) entre los años 2003 y 2006. El frente cambia de nombre en el año 2003, en honor a José Pablo Díaz, quien fue líder de la estructura paramilitar del Departamento del Atlántico entre el 2000 y 2003, año en que es asesinado en una emboscada del Frente XIX de las FARC en la troncal del Caribe, en el trayecto entre Ciénaga y Fundación.
La importancia de Barranquilla en el despliegue de las AUC en el Norte de Colombia quedó en evidencia en la versión libre ante la fiscal de Justicia y Paz, del segundo hombre de las AUC en el norte de Colombia, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), en la cual afirmó que el objetivo central de todas las acciones político-militares del Bloque Norte de las AUC era la captura de Barranquilla, según Tovar Pupo “meterse en el departamento del Atlántico, era una obsesión de la casa Castaño” (Pedraza y Olaya, 2011, p. 191). Es necesario aclarar que en Barranquilla, la presencia de los paramilitares no obedeció a un objetivo contrainsurgente, ya que las organizaciones guerrilleras nunca han tenido una presencia activa en la capital del departamento , sino que por el contrario, su expansión está ligada a las raíces históricas que los unen con el narcotráfico y al crimen organizado.
La desmovilización del FJPD con el Bloque Norte de las AUC, no dio por finalizado el fenómeno paramilitar y todas sus redes de ilegalidad en la ciudad de Barranquilla, sino que por el contrario, dio inicio a una compleja trama de reconfiguraciones y mutaciones de las estructuras delincuenciales ligadas directa e indirectamente al mismo ya que algunos se rearmaron y otros emergieron (Garzón, 2008). Debe aclarase que estos “nuevos grupos paramilitares” o Bandas Criminales (BACRIM), mantienen una estrecha línea de continuidad con las estructuras de las AUC.
La naturaleza puramente delincuencial y la atomización de dichos grupos, han producido un complejo escenario en el que su continua configuración y reconfiguración es un lugar común. Por efectos de enfrentamientos armados entre bandas, alianzas, cooptaciones y reacomodación territorial de estos grupos, hasta el año 2013, en la Costa Caribe colombiana hacían presencia activa Los Urabeños, Los Paisas y Los Rastrojos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014).
Estos grupos dirigen su acción violenta en contra de la población civil, lo que se refleja en la continuación de graves problemáticas humanitarias como el desplazamiento forzado y los ataques contra defensores de los Derechos Humanos y grupos étnicos
La incidencia de estos grupos delincuenciales sobre las dinámicas del crimen organizado en la ciudad de Barranquilla, es tal que en agosto de 2013 ante los continuos ataques armados contra choferes de bus urbano de la empresa Coochofal, vendedoras de chance de la empresa Uniapuestas y tenderos por el no pago de extorsiones, así como la continua amenaza en contra de defensores de los Derechos Humanos, La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana advirtiendo sobre el inminente riesgo de violaciones a los derechos humanos en las que se encuentran cerca de 5.000 habitantes de Barranquilla y de los municipios de Malambo, Puerto Colombia y Soledad, en el departamento de Atlántico.
En este contexto, la violencia se exacerba por la ausencia de una organización criminal hegemónica, lo que condujo a que en el año 2015, se produjera una situación de continua disputa armada entre cuatro grupos delincuenciales, “los Costeños”, “los 40 Negritos”, “los Papalópez” y “el Hueso”, quienes a su vez prestan servicios o son sub contratados por organizaciones armadas de alcance nacional, como el Clan del Golfo o los Rastrojos.
En este sentido, las macro estructuras criminales han sofisticado su actividad ilegal, a través de lo que De León (2014) ha denominado Aprendizaje Criminal, este se divide en dos dimensiones. Una individual y otra organizacional. Para esta parte del trabajo, se utilizará la segunda dimensión, ya que son las organizaciones las que incentivan el aprendizaje de sus individuos y las que consolidan las prácticas criminales en el ámbito social, teniendo en cuenta que el aprendizaje criminal es un proceso continuo y de largo plazo, que en últimas se deriva y determina la interacción con el Estado y sus agentes.
Para el caso de Barranquilla, lo que puede evidenciarse es que los grupos delincuenciales locales, hacen parte de una estrategia de aplicación de principios empresariales a la práctica criminal, ya que han sido subcontratados u operan como franquicias locales de organizaciones con sede en otras regiones del país, especialmente Urabá (Álvarez, Llorente, Cajiao & Garzón, 2017).
La hipótesis de esta parte del trabajo, sostiene que en esta nueva estrategia, las organizaciones nacionales aprendieron que combatir con los grupos delincuenciales locales implicaba altos costos, no solo económicos sino también mediáticos y por ende de seguridad.
En este sentido, comprendieron que la cooptación e instrumentalización de dichos grupos (sub contratación), era más rentable en términos logísticos y de seguridad, ya que la implantación de una estructura criminal en un nuevo territorio implica la movilización de recursos humanos y materiales, tiempo para conocer el terreno y constituir la red de aliados, además del desgaste y riesgo que produce la disputa armada con los competidores locales (Santa Cruz, 2016).
En el caso de la ciudad de Barranquilla lo que puede deducirse del análisis de las recientes dinámicas del homicidio y la aparición de cuerpos desmembrados, es que la disputa es por el control de los barrios adyacentes o colindantes con el Río Magdalena, especialmente el barrio Las Flores y todos los ubicados sobre la calle 17 hasta el Puente Laureano Gómez (popularmente conocido como Pumarejo), todos con complejas situaciones socio-económicas y con poca oferta institucional y baja presencia estatal. Ya que ahí, se concentran varios puntos de acopio y exportación de clorhidrato de cocaína.
En este sentido, el control de la calle 17 es estratégico, ya que gran parte del clorhidrato de cocaína que se exporta por el puerto de Barranquilla, entra por tierra a bordo de vehículos que ingresan a la ciudad por el puente Laureano Gómez y son descargados en el mercado público “Barranquillita”, que inicia actividades en horas de la madrugada sin ningún tipo de control institucional, es decir, ninguna autoridad supervisa el cargue y descargue de camiones en ese sitio.
Luego, la droga es acopiada los barrios adyacentes a la ribera del río, para ser exportada en lanchas rápidas o buques atracados en el puerto de la ciudad. Lo anterior explica por qué hasta el año 2016, los asesinatos con decapitaciones y desmembramientos, se concentraron en los barrios y sectores adyacentes al río, como se aprecia en el siguiente mapa. Cabe destacar, que el desmembramiento es una práctica propia de los grupos paramilitares, lo que indicaría que los grupos no desmovilizados de las AUC, los rearmados o los emergentes, han transferido conocimientos criminales a los grupos locales, con el fin de cualificar su accionar delictivo.
El desmembramiento es una forma de violencia discriminada con un alto contenido simbólico, ya que a través de la barbarie y sevicia aplicada al cuerpo en cuestión se envía un mensaje a la contraparte, quien ya estaría advertida de lo que le sucede a aquellos que no se someten o pretenden disputar el control del territorio. En otras palabras, una decapitación puede ser igual o más efectiva que varios homicidios y al ser selectiva, no impacta sustancialmente los índices de homicidios, por lo cual no generan mayores reacciones por parte de la autoridad policial.
————
Referencias
– Álvarez, E., Llorente, M., Cajoai, A. & Garzón, J. (2017). Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición. Informes/27, Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.
– Centro Nacional de Memoria Histórica (2014). Región Caribe, Departamento de Antioquia y Departamento de Chocó. Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con las AUC. Bogotá: Procesos Digitales, Centro Nacional de Memoria Histórica.
– De León, I. (2014). Aprendizaje criminal en Colombia. Un análisis de las organizaciones de narcotraficantes. Bogotá: Ediciones de la U.
– Eltiempo.com (2007). El silencio, sombra protectora de los paras en Barranquilla, en línea: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2377829 Consulta 16 de diciembre de 2012.
– Garzón, J. (2008b). Mafia & co. La red criminal en México, Brasil y Colombia. Bogotá. Editorial Planeta.
– Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2005). Dinámica reciente de la violencia en Barranquilla. Bogotá: Vicepresidencia de la República de Colombia.
– Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2012). Diagnóstico de la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Departamento del Atlántico 2000 – I semestre de 2011. Bogotá: Vicepresidencia de la República de Colombia.
– Pedraza, H. & Olaya, Á. (2011). Regalías, cooperativas y finanzas paramilitares en la Costa Caribe. En: M. Romero (Ed.). La economía de los paramilitares. Redes de corrupción, negocios y política. Bogotá: Debate.
– Sánchez Bonnet, L. (2003). Barranquilla: Un espacio para la sospecha. En: L. Sánchez Bonnet, L. (Comp.). Barranquilla: Lecturas Urbanas. Barranquilla: Editorial Mejoras.
