Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Van casi 400 desplazados masivamente en esta subregión en los recientes días. Análisis del investigador Luis Trejos en nuestra red de expertos Caribe.
El sur de Córdoba y el Bajo Cauca son un “nuevo Catatumbo”, es decir, otro epicentro del conflicto armado que persiste en Colombia y al que poca atención nacional se le presta.
La Defensoría del Pueblo confirmó esta semana que van casi 400 personas desplazadas masivamente por cuenta de la guerra que en esa zona padecen entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 18 de las Farc, que como contó La Silla Caribe entraro
La Fiscalía, por su parte, informó esta semana que se acabó también que en una “ofensiva judicial” que arrancó van más de 100 personas capturadas (59 en Bajo Cauca y 52 en Córdoba), presuntamente por ser integrantes de estas organizaciones.
En siete días de acciones sostenidas, 111 personas fueron capturadas (59 en Bajo Cauca y 52 en Córdoba). 32 de las detenciones son producto de órdenes judiciales obtenidas por la #Fiscalía ante jueces de control de garantías y 79 corresponden a flagrancias #OperaciónFortaleza
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 29, 2019
¿Qué es lo que pasa en esta zona roja?
Ante la muerte en combate del disidente alias Guacho y la paz mafiosa lograda en Tumaco; y la victoria del ELN sobre el EPL por el control de territorios y rentas ilícitas en el Catatumbo, parte del eje de la conflictividad armada con sus graves consecuencias humanitarias se ha trasladado a la subregión compuesta por el Bajo Cauca y el sur cordobés.
Esta subregión está conformada por 11 municipios: seis de Antioquia (Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza) y cinco de Córdoba (Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, San José de Uré y Valencia), y tiene como nodo central el Parque Natural de Paramillo.
En las zonas rurales de estos municipios hay presencia activa de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, sus disidencias los Caparrapos y las disidencias de los Frentes 18 y 36 de las antiguas Farc.
En un coctel de violencia, entre ellos se presentan alianzas o disputas según los intereses y la correlación de fuerzas en cada territorio.
Esta subregión evidencia lo que sucede en varios territorios colombianos y es que en ellos el Estado no es soberano ya que no controla los monopolios de la violencia legítima, la administración de justicia y el recaudo de tributos, configurando en la práctica una “ingobernabilidad hobbesiana”.
Ésta está definida como una ruptura continua del tejido social en un contexto de violencia y criminalidad ininterrumpida, en territorios en los que los agentes estatales no tienen los recursos necesarios para imponer las leyes de manera efectiva, de ahí que el mantenimiento del orden público y la prestación de seguridad colectiva son inciertos.
En los municipios antes señalados se presentan con distintas intensidades estos dos tipos de territorios: el primero es el territorio en disputa, donde existe una competencia por la regulación económica, social y política entre la administración local y algunos actores ilegales.
La segunda categoría es la del territorio paralelo, donde existe un control diferenciado del mismo, es decir, el área urbana por la institucionalidad pública y el área rural por un actor armado [1].
Como se ha señalado en anteriores columnas, la guerra en esta subregión es por el control de las zonas de cultivos de coca y procesamiento de clorhidrato de cocaína, así como las rutas que van desde los laboratorios o cocinas, hasta los puntos de exportación ubicados en los municipios de Canalete, Los Córdobas, Moñitos y Puerto Escondido en el caso de Córdoba y las costas de Urabá en Antioquia.
En este sentido, es importante resaltar que el sur de Córdoba es geográficamente estratégico porque sirve como corredor de movilidad entre la Costa Caribe, el Bajo Cauca, el norte de Antioquia y Urabá (antioqueño y chocoano).
El control territorial del Parque Nudo de Paramillo resulta importante por la extensa red de conexiones terrestres y fluviales que ofrece, entre otras cosas porque conecta zonas de cultivos y centros de producción y acopio de clorhidrato de cocaína, con rutas de transporte y puntos de exportación.
En el caso del Bajo Cauca, la disputa es por las 18.400 hectáreas de cultivos de coca que según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tenía este territorio en el año 2017 y las rutas de transporte del clorhidrato de cocaína que van desde el norte de Antioquia hasta las costas de Urabá
Parte del escalamiento de la violencia en esta subregión se debe a la ausencia de un actor armado hegemónico que controle y regule los mercados ilegales.
Hasta el año 2016 ese rol lo jugaron las estructuras del Bloque Iván Ríos de las antiguas Farc, y en la práctica su desarme produjo un vacío de poder que es disputado por todos los actores armados señalados anteriormente, produciendo importantes afectaciones humanitarias como desplazamientos forzados de poblaciones rurales, aumento exponencial de homicidios y extorsiones, así como el asesinato sistemático de líderes sociales.
En cuanto a la respuesta institucional, lo que se evidencia es la incapacidad de las administraciones locales y la incomprensión nacional de las realidades regionales, el aumento sostenido de los cultivos, la permanencia y aparición de actores armados y el incumplimiento del Gobierno Nacional con los campesinos comprometidos con la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos.
Todo esto hace presagiar que el Estado seguirá pedaleando en una bicicleta estática, al no entender que el problema de seguridad de estos territorios no se resuelve solo con mayor presencia militar y reactivando la fumigación aérea, sino repartiendo (a quienes no tienen) y regularizando la propiedad de la tierra, llevando oferta institucional efectiva, fortaleciendo las administraciones locales, generando circuitos económicos legales y empoderando y protegiendo a la sociedad civil.
De lo contrario seguiremos observando el inacabable círculo vicioso: conformación o llegada de grupo ilegal, victimización de la población civil, represión estatal, rearme, conformación o llegada…
[1] Tuiran, Ángel y Trejos, Luis. (2018). Gestión territorial y violencia armada. Los riesgos para la gobernabilidad local en tres municipios del caribe colombiano. Bogotá: FESCOL.
