Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Esta es la primera entrega (de tres) de una columna sobre la corrupción en nuestros países.
Para la mayoría de los latinoamericanos no es un secreto que su país tiene serios problemas de corrupción y que, peor aún, no parece vislumbrarse en el horizonte una solución a esa cuestión que se ha convertido en un cáncer de la sociedad.
Los escándalos de la Operação Lava Jato en Brasil, en donde una gran cantidad de políticos y directivos de Petrobras están siendo investigados y que incluyen sobornos y lavado de activos de orden de miles de millones de dólares, de los sobrecostos injustificados en la construcción de la refinería de Reficar en Colombia que salpicó a funcionarios de los gobiernos centrales entre los años 2002 y 2018, de los sobornos millonarios de Odebretch que involucra a funcionarios corruptos de prácticamente todos los países de Latinoamérica, de los ‘cuadernos de las coimas’ en Argentina, del escándalo en el que estuvo involucrado el hijo de Bachelet en Chile o de la famosa ‘Casa Blanca’ construida para Peña Nieto por una empresa ganadora de la licitación del tren que debería unir Querétaro con el DF son casos emblemáticos.
Aunque emblemáticos no representan el tamaño de la corrupción que aqueja a la región y que ya desborda la paciencia de la gente por su cantidad y magnitud.
Hay que aclarar no obstante que, haciendo honor a la verdad, el nivel de corrupción de los distintos países de América Latina no es igual, ni tampoco éste permanece constante en el tiempo, de hecho, para un determinado país puede tender a mejorar y para otro tender a empeorar, es dinámico.
Como se puede ver en el gráfico anexo, que muestra la evolución en los últimos 18 años del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI por sus siglas en inglés) de Transparencia Internacional (TI), la mayoría de los países con las economías más grandes de la región tienen un CPI francamente deplorable.
Sacan la cara Uruguay y Chile, sobre todo el primero que ha venido teniendo una mejora sustancial en los últimos años a raíz de una serie de interesantes medidas que distintos gobiernos han tomado. Venezuela por su parte es claramente el país que sale peor librado en las mediciones de Transparencia Internacional.
En este punto vale la pena hacer una aclaración importante. Si bien Transparencia Internacional da algunas luces sobre el panorama de la corrupción a nivel global y regional, la realidad es que existen muchas otras entidades y organismos que usan metodologías diferentes para evaluar el problema de este flagelo, por lo que para ninguno de los gobiernos interesados en luchar contra la corrupción es conveniente usar una sola fuente o una sola metodología.
Además se debe establecer con claridad cuáles son los verdaderos determinantes de la corrupción en su propia nación. Habrá unos que son comunes, otros serán muy particulares a la realidad cultural y política de cada país.
Además de entender los factores determinantes, que son de orden genérico y los cuales vamos a ver en este primer artículo de una serie de tres, vale la pena entender el caso particular de Uruguay para saber qué cosas de las hechas allí pueden ser replicables en otros países de la región. El análisis del caso uruguayo corresponderá al segundo artículo de la serie.
Por otra parte, es esencial entender que los instrumentos para combatir la corrupción pueden ser de todo tipo y abarcan varios campos, empezando por el cultural y pasando por el político, el económico, el legal o regulatorio y terminando en uno muy importante: el tecnológico.
En el tercer y último artículo de esta serie se hará énfasis en el conjunto de estrategias tecnológicas que pueden ser usadas en la lucha contra la corrupción tales como el Open Data (Datos Abiertos), el Big Data Analytics (Analítica de Datos Masivos), y las Redes Neuronales Convolucionales.
Determinantes de la Corrupción
Sobre el tema de los factores determinantes que influyen en las causas de la corrupción, Harry Seldadyo y Jakob de Haan hicieron una completísima investigación (The Determinants of Corruption A Literature Survey and New Evidence). Basada en estudios históricos de otros autores sobre el tema, analizaron un gran número de variables que pueden determinar la corrupción mediante técnicas matemáticas y estadísticas como el Análisis de Regresión, el Análisis Factorial, el Análisis de Valores Extremos y Matrices de Correlación.
Los autores llegaron a la conclusión que de las decenas de variables analizadas en distintos estudios había 14 determinantes de la corrupción que eran los de mayor incidencia en la misma, siendo el de Capacidad Regulatoria (–) (capacidad del estado para regular y hacer cumplir la Ley) el determinante más robusto. Es decir que entre mayor capacidad regulatoria haya en un país menor será la incidencia de la aparición del fenómeno de la corrupción.
Los otros 13 factores más determinantes son: Densidad de Población (–), Legislación de Origen Escandinavo (–), Tensiones de Tipo Étnico (+), Legislación de Tipo Socialista (+), Porción de la Población sin Ninguna Religión (+), Conflictos Étnicos (+), Tasa de Analfabetismo (–), Salario de Servidores Públicos (+), Solidez de la Moneda (+), Latitud Geográfica (–), Exportaciones de Petróleo (+), Tasa de Inscripción en Escuela Primaria (+), Deuda Externa (–), Presidencialismo (–) y Porcentaje de Mujeres en la Fuerza Laboral (–). Los signos entre paréntesis indican si el efecto del factor determinante es positivo o negativo en la medida en que este aumente, por ejemplo, según este estudio entre más mujeres haya en la fuerza laboral menor será el nivel de corrupción.
Dos factores llamaron la atención de los investigadores por lo contraintuitivos: la tasa de analfabetismo (a mayor número de analfabetas menor la corrupción) y el salario de los servidores públicos (a mayor salario mayor la corrupción).
¿Quiere decir esto que la gente que sabe leer y escribir tiende a ser más temeraria, más corrupta? Por otro lado ¿el que los funcionarios públicos ganen más los hace más codiciosos?
Aunque contraintuitivos esos son los resultados del estudio. Y uno de esos puntos parece haber sido recientemente corroborado en Colombia. Allí hay hoy en día un movimiento ciudadano que está apoyando una serie de iniciativas para luchar contra la corrupción, de hecho hubo un referendo en donde se votaron 7 puntos y que obtuvo el respaldo de cerca de 11.7 millones de personas y todos los puntos fueron apoyados por más del 99 por ciento de los votantes. Uno de ellos, que fue muy criticado, estaba relacionado con la disminución del salario de los congresistas, que son de los que más ganan en Latinoamérica.
Los ‘grandes analistas y expertos’, pero principalmente los políticos, salieron a decir que disminuir el salario de los congresistas nada tenía que ver con la corrupción. Lo decían sin ningún elemento fáctico que los respaldara, sin ningún estudio que apoyara esa tesis.
Pues bien, el muy riguroso estudio de Seldadyo y Haan les da la razón a los promotores de dicho referendo. Así sea contraintuitivo, el hecho es que entre más gana un servidor público más corrupto tiende a ser. Los puntos del referendo, que lideró la ex-Senadora Claudia López, están ahora siendo apoyados por el gobierno del Presidente Duque en su tortuoso paso por el Congreso de Colombia.
A mí en particular me llamaron la atención otros dos determinantes, aquél que dice que a mayor herencia de Legislación Escandinava menor será la corrupción y aquél que dice que a mayor Solidez de la Moneda mayor corrupción.
Si bien lo referente a la legislación escandinava coincide con los resultados de Transparencia Internacional en donde en todos sus reportes anuales los países nórdicos están siempre en los primeros lugares, me llama la atención que en los países con peores índices de CPI no se hayan tomado medidas para adoptar, por lo menos en parte, estas legislaciones como modelo en cuanto a los temas de corrupción se refiere.
Respecto al factor determinante de la Solidez de la Moneda éste también me pareció contraintuitivo hasta que encontré que el estudio de Seldadyo y Haan se había basado en el índice EFW del Instituto Fraser en el que la Solidez de la Moneda está relacionada con la política monetaria y la inflación en 3 de 4 variables que la componen. Es decir que lo que se quiere indicar es que a mayor expansión monetaria o a mayor inflación, mayor será la corrupción. El ejemplo venezolano habla por sí solo.
Entiendo que habrá muchas personas que cuestionen los 14 determinantes en el sentido de que considerarán que hay otros también muy importantes. No les hará falta razón ya que Seldadyo y Haan encontraron que hay otros factores que juegan un papel determinante en la corrupción como por ejemplo la Calidad de la Burocracia (–), Contar con un Buen Sistema de Meritocracia (–), la Inestabilidad Política (+), la Libertad de Prensa (–) o el determinante relacionado con la Democracia y las Libertades Civiles (–). Aquí el estudio dice que la principal razón para que la democracia y las libertades civiles tiendan a reducir la corrupción es porque éstas imponen un mayor nivel de transparencia y proveen un sistema de pesos y contrapesos en el sistema político.
Los que creen que faltan en la lista de principales varios otros determinantes, deben de considerar que para llegar a este número final de los más importantes factores determinantes de la corrupción (14) el estudio tomó en cuenta un número significativo de factores que pasaron por varios filtros estadísticos y que por razones de espacio no se pueden listar. Para citar un solo ejemplo, en el caso del Análisis de Valores Extremos se corrieron 778.320 regresiones para 48 variables.
Sobre los factores determinantes de la corrupción creo importante mencionar que en el análisis de Seldadyo y Haan hay cinco estudios (los de 1) Fisman&Gatti, 2) Kunicova&Rose-Ackerman, 3) Damania&Treisman, 4) Brown y 5) Goldsmith) que encontraron que distribuir la torta presupuestal lleva a más corrupción porque hay más oportunidades para distribuir las rentas políticas.
En este sentido, estos autores dicen que los sistemas descentralizados tienden a ser más corruptos. En México y en Brasil la ciudadanía se queja mucho de la corrupción a nivel de los Estados Federales y los municipios, algo parecido sucede en Colombia en donde los escándalos de corrupción en las regiones que por ley reciben transferencias del estado central han venido creciendo.
Al respecto hay un agravante que es de suma importancia y que debería analizarse con cuidado en toda la región; según el estudio que hizo Dan Ariely, experto en economía comportamental, y cuyos resultados se encuentran en su libro ‘La (honesta) verdad sobre la deshonestidad’, las personas suelen hacer pequeños robos y no sentirse mal por ello a pesar de que en sus experimentos Ariely comprobó que la suma en dinero de los pequeños robos es mucho mayor a la suma de los grandes robos que en cantidad de robos es mucho menor.
Si trasladamos esto a la contratación pública, el gran desfalco a una nación se da más en la corrupción asociada a la gran cantidad de pequeños contratos de los entes descentralizados que a los grandes contratos del sistema central. Esto es un problema político, cultural y sociológico de envergadura.
De envergadura y muy relevante porque en la contratación pública está demostrado que esto es así, tal cual. Vamos a citar un ejemplo palpable.
En el año 2007 en Colombia se hizo una reforma a la Ley de Contratación estatal en la que, según el gobierno de entonces, se buscaba hacer más eficiente la contratación pública disminuyendo los requisitos para los contratos de menor cuantía.
En principio la idea sonaba razonable y bien intencionada frente a la gran cantidad de necesidades que tienen las regiones de un país en vías de desarrollo y la urgencia de atenderlas lo más pronto posible. No obstante lo que en el terreno sucedió como consecuencia de este cambio en requisitos y regulación fue que empezaron a darse masivamente pequeños contratos en donde los políticos y funcionarios públicos locales deshonestos, en contubernio con contratistas dispuestos a dar coimas en grandes cantidades, acordaron contratos de menor cuantía a diestra y siniestra.
El desangre a las finanzas públicas en Colombia por esta vía ha sido gigantesco. Es decir se demuestra una vez más que a Ariely le asiste la razón.
Detractores del gobierno de entonces dijeron que con la reforma lo que verdaderamente se quería era asegurar el apoyo de los políticos en las regiones al ‘Referendo reeleccionista’ que se ventilaba para garantizar la perpetuidad del gobernante mediante una nueva reforma a la Constitución que permitiría la reelección indefinida. Gran parte de este plan, dijeron ellos, se había empezado a dar desde antes mediante la repartija de contratos, la asignación de notarías a congresistas y la entrega a políticos de la administración de la DNE, entidad que tenía bajo su tutela los bienes incautados a los narcotraficantes.
Dicen que desde antes del 2007 las cosas empezaron a cambiar. Coincidencia o no si se mira el gráfico de arriba se puede ver cómo para el caso colombiano (línea verde) el índice bajó de 40 en el 2005 a 34 en el 2011, cuando empezó a subir levemente con algunas medidas del nuevo gobierno, que claramente fueron insuficientes. Para empezar la nueva administración nunca echó para atrás la reforma a la contratación de menor cuantía.
