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Se cumplen dos años del decreto que extendió los plazos para responder los derechos de petición de 15 a 30 días hábiles, una medida tomada por el Gobierno de Iván Duque por cuenta de la pandemia, pero cuya validez hoy es cuestionable. El Congreso aprobó a finales del año pasado una ley para retomar los plazos normales, pero el Gobierno se negó a sancionarla. Llegó la hora de preguntarse: ¿qué tan transparente ha sido este Gobierno? ¿Qué tan fácil ha sido acceder a la información pública?
