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La cuenta oficial de la delegación gubernamental encargada del proceso de paz con el ELN (y antes con las Farc) @EquipoPazGob, ya no existe. ¿Qué pasó?
*Columna escrita con el apoyo de Pilar Sáenz, Juliana Blanco y Heidy Amaya de Fundación Karisma
“Es claro que la nueva dinámica de producción de contenidos digitales y el crecimiento exponencial de la misma está causando un agujero negro digital en la memoria histórica y cultural de los países al no dejar registro de esta información para las generaciones futuras”.Así justificaba la Ministra de Cultura, hace un año la necesidad de crear el depósito legal digital en la reforma al derecho de autor que se tramitaba entonces en el Congreso (Ley Lleras 6).
El novelón que se armó sobre la cuenta @EquipoPazGob un año después le da la razón. La historia contemporánea del país, sobre todo la historia política reciente, se cuenta en buena medida a través de Twitter.
Aunque Twitter puede ser caótico, violento o exagerado, es una valiosa fuente de información para cualquiera que quiera reconstruir y contar sucesos políticos e históricos del país pues allí está la versión de los hechos contada por sus protagonistas.
Ahora bien, al ser una plataforma privada, la gestión y seguridad de las cuentas oficiales, y la preservación y acceso a la información pública y, la que se identifique como de interés público que circula por ellas, es responsabilidad del Estado, que debe prever mecanismos para mantenerla, y garantizar el derecho a acceder a ella, como parte de la libertad de expresión.
Eso no está pasando.
La cuenta de la polémica, @EquipoPazGob
La cuenta oficial de la delegación gubernamental encargada del proceso de paz con el ELN (y antes con las Farc) @EquipoPazGob, ya no existe. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe a ciencia cierta. En un reciente comunicado, el Gobierno parece querer contarnos que hubo un hackeo y que todavía no tiene más detalles.
La Presidencia dice que el 7 de enero hubo “intentos de acceso no autorizado a la cuenta”. Acto seguido afirma que reportaron el incidente y reconocen que la cuenta estuvo “activa y a disposición de la ciudadanía hasta el 6 de enero”. Podemos suponer con esto que el 7 –en palabras claras– los hackearon. Pero, ¡tranquilos!, cierran indicando que ya tienen control sobre la cuenta.
Eso sí, no nos cuentan que lo que recuperaron es una carcasa. Es decir, tienen el canal de comunicación con sus más de 76 mil seguidores que quieren estar enterados del proceso de paz, pero perdieron el nombre de usuario (@EquipoPazGob) y al parecer tampoco tienen el contenido histórico de la cuenta.
Era una cuenta abandonada por el Gobierno, al punto que notaron el problema cuando los tuiteros lo denunciaron, en medio de un momento crítico, la bomba en la Escuela General Santander. El Gobierno empezó a mirar qué pasaba y una semana más tarde publicó un ambiguo comunicado.
En conclusión, el Gobierno perdió control de una fuente pública, ya no tiene un nombre de usuario que era suyo y, muy probablemente, se fue un archivo histórico valioso sobre el proceso de paz con el ELN (incluso con las Farc) durante la administración de Santos.
Esto es una prueba más de que, con el cambio de gobierno, el tema ya no es una prioridad. El cambio de prioridades –nos guste o no– es legítimo, pero no exime al gobierno entrante de su responsabilidad con la información pública e histórica.
Si perdimos acceso a la historia de esa cuenta, ¿se conservará la memoria en las cuentas de Twitter de otros protagonistas? Una opción sería la del expresidente Santos, responsable y promotor de los procesos de paz de la última década; otra son las del ELN.
Bien, preocúpese: el Estado no tiene el archivo de la cuenta de Santos mientras fue presidente. Y a pesar de los esfuerzos de la Biblioteca Nacional por trabajar en el depósito legal digital, este todavía es un proyecto.
Acompáñenos a analizar cómo se crean agujeros negros digitales y por qué debería importarnos.
La preservación digital, la memoria de los gobiernos pasados.
En 2018, recién posesionado Duque, me pregunté por los protocolos para hacer una transición digital. Quería averiguar si se había seguido algún proceso para esa transición que garantizara no solo la transferencia, sino también la preservación de la información digital.
En seguimiento a esa inquietud, Karisma y la Fundación para la Libertad de Prensa (FIp) hicimos una petición a la presidencia sobre el tema. Han pasado cinco meses y no ha habido respuesta escrita. Tuvimos una reunión presencial en la que las personas encargadas en Presidencia querían aclarar la solicitud.
En esa reunión del 23 de agosto de 2018, las administraciones de Santos y Duque contaron que habían desplegado una serie de protocolos (que iban a enviar), además de que habían tomado medidas para una tranquila y saludable transición. ¡Que descanso!, pensé. Al día de hoy, seguimos a la espera de los documentos.
Como no conocemos los protocolos, no podemos afirmar con certeza cómo se comporta el Gobierno colombiano respecto a la información digital y a las cuentas que recibe de la administración anterior. Por eso, más que certezas en este tema, sigue la especulación.
Por una parte, para pensar en el histórico del proceso de paz, suponemos que @EquipoPazGob fue una de las cuentas que un gobierno entregó y el otro recibió. Además, suponemos que hay protocolos de copias de respaldo periódicas y que existen responsables.
Si es así y se cumple, incluso las consecuencias del hackeo y de la pérdida de información se minimizan; en ese caso la consecuencia es responsabilidades en un tema de seguridad digital (ver recuadro), pero se podrá reconstruir la memoria, no estamos frente a un desastre.
Sobre la cuenta de @JuanManSantos. En la reunión, nos indicaron que la cuenta de los presidentes (no la de la Presidencia) se considera personal. Al terminar su mandato, el Presidente simplemente retoma total control sobre su cuenta y allí termina todo.
Sin embargo, la información que circuló por @JuanManSantos durante su mandato es de interés público, es un documento histórico del país para cuya gestión se usaron recursos públicos. Por eso el archivo de la cuenta debería ser preservado y puesto a disposición de la ciudadanía como archivo histórico.
A estas alturas es posible que se perdiera la información de la cuenta @EquipoPazGob y es seguro que la de @JuanManSantos no se guardó.
Si el Estado no asume que esta información cuenta parte de la historia, nos quedaremos sin parte de la memoria del país o dependeremos de los esfuerzos aislados de privados, como Cuestión Pública.
La cuenta del ELN y la memoria digital
Finalmente, hablemos de la otra cara de la moneda. Si por una parte la desaparición de información pública es grave, el problema es que es especialmente delicada en los procesos de paz, porque la contraparte es un grupo ilegal y la información proveniente de esa fuente puede ser muy efímera.
Dentro de un derecho de petición que presentó Karisma para conocer los comentarios presentados a la reforma al derecho de autor que Colombia adelantó desde 2012 hasta 2018, las entidades responsables del proceso nos entregaron la carta que la Ministra de Cultura envió a los ministros de Interior y Comercio, encargados del proyecto de ley (Ley Lleras 6).
Es un documento importante, pues la Ministra rompió el unanimismo de Estado para quejarse por la no incorporación en el texto del proyecto las preocupaciones de la Biblioteca Nacional sobre el depósito legal digital. La carta plantea muy bien el reto de la memoria digital y, precisamente, los problemas de cuentas como la del ELN en Twitter.
En la carta la ministra dió ejemplos vinculados con los procesos de paz. Señala que sin una excepción para el depósito legal digital, la Biblioteca solo puede recoger sitios web que estén licenciados con Creative Commons, que permiten hacer una copia del mismo sin pedir permiso expresamente a los autores.
Agregó que pedir el permiso cuando no hay una licencia es complejo, pues no solo requiere tiempo, sino que, además, no siempre es posible identificar a su autor. De otra parte, explicó que mucho de este contenido se realiza y publica en plataformas privadas (Facebook, Twitter o Youtube), que no garantizan su preservación y acceso con el tiempo. Adicionalmente, explicó que como se trata de organizaciones subversivas, consideradas al margen de la ley, corren mayor riesgo de que desaparezcan, perdiéndose el historial.
La situación con las cuentas de las guerrillas en Twitter, decía, es peor:
“redes sociales y otros sitios web que prestan servicios de plataforma para alojar contenidos tienen el derecho de suspender las cuentas según las políticas internas establecidas, es el caso de la cuenta oficial del ELN en Twitter, de la cual la Biblioteca Nacional solo pudo hacer la captura de 12 tweets que dan cuenta de una toma militar en el marco de las elecciones de gobernadores, asambleas departamentales, alcaldes, consejos municipales y juntas administradoras locales, realizadas en Colombia en 2015. Al poco tiempo la cuenta fue suspendida con lo que la información del grupo guerrillero fue eliminada y tan solo se preservan los Tweets que la Biblioteca Nacional copió… los tiempos de solicitud de autorización de copia y la decisión pronta de Twitter de suspender dicha cuenta llevaron a la pérdida definitiva de esa información”.
El Ministerio de Cultura lo advirtió. A mediano plazo, afortunadamente, los Ministros de Interior y Comercio entendieron el problema y trabajaron en el Congreso para incorporar la petición que antes habían ignorado. La ley que se aprobó a mediados de 2018 incorporó y dejó en manos de una regulación el depósito legal digital.
Aunque esto es positivo, a unos meses de haberse firmado esa ley, la reglamentación no se ha dado. Seguramente, como ahora la prioridad del Ministerio de Cultura es la “economía naranja”, cambió el mapa de ruta y los esfuerzos –puede que incluso los recursos–; es decir, puede que estén lejos las acciones de preservación digital.
Debido a la explosión del carro bomba en la Escuela General Santander, las cuentas del ELN en Twitter fueron canceladas una vez más.
Redes sociales como Twitter a veces hacen excepciones a sus políticas internas respecto de lo que llaman “terrorismo”. Lo han hecho en procesos de paz como el colombiano. Si bien la decisión de Twitter pueda ser polémica para quienes consideran que la voz del ELN debe permanecer en el espacio público, pues se trata de un actor en un conflicto armado, la decisión ya se tomó y la cuenta desapareció.
En suma, las medidas de preservación del contenido histórico de las cuentas del ELN en Twitter son las que había en 2015. La Biblioteca Nacional no cuenta todavía con el marco legal para crear mecanismos automatizados e implementar el depósito digital para información de interés público. Por tanto, la pregunta en este caso es ¿cuántos tuits habrá salvado la Biblioteca esta vez?
El gobierno debe actuar para evitar agujeros negros digitales
La historia contemporánea tiene un componente digital importante y no nos tenemos que resignar a que desaparezca, pueden tomarse medidas. Es importante que los gobiernos desarrollen y respeten las estrategias digitales de preservación y acceso a la información pública y de interés público, que dediquen recursos y esfuerzos para evitar los agujeros negros como este en el que se pierde la información sobre el proceso de paz con el ELN.
Que los gobiernos cambien de prioridades es lo que pasa cuando cambia un gobierno, pero tienen obligaciones de Estado que no deben desconocer y una de ellas es evitar los agujeros negros digitales.
El discurso de paz/guerra hizo una transición de gobierno, pero nuestro derecho a conocerlo y contarlo se mantiene. Por eso, el Gobierno de Duque debe tomar medidas, porque, nunca antes mejor dicho, “hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicaciones”.
Aunque quizá sea solo hacer un llamado a cambiar un switch en los gobiernos de turno. Deben tomar medidas porque no solo se trata de preservar la memoria de los gobiernos anteriores, sino también porque así se aseguran de dejar su propia impronta en la historia que está por escribirse en el país.
Tenga las cuentas que pueden cuidar. No existe seguridad digital al cien por ciento, repitan eso como mantra. Por eso, si el proceso de paz con el ELN no era prioritario, si la cuenta no iba a ser atendida, era mejor dejarla como una cuenta histórica. Esto significa garantizar la conservación y disposición de la información como un archivo histórico del Gobierno Santos y cerrarla.
Pero, dejar una cuenta con más de 76 mil usuarios abierta y sin atención es una tentación para personas que podrían tener interés de usarla para minar la reputación del Gobierno, de la paz o, simplemente –como parece que sucedió–, para aprovechar la lógica comercial de la atención que tienen estas redes sociales. Por eso creemos que hackearon la cuenta, para venderla, pues, el número de usuarios era muy atractivo en ese mercado.
El abandono de la cuenta, en este caso, fue una vulnerabilidad que fue aprovechada.
Haga copias de respaldo. Así como se actúa frente a cualquier otro caso de gestión de información, las políticas de gestión de redes sociales que administran información pública deben incluir los protocolos para mantener copias de respaldo de la información, que mitigue riesgos como el que se materializó en esta cuenta: un hackeo que provocó la pérdida de control que, a su vez, facilitó la pérdida de la información.
Tenga protocolos para publicar copias de respaldo. Pueden existir circunstancias que impidan que el contenido histórico de un cuenta en una red social desaparezca. Por ejemplo, que el contenido de una cuenta sea eliminado como resultado de un hackeo o que quien controle la cuenta decida desactivarla. Sin embargo, cuando hablamos de información pública que se hace disponible a través de redes sociales, existe la obligación legal –léase, el principio de facilitación de la Ley de Transparencia– de crear mecanismos de acceso a esos contenidos.
Esto requiere, por un lado, que se hagan regularmente copias de resguardo de esos contenidos y, por otro, que se creen mecanismos que permitan el acceso rápido y fácil de esas copias. Solo así estaríamos ante un procedimiento que garantizaría la libertad de expresión y el acceso a la información de la ciudadanía ante la eventualidad de que una cuenta oficial en redes sociales pierda su contenido histórico o desaparezca.
Informe sobre los incidentes de seguridad digital. En Colombia, todavía no hay una obligación legal fuerte sobre reporte de incidentes de seguridad digital –hay una derivada de la Ley de Protección de Datos, pero es insuficiente en el actual escenario tecnológico–. Sin embargo, sobre todo para el Estado pero en todo caso para cualquiera, es una buena práctica informar que sucedió, cuál fue la afectación generada y las acciones que se toman para mitigar efectos indeseables.
Esto evita que se hagan especulaciones sobre los hechos y podría tranquilizar a las personas, incluso sirve para cubrir la espalda de la institución afectada, en caso de que la cuenta termine usándose para distribuir información indebida o insultar, por ejemplo.
