Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Esta columna fue escrita con el apoyo de Viviana Rangel y Geraldine Rivera, de Fundación Karisma.
Un tema que no da espera en época preelectoral es el de la memoria digital del Gobierno saliente. ¿Cómo se hará la transición? ¿Cómo se garantiza su preservación? ¿Quién queda a cargo de recordarle al entrante su responsabilidad en la conservación, custodia y garantía de acceso a la información y contenidos digitales -particularmente los efímeros de los sitios web y redes sociales- que se produjeron en este gobierno?
El derecho a la memoria es un derecho cultural de los seres humanos en democracia, un derecho colectivo que nos permite ejercer ciudadanías más conscientes e informadas. El aumento y omnipresencia del Gobierno en línea marca la urgencia de hablar de la memoria digital durante y después de las elecciones.
¿Qué sucederá con la memoria digital del Gobierno Duque? La respuesta inicial debería ser que trabajan fuertemente en ella porque tienen un compromiso con este derecho cultural, porque su impulso coincide con las lógicas de la economía digital (que para este Gobierno es naranja) ya que el acceso a la información pública es un activo digital.
Para el Gobierno que está corriendo para publicar la política del mercado de datos (“data marketplace”) -con el propósito de impulsar su intercambio abierto entre personas, Gobierno y empresas- la memoria digital es un activo valioso y, por tanto, trabajar por ella debería ser un tema prioritario.
Pero ni fortalecer los derechos ni impulsar la economía en el entorno digital parecen ofrecer el suficiente incentivo. Hasta ahora no hay información pública sobre el plan de transición digital.
Lo que pasó en la transición de Santos
Hace cuatro años alertaba sobre cómo en las redes sociales del Gobierno Santos había información valiosa sobre el Proceso de Paz, el Acuerdo con las Farc, su reacción en el conflicto limítrofe con Nicaragua, las respuestas a catástrofes como la de la invernada en 2011 o la inundación de Mocoa en 2017.
Esa historia se contó en su momento, especialmente en la cuenta de Twitter del expresidente. Y a menos de que la busquemos por Twitter, no está en los archivos públicos.
La decisión la tomó el propio Gobierno Santos en la transición. Decidió que la cuenta del expresidente durante su mandato era tan solo una cuenta personal; el día que dejó el cargo se la llevó y no debió dejar ni siquiera la copia del contenido.
En la era en que las autoridades se expresan en las redes sociales y no dejan otra constancia de tales declaraciones, las personas encargadas de la transición no consideraron que el contenido de la cuenta de Twitter @JuanManSantos en el período entre 2014 y 2018 era un documento histórico único.
En Estados Unidos, por ejemplo, se reconoce el peso de las redes sociales en la relación entre el Gobierno y la ciudadanía, y se privilegia el derecho de acceso a la información de las personas. Allá es obligatorio custodiar y garantizar el acceso a ese contenido. Por eso, la cuenta de Twitter del presidente, @POTUS, es la que usa el que esté en el cargo y sus contenidos son archivados en la biblioteca del Congreso. Esa mirada fortalece los derechos de las personas.
Desde Karisma, donde trabajo, estamos averiguando cuál es el plan del Gobierno Duque en este tema. Especialmente, nos interesa su cuenta de Twitter dónde se manifestó en primera persona. Allí durante estos cuatro años nos contó sobre su plan diplomático con Venezuela, de su estrategia con el ELN, de sus reacciones a la pandemia, de su incondicional apoyo a la Fuerza Pública, así como de sus elocuentes silencios hacia la violencia contra la ciudadanía durante el paro.
Esa cuenta fue su voz ante la ausencia de ruedas de prensa y aun así no tenemos indicios de que se haya reconsiderado archivar el contenido de @IvanDuque durante el período 2018 a 2022. Si a eso le sumamos la poca importancia que le ha dado su Gobierno a la memoria digital en general, la verdad es que no guardo optimismo por este proceso.
Ojalá me demuestren que estoy equivocada.
La memoria digital en la era Duque
Recordemos que a unos meses de su posesión la cuenta de Twitter del equipo de paz del gobierno Santos, que contenía la historia del Proceso de Paz con las Farc, desapareció. La desidia fue evidente y no perdimos ese material gracias a la labor que hizo el medio digital Cuestión Pública para recuperar la mayor parte del mismo.
Por la misma época, mientras unas denuncias de censura avivaron la polémica por el nombramiento de un negacionista del conflicto colombiano como director del Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh), en redes sociales también denunciaban la desaparición del archivo sonoro del Cnmh en Sound Cloud. Ante el revuelo que generó la desaparición, el Cnmh debió salir a decir que no se preocupen, que ya regresa el contenido. Y, efectivamente, el contenido volvió al aire unas semanas después.
¿Fue un ejercicio de mantenimiento o de cambio de algún tipo? ¿Fue desidia, como con la cuenta del Proceso de Paz? ¿O acaso fueron víctimas de un ciberataque? Afortunadamente, en esta oportunidad no tenemos que lamentar la desaparición de un archivo.
Pero lo cierto es que nunca se supo qué pasó. Como mínimo, tuvieron problemas de información que llevaron a malos entendidos que se hubieran podido evitar preparando a la gente para el mantenimiento de esa plataforma. En todo caso, queda la duda de si pasó algo más serio y les faltó dar explicaciones. Esto debería considerarse grave, como mínimo, en materia de transparencia.
Los ciberataques han tenido su cuota también y el caso del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) es el ejemplo para mostrar de problemas en la memoria digital de este Gobierno.
En noviembre de 2021, el Dane informó que había sufrido un ataque informático que afectaba sus servicios digitales, incluída la página web. Parecía que las personas que accedieron a los sistemas tenían a su disposición el correo institucional, las bases de datos y el sistema de procesamiento estadístico nacional.
Durante unos días, las redes sociales del Dane fueron sus medios de comunicación y, aunque la página web está de nuevo al aire, muchas personas siguen sin encontrar cierta información.
En esa ocasión, el Dane y las autoridades pudieron controlar el ataque y recuperar los servicios. ¿Pero qué aprendimos de esto? No hay información que nos explique lo que pasó, lo que perdimos; tampoco sabemos si hubo instrucciones para evitar que vuelva a suceder.
Internet potenció la libertad de expresión, la posibilidad de acceder a información se facilitó y cambió la relación de la ciudadanía con el Gobierno. Por eso, debemos preocuparnos cuando no encontramos la información y por la posibilidad de la pérdida de la memoria digital.
Y no solo por el contenido que se pueda perder. Para la ciudadanía, que cada vez se relaciona más con el Estado por vías digitales, la sospecha de la pérdida de la información refleja la opacidad del Gobierno y termina por reforzar la desconfianza frente a él. Hoy en día, los gobiernos deberían ver la memoria digital, sobre todo, como un activo para construir confianza con la ciudadanía.
El efecto que les describo se vio claramente con el escándalo por la millonaria contratación que obtuvo Karen Váquiro, esposa de Andrés Mayorquín (quien fuera asesor de la jefa de gabinete del Palacio de Nariño). En pleno estallido del escándalo, los contratos que Váquiro tenía con el Estado desaparecieron del sistema.
Los medios informaron que, según Función Pública, “los contratistas de prestación de servicio son automáticamente inactivados en el SIGEP al 31 de diciembre y, solo se visibiliza su hoja de vida para el público, si son contratados en la vigencia subsiguiente por una entidad pública. Por transparencia y normatividad, el historial contractual de toda persona queda visible en portal PACO de http://GOV.CO y los conflictos de interés en el Aplicativo Ley 2013 para toda la ciudadanía”.
Después de que la gente no pudo acceder a la información, era inevitable la suspicacia de la opinión pública. El derecho a la información de las personas se vió gravemente afectado en ausencia de esa información pública y, por consiguiente, la confianza en el Gobierno se deterioró.
A seis meses de la transición de gobierno hace falta sacudir este tema. Deberíamos incorporar en la agenda de transición, y ojalá en la electoral, las obligaciones de transparencia y derechos de la ciudadanía respecto de la memoria digital del Gobierno. También habría que ampliar y mejorar la discusión sobre el mercado de datos en donde hacen falta argumentos de derechos humanos.
¿Sabe de casos en los que la memoria digital del gobierno se haya comprometido? Nos gustaría conocerlos, escríbanos a contacto@karisma.org.co.
