Este artículo fue escrito por Nataly Castelblanco Martínez*, PhD en ecología y desarrollo sustentable.

Si a una persona alejada de las ciencias biológicas, biomédicas y agropecuarias le hablan sobre experimentos con animales vivos, lo primero que le viene a la mente es la imagen de un ratón blanco siendo inoculado con un fármaco en un laboratorio.

Y si le hablan sobre uso de animales para docencia, se imagina un salón de clases donde cada estudiante disecciona torpemente una rana clavada con alfileres, guiado por un profesor de anatomía.

Sin embargo, el universo de “uso” de animales vivos para experimentación y enseñanza se extiende más allá de eso, y puede involucrar tanto animales de laboratorio como aquellos bajo cuidado humano (por ejemplo, animales rescatados para su posterior liberación), o en su hábitat natural.

Los objetivos también son múltiples, y no necesariamente de tipo utilitarista: no son pocos los casos en los que las investigaciones con animales vivos enriquecen el conocimiento necesario para mejorar el bienestar, la salud y conservación de los mismos animales, tanto domésticos como silvestres, así como sus relaciones con humanos y ecosistemas. 

Paradójicamente, son esos estudios los que podrían ser desfinanciados, limitados y hasta prohibidos si los proyectos de leyes animalistas que hemos visto desfilar en estos días se hicieran realidad.

Primero fue el del representante a la cámara, Juan Carlos Losada, quien después de una avalancha de críticas a su propuesta por parte de la comunidad científica decidió, sensatamente, retirarla.

Además, y con apenas unos días de diferencia, fue presentada la ley propuesta por la senadora Andrea Padilla, con una visión y estructura bastante similar, pero que en mi opinión resulta ser más problemática. 

Ambas propuestas, tanto la de Padilla como la de Losada, parecen presuponer que el uso de la fauna por parte de los científicos implica de facto crueldad para los animales. La senadora Padilla lo hizo explícito en la forma como bautizó su propuesta. El proyecto se titula “Ley Ralph” en una alusión al documental de una asociación animalista americana en el que narran la historia de un conejito, Ralph, al que la industria cosmética tortura repetidamente, infligiéndole gran dolor y sufrimiento.

¿Quién no querría salvar al conejito Ralph de los malvados científicos?

En Colombia el apoyo a las ciencias es ínfimo frente a las necesidades de las mismas, es injusta la estigmatización y satanización que se hace de quienes ejercemos la biología, medicina, veterinaria, zootecnia, ingeniería ambiental y otras disciplinas interesadas en la investigación con animales. 

El objetivo principal del proyecto de Padilla es limitar el uso de animales vivos en ámbitos como la investigación y la educación, incluso en escenarios excepcionales como la conservación de especies, y excluyendo todo uso de “animales vivos en grado superior de la escala zoológica”. Para quienes estudiamos zoología, existe una gran ambigüedad conceptual en el término “escala zoológica”, que de plasmarse en una ley, conduciría a peligrosísimas interpretaciones.

Es decir, la Ley Ralph criolla no se reduce a regular el uso de animales de laboratorio por la industria cosmética o biomédica, como parece ser en un principio, sino que va mucho más allá, e impactaría catastróficamente el estudio y monitoreo de la fauna silvestre.

Por ejemplo, los artículos 10 y 11 de la Ley Ralph buscan limitar el uso de fauna silvestre en investigación, pero son tan ambiguos y carentes de soporte conceptual que dan lugar a múltiples interpretaciones.

Se podría interpretar, por ejemplo, que no podremos usar aves rapaces rehabilitadas (y no liberables) para desarrollar labores de educación ambiental con niños, o para que médicos veterinarios en formación aprendan a examinarlas. Ni podremos manipular murciélagos para colectar el polen de sus rostros, a fin de entender su rol polinizador en un bosque.

Tampoco podremos capturar un oso hormiguero y marcarlo con telemetría para describir sus movimientos, y así proponer pasos de fauna que disminuyan los atropellamientos de esta especie en las carreteras colombianas.

Ni estudiar la fisiología, abundancia y diversidad de ranas en respuesta adaptativa al cambio climático. Obtener un permiso de colecta para estos y otros estudios similares sería todo un vía crucis, eso sin mencionar que, por si fuera poco, son actividades que ya se encuentran reguladas.

Varios grupos de científicos han pedido a la senadora Padilla retirar su proyecto, tal como lo hizo el representante Losada. Por ejemplo, miembros del Instituto de Ciencias Naturales (ICN), el centro de investigación de la Universidad Nacional, emitieron un comunicado titulado “Limitar la investigación biológica es un retroceso para la nación”

Según los académicos, el proyecto ignora que Colombia es un país megadiverso, y que las actividades de investigación producen conocimientos que pueden tener efectos positivos en la conservación de especies. Además consideran que el proyecto, tal como está planteado, deja varias preguntas sin responder, entre ellas qué pasará con las investigaciones en las que no se puede sustituir a los animales (como en investigaciones de enfermedades animales) y cuál puede ser un margen de protección aceptable para animales salvajes

Paradójicamente, estas leyes que se dicen “animalistas” amarrarían de pies y manos no solo a los expertos capacitados para el estudio y cuidado de la fauna silvestre, sino también a los científicos que se dedican a estudiar los ecosistemas, de cuya salud dependen los animales.

Colombia es el país con mayor diversidad en aves y mariposas, el segundo en anfibios, peces dulceacuícolas y reptiles y el quinto en mamíferos. Esta exuberante fauna lo sitúa como un “hotspot” de megadiversidad a nivel global. Tristemente, Colombia es también una de las naciones con mayor tráfico ilegal de fauna, y con un alto número de especies en peligro de extinción.

El estudio de la fauna en Colombia a diferentes niveles, desde lo molecular hasta lo ecológico, es fundamental para guiar acciones de manejo que trasciendan en la conservación, no solo de individuos y especies, sino de ecosistemas y biomas.

La formulación y el fortalecimiento de legislación relativa al estudio, manejo y uso de animales vivos en Colombia es pertinente, pero no se puede construir sin la participación activa de las entidades de investigación, de los centros de mantenimiento de animales bajo cuidado profesional y de las personas que hacen posible que dichas entidades y centros funcionen.

Somos los científicos quienes más abogamos por un marco regulatorio que garantice el bienestar animal, marco que, en términos generales y aunque perfectible, ya existe.

Más que amordazar el desarrollo profesional de los científicos mediante leyes redundantes, reduccionistas y estigmatizantes sin bases sólidas y con enormes ambigüedades conceptuales, requerimos herramientas consensuadas que permitan avanzar en la adquisición del conocimiento de la biodiversidad natural y cultural del país.

Herramientas que impulsen el uso sustentable y respetuoso de la fauna silvestre de cara a los retos ambientales tan complejos que se avecinan.

Ojalá que la senadora Padilla demuestre el talante pluralista que cualquier funcionario público debe tener, y acepte la invitación a retirar su propuesta para retomarla desde una construcción nueva y más incluyente.

Adenda:

Después de la indignación viene la organización.

Cientos de biólogos, ingenieros ambientales y forestales, médicos veterinarios, zootecnistas, biomédicos, biotecnólogos, ecólogos, abogados ambientales y afines, alarmados por el avance de propuestas como esta en los órganos legislativos del país, nos hemos agrupado buscando incidir de manera colegiada en las políticas relativas a la conservación, investigación y uso sustentable de la diversidad colombiana.

Ha nacido Biodiversos. ¡Enhorabuena! @biodiversoscol. Mariana Vélez, miembro de Biodiversos, participó en un debate propuesto por La Silla Llena sobre este proyecto de ley que pueden leer aquí.

Nataly Castelblanco Martínez,

Bióloga Colombiana, MSc. Biol. de agua dulce y pesca, PhD. en ecología y desarrollo sustentable, experta en manejo de fauna silvestre y miembro de Sirenian Specialist Group IUCN.