Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
En medio de un relativo desinterés, la discusión fue cooptada por los poderes fácticos en el Congreso, pero fue asumida con entusiasmo por los ciudadanos en las redes sociales.
Foto de portada tomada de Red PaPaz
En medio del Mundial de Fútbol y la campaña electoral del año pasado, no había mucha gente interesada en lo que estuviera pasando en la Cámara de Representantes. Se discutía el proyecto de ley 019/2017, que buscaba ponerles etiquetas frontales a los comestibles ultraprocesados cuando tuvieran cantidades altas de azúcar, grasa, calorías o sodio.
En 2016 el Congreso ya había estado en una situación similar, cuando se cayó un impuesto a las bebidas azucaradas que tenía el visto bueno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Pero había una diferencia importante: esa vez los grandes conglomerados financieros se jugaron a fondo y ejercieron su influencia en los pasillos del Congreso y los medios de comunicación, y el impuesto se volvió noticia nacional. Pero esta vez los medios no estaban prestando mucha atención.
En medio de ese relativo desinterés, la discusión de ese proyecto de ley fue cooptada por los poderes fácticos en el Congreso de la República, pero fue asumida con entusiasmo por los ciudadanos en las redes sociales, que construyeron una narrativa radicalmente distinta a la del establecimiento. Esas son las conclusiones principales de un informe preparado por Linterna Verde y financiado por la Fundación Heinrich Böll sobre ese debate.
Mientras que la Andi, Fenalco y algunos sectores políticos cercanos a esos gremios impulsaron una narrativa sobre la iniciativa que la retrataba como un obstáculo para la creación de empleo y un ataque a los empresarios, la gente en redes sociales interpretó la situación como una lucha entre los ‘poderosos’ (gremios, industriales, etc.) y el resto de la sociedad.
Las organizaciones de la sociedad civil que apoyaban el proyecto lograron imponer la etiqueta #LeyComidaChatarra varias veces como tendencia en Twitter. Los usuarios de redes casi siempre estuvieron a favor del etiquetado, y, la cuenta de Red Papaz fue la más influyente en esa discusión.
La cuenta @RedPaPaz fue ‘el centro’ de la comunidad de usuarios que más utilizó la etiqueta #LeyComidaChatarra. (Imagen: Sysomos)
Incluso cuando los usuarios de redes criticaron la iniciativa, los debates en Twitter y Facebook fueron mucho más interesantes que en la Cámara. Algunos se quejaban de que el proyecto de ley les quitaba autonomía a los consumidores, y otros, de que no servía para disuadir a los compradores de comestibles chatarra. Otros usuarios incluso discutieron sobre sus propios hábitos alimenticios y la necesidad de cambiarlos.
Además, los ciudadanos no dejaron pasar un detalle que estuvo ausente en el cubrimiento de medios sobre el tema: el rol que Iván Duque, entonces candidato presidencial, tuvo en el debate de 2016 por el impuesto a las bebidas azucaradas, y su cercanía con los mismos gremios que se oponían a las etiquetas. En medio del debate por las etiquetas, ni un solo reportero de los que cubrió la campaña presidencial le preguntó públicamente sobre su opinión al respecto.
#Video La verdad sobre el impuesto a las bebidas azucaradas pic.twitter.com/3hX629W3zV
— Iván Duque (@IvanDuque) 21 de noviembre de 2016
Algunos congresistas sintieron el impacto de la discusión digital. El exrepresentante Víctor Correa, uno de los impulsores del proyecto, dijo que los legisladores vieron la necesidad de debatir luego de ver las redes sociales. Y en efecto, la discusión se llevó la mayor parte de las plenarias de mayo de 2018. “Aunque no fue un debate nacional, tampoco fue un tema invisible”, dijo.
El debate en el Congreso
Miércoles 6 de junio de 2018. Bruce Mac Master, director de la Andi, se subió a la tarima de la plenaria de la Cámara y no perdió tiempo en impulsar su narrativa: “Hacemos un llamado para que no se hagan informaciones […] que asusten a la gente”, dijo, y añadió que la alternativa de los hexágonos “termina siendo disuasiva y además asusta”.
Mac Master era la cara más visible de una operación de lobby que se estaba tomando el Congreso. El exrepresentante Óscar Ospina (Partido Verde), principal defensor del proyecto, alcanzó a contar 66 cabilderos en el recinto ese día. “Están llenos de mañas. Van desde dañar o cambiar el orden del día, poner a congelar un proyecto de ley, dañar el quórum en las comisiones, meterse a poner proposiciones para bloquear, o citar audiencias para que se hunda el proyecto”, dijo en una entrevista.
Los gremios hace rato se estaban moviendo. En una columna en El Tiempo, el 30 de mayo, el entonces director del sector de alimentos y bebidas del gremio, Santiago Durán Otero, decía que la industria asumió el “gran reto tanto económico como logístico“ de poner en sus etiquetas la información de cuántas calorías, grasa, azúcar y sodio tenían sus productos. Lo hacían de acuerdo con el esquema GDA, siglas de valores diarios orientativos en inglés.
Al hacerlo, decía Durán, la industria contribuyó “con la generación de conciencia dentro de la población para tomar decisiones de consumo informadas”. Se trataba de un ataque velado al proyecto de ley 019: Si las etiquetas actuales son suficientemente informativas, no hay por qué cambiarlas.
Pero no lo son, al menos a juicio de la sociedad civil. En un estudio realizado por la firma Vital Strategies y la organización Red Papaz, el 87 por ciento de las personas entrevistadas consideraron que esas etiquetas no les permitían saber si los comestibles tenían exceso de azúcar, grasa o sodio. El cambio era importante, y así se lo hicieron saber al Congreso: el etiquetado GDA no asusta a nadie porque nadie lo entiende.
Los ponentes del proyecto estaban casi seguros de que la plenaria lo iba a aprobar. Liderados por Ospina y Víctor Correa (Polo Democrático), negociaron con sus pares y sacrificaron medidas importantes, como la restricción del comercio de estos productos en colegios, para salvar —como luego titularía El Espectador— “el alma” del proyecto de ley: el etiquetado frontal.
En la plenaria muchos representantes prefirieron ‘copiarle’ a MacMaster. “Nos van a venir luego a regular la salchicha, al señor que vende perros en la esquina, a los chicharrones de los paisas”, dijo María Fernanda Cabal. Óscar Darío Pérez, también del Centro Democrático, quedó convencido por el líder gremial: “No estamos buscando informar al consumidor [con los sellos], ¡sino asustar al consumidor! ¡Eso es distinto!”.
Algunos representantes que ya se habían comprometido con el proyecto de ley, como Samuel Hoyos, hicieron aprobar una proposición que eliminaba las etiquetas hexagonales y adoptaba el GDA. Ospina dice que que “esos artículos los escribió la industria” y especula que el cambio de opinión de algunos de sus colegas se debió a que “quizás los compró la industria”, aunque admite que no tiene pruebas concretas. En su intervención final pidió archivar el proyecto, pero no lo consiguió.
El proyecto fue aprobado y ahora está en manos del Senado, pero la sociedad civil —que lo llama ‘el proyecto Frankenstein’— preferiría verlo hundido. A su juicio, la industria cooptó una iniciativa que buscaba mejorar la salud pública y logró amoldarla a sus intereses.
Mientras tanto, organizaciones como Red Papaz siguen intentando crear conciencia en los ciudadanos sobre etiquetar los comestibles chatarra; y en su última campaña apelan, deliberadamente, a asustarlos. Esa, aseguran, es la forma de que la gente entienda qué es lo que de verdad está en juego.
