Juliana Uribe Villegas, experta de la #RedDeCienciaEInnovación

El 28 de abril de 2021 marcó un punto de inflexión para una ciudadanía inconforme con un gobierno y una clase política desconectada de las realidades que se viven diariamente en la cotidianidad de Colombia. La coyuntura, marcada por una crisis económica y social, se sumó al descontento de las personas que no reciben soluciones reales por parte del Gobierno nacional. Esta realidad, exacerbada por la pandemia, desembocó en el estallido social en el que los movimientos salieron a exigir respuestas y mejores decisiones por parte de quienes se encuentran en el poder. 

Uno de los ejemplos más claros de desconexión que se vivió por esos días fue la radicación de la Reforma Tributaria presentada por el presidente Iván Duque en medio de una de las peores crisis que ha vivido el país a raíz de la pandemia. Esto provocó un desgaste para las instituciones y un descontento por parte de gremios, sindicatos y centrales obreras, que convocaron a un Paro Nacional que desencadenó en una serie de hechos violentos que marcarían un momento que difícilmente podremos olvidar. No fue fortuito: meses antes, en el 2019, una ola de indignación ya había alertado del descontento mayoritario de la ciudadanía.

Hoy, un año después, consideramos más que oportuno, analizar su impacto, las cifras que dejó y cómo ha repercutido en el año electoral que estamos viviendo.

De acuerdo con la plataforma Grita, durante las movilizaciones se reportaron 4.852 casos de violencia policial, e Indepaz señala que hubo 83 casos de víctimas de homicidios, de los cuales el 50 % presuntamente fueron cometidos por la Fuerza Pública. No obstante, un informe de la Fiscalía General de la Nación muestra una discrepancia en la que estas cifras disminuyen, con un total de 29 homicidios, (21 en el Valle del Cauca, 6 en Cundinamarca, 1 en Popayán y 1 en Ibagué).

Los medios de comunicación tradicionales también tienen que ver en la problemática, pues algunos limitaban, en gran medida, la información sobre el desarrollo de las marchas, lo que llevó a que los medios alternativos, y la misma ciudadanía, visibilizaran lo que estaba sucediendo a través de redes sociales con publicaciones, transmisiones en vivo y denuncias públicas, mostrando una vez más, la falta de garantías que se tenían durante estas jornadas.

Ante este panorama, la Cidh condenó las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país y reiteró la obligación del Estado de cumplir sus obligaciones internacionales y constitucionales como garantes de los derechos. A pesar de esto, casos emblemáticos como el de Lucas Villa, Santiago Murillo Meneses y Nicolás Guerrero, quienes fallecieron en el marco del Paro Nacional presuntamente a causa del abuso policial, aún siguen en la impunidad, pues hasta la fecha ningún miembro de la fuerza pública tiene procesos abiertos por estos casos.

Estas protestas, a pesar de no tener la respuesta esperada, sí cambiaron el panorama político y cívico. Un año después y en plena época electoral, han tenido repercusiones, pues se habla mucho de cómo serán las movilizaciones en adelante si la ciudadanía sigue descontenta con el próximo gobierno, y cómo estos movimientos están influyendo en la movida electoral; dichas consecuencias se evidenciaron en las pasadas elecciones del 13 de marzo donde por primera vez una coalición de partidos de izquierda obtuvo 20 curules en el Senado desplazando a los partidos tradicionales y la derecha colombiana con una disminución significativa en el Congreso. Lo anterior demuestra que la ciudadanía ha empezado a marcar el camino del cambio, el cual desde las urnas ha tenido sus primeros pasos.

Desde las elecciones legislativas se ha visto cómo algunos han recibido el “voto castigo”, el cual es resultado del inconformismo de la ciudadanía, donde partidos tradicionales como el Centro Democrático, han perdido apoyo y por ende curules en el Congreso y la posibilidad de tener mayor presencia en estos espacios de toma de decisión, pues mientras en 2018 obtuvieron 51 curules, este año se redujeron a 29.

Estos resultados de las elecciones reflejan la importancia que tiene para las candidaturas presidenciales reformular sus esfuerzos y demostrar que se encuentran del lado del pueblo, y que su voz será escuchada para trabajar de manera conjunta por soluciones que son requeridas a problemas expuestos por la agenda ciudadana, en temas económicos, de salud, seguridad, educación y desarrollo.

Colombia viene demostrando la urgencia de un cambio social y han buscado en la protesta, un mecanismo para visibilizar su lucha, tal como se vio el año pasado y en las marchas del 21 de noviembre de 2019, a pesar de ser eventos opacados por los hechos violentos que conocemos.

Entendiendo ese llamado de la ciudadanía y con el fin de aportar al debate informado y que tenga en cuenta a todos los sectores de la sociedad, desde Movilizatorio hemos buscado crear espacios que fomenten esta conversación entre la ciudadanía y personas tomadoras de decisión, poniendo sobre la mesa la agenda que la misma ciudadanía propone. A través de El Avispero, por ejemplo, hemos logrado concretar diálogos no solo con quienes participaron en las elecciones legislativas, sino también con candidaturas presidenciales, generando debates sanos y fomentando la participación social.

Sabemos que este compromiso implica una visión completa, por lo que no solo es labor de la ciudadanía, sino también de quienes se encuentran en el poder o aspiran a él, de trabajar de manera conjunta, para hablar, generar espacios de escucha y así alcanzar soluciones verdaderas a los problemas y necesidades de toda Colombia. En ese sentido, es imperativo que las y los candidatos presidenciales asuman un rol activo de cara a los electores, exponiendo sus propuestas y programas de gobierno que permitan generar un diálogo para así brindar herramientas que permitan a la sociedad civil votar de manera informada.

Desde Movilizatorio esperamos que este aniversario sirva para profundizar en las lecciones y aprendizajes de una jornada que marcó la historia contemporánea del país.  

Es la fundadora y directora ejecutiva de Movilizatorio. Estudió economía en la Universidad de los Andes, una maestría en relaciones internacionales de la Universidad de Barcelona y una maestría en administración pública en la Universidad de Harvard. Sus áreas de interés son la innovación social,...