Fico se ha dedicado a repetir las palabras “democracia” y “libertades” hasta que pierdan sentido y Petro ha dicho que no quiere ser un Robespierre, recordado por considerar como traidor a cualquiera que no amara al régimen. Es bueno mirar a su pasado y preguntarse hasta qué punto se trata de líderes que garantizarán la crítica y la denuncia en caso de ganar la Presidencia. 

Cómo olvidar la investigación de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) de 2018 titulada “Fico: el alcalde vanidoso“, en la que esa organización mostraba que la Alcaldía de Gutiérrez había invertido cifras astronómicas para promocionar la imagen del alcalde en medios y en redes. Cómo olvidar también los distintos momentos en que Petro o algunas personas de su partido han estigmatizado a la prensa que no tiene posturas favorables sobre él. Si de verdad pretenden ser adalides de la libertad y de la apertura democrática, es importante que se distancien de prácticas que, en últimas, apuntan a controlar lo que se dice sobre ellos.

Durante muchos años, Colombia ha sido uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. El recuento histórico de162 casos de periodistas asesinados por el trabajo que hacían es un indicativo bastante diciente. Las cifras de defensores de derechos humanos que sufren el mismo destino también lo muestran muy claro: 138 casos de muertes violentas tan solo en 2021, un número que ha sido más alto en años recientes. Son pocos los lugares en los que ocurren casos como el de la periodista Claudia Julieta Duque, víctima de espionaje estatal y de tortura psicológica por parte del DAS por descubrir que el asesinato de un colega -Jaime Garzón- había sido un montaje.

Además, si uno se pone a mirar el historial de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que tratan casos de violaciones sobre la libertad de expresión, se encuentra con que cuatro de los seis casos que trataron temas de violencia contra la prensa, entre esos el del secuestro, tortura y violencia sexual contra Jineth Bedoya, son contra Colombia. Y tampoco podemos dejar de lado los casos de agresiones contra la gente que sale a las calles a protestar, como lo mostraron las detenciones, muertes y ataques físicos -entre otras- contra civiles en el marco del paro nacional de 2021.

Esto muestra que ejercer la libertad de expresión en Colombia es una actividad riesgosa. Nuestros gobernantes no pueden limitarse a un discurso superficial de la defensa de las libertades. Tienen que tener propuestas específicas sobre cómo garantizar la libertad de expresión y tienen que rechazar vehementemente los ataques contra las personas que quieran expresarse libremente. En palabras de la Corte IDH, los gobernantes deben “abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice” los riesgos que tiene la gente en el ejercicio de la libertad de expresión.

Pero la gente que está en el poder en Colombia ha hecho poco por mejorar las garantías para ese derecho en el país. Además, muchas veces se limitan a medir la falta de censura en la cantidad de chalecos antibalas que se entregan a los periodistas en riesgo o en reducir la cantidad de muertes. Esto, aunque importante, deja de lado las presiones económicas, políticas o judiciales que enrarecen el ambiente para la denuncia y la crítica.

Si de verdad queremos un Gobierno que defienda “las libertades” o “la democracia”, no podemos tener un Gobierno que, como el de Iván Duqe, se dedique a gastar recursos públicos en la autopromoción. Un liderazgo así distorsiona el debate público cubriendo las críticas y las denuncias a punta de ruido. Asimismo, un Gobierno que no esté en la cabeza de un “Robespierre” no puede estigmatizar a sus críticos como lo hace hoy en día el ministro de Defensa de Duque.

Esto no es un espaldarazo a ninguno de los otros candidatos. Estos no han dicho nada relevante sobre cómo solucionar los problemas para la libertad de expresión en Colombia. La falta de acción también puede ser cómplice de la censura.  Clara muestra de esto es la falta de políticas de los partidos políticos para frenar las acciones coordinadas en redes sociales para acosar a sus críticos, algo que se refleja en la tutela que presentaron nueve mujeres periodistas en 2020 por el acoso en redes que recibieron por parte de personas afines a partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, la U y Colombia Humana -actualmente en estudio de la Corte Constitucional-.

El Gobierno que sea elegido, al igual que el Congreso que elegimos el 13 de marzo, tienen una serie de retos para mostrar que de verdad les interesa la libertad de expresión sin limitarse a los momentos en que les es favorable.

Por ejemplo, es esencial que se establezcan medidas para acabar con el acoso judicial contra la prensa, algo frente a lo que muchos partidos se mostraron renuentes el año pasado. También es fundamental acabar con el decreto que extendió los tiempos de respuesta de derechos de petición con la excusa del covid, una traba gravísima para que la gente pueda hacer investigaciones.

Es igualmente crítico que modernicen las políticas de protección de la prensa, algo que ordena la sentencia contra Colombia en el caso de Jineth Bedoya. Y ya es hora de que se haga algo para controlar el derroche de los gobiernos para lavarle la cara a los altos funcionarios en todo el país a punta de contratos de publicidad, tal y como lo viene denunciando la Flip desde hace años. Esto sin dejar de lado otras problemáticas como la falta de acceso a Internet o la precariedad de condiciones que lleva a que muchas partes del país estén sin un solo medio de comunicación local.

Más allá de esto, los líderes políticos tienen una obligación general: crear un ambiente favorable para el debate público y la libertad de expresión. Los expertos internacionales sobre este derecho se refirieron a este tema el año pasado, preocupados por cómo el populismo en varias partes del mundo se alimenta de la intolerancia y el sofocamiento de la crítica.

Pero lo que se ha visto por ahora muestra que los avances seguirán siendo pocos. La Flip hizo un debate con cabezas de lista de senado el 9 de febrero y la mayoría de las respuestas fueron bastante pobres y no parecían mostrar un interés en mejorar de forma estructural los problemas para la libertad de expresión en Colombia. Además, encontrar alguna mención sobre este tema en los programas de gobierno de los candidatos podría considerarse un milagro.

Un Congreso y un Gobierno que no se encarguen de fortalecer las condiciones para la libertad de expresión son un problema para la democracia. La gente se termina absteniendo de participar, de opinar, de preguntar por el miedo a las sanciones o a las represalias. La persona que gane debería ser alguien que muestre acciones y propuestas en este tema más allá de palabras bonitas.