En medio de todo el ruido que causó el escándalo de los “petrovideos”, quedó en el aire la petición de censura por parte de Roy Barreras contra Semana. 

Barreras, principal protagonista de los “petrovideos”, salió a la defensiva poco después de que se conociera la filtración. En su camino, además de afirmar que se trataba de una chuzada del tamaño de Watergate en Estados Unidos, pidió a Semana que suspenda “la utilización del material producto de un delito y su participación activa en la difusión del resultado de ese espionaje ilegal”. Con estas pocas palabras, Barreras echó al piso una garantía básica para la prensa: los periodistas no son responsables por el actuar de sus fuentes.

Con esta solicitud, Barreras puede estar también pidiendo que se recojan todas las copias físicas y se borren de internet todas las publicaciones sobre las chuzadas del DAS, “Tolemaida resorts”, el caso del Hacker Sepúlveda, buena parte del cubrimiento del caso del presunto soborno a testigos por parte de Uribe y un largo etcétera. El periodismo está y ha estado hecho de filtraciones y la calidad de la fuente nunca ha sido una razón para censurar al periodista que hace la publicación. En Colombia, la Corte Constitucional ha dicho que los periodistas no son responsables por cuidar la reserva de información que les llega por terceros.

Es curioso que Barreras compare el caso de los “petrovideos” con el de Watergate, en el que se supo que el presidente estadounidense Richard Nixon espiaba a sus opositores del Partido Demócrata. Este escándalo nunca hubiera salido a la luz si no hubiera sido por dos periodistas periodistas que recibieron información filtrada.

Barreras parece estar más inclinado a los métodos de Nixon, pues este mismo presidente fue el que inició una batalla jurídica contra el Washington Post y el New York Times pocos meses antes del escándalo de Watergate y con relación a otra información filtrada a la prensa. El entonces presidente no estaba de acuerdo con la filtración de un informe secreto que mostraba que Estados Unidos estaba perdiendo la guerra de Vietnam y buscó una orden para evitar la publicación en la prensa. La Corte Suprema gringa negó la solicitud por los riesgos que implicaba para la prensa.

Limitar la posibilidad de la prensa para publicar lo que reciben por parte de sus fuentes es muy peligroso. Esto puede acabar con buena parte de lo que se conoce en la prensa. Muchos de los hechos de interés público, como delitos, acciones cuestionables por parte de políticos o simplemente hechos que puedan servir para que el público se forme una opinión de sus gobernantes suelen ocurrir en secreto. A veces sucede que una persona presente, independientemente de si tiene finalidades altruistas o no, decide que lo que vio debe ser conocido por la prensa. Para que esta información llegue al público, el periodismo tiene que tener garantías para publicar libremente. De lo contrario, estas personas se van a sentir desincentivadas para hablar o compartir información.

Hay un elemento especial en este caso y es que lo que publicó Semana es un video que, al no ser autorizado por quienes son grabados, podría considerarse como ilegal. Un intérprete de Barreras (como los hay de Petro) podría decir que lo que quería decir el senador es que el medio podía cubrir el hecho de que hubo unas grabaciones no autorizadas en la campaña, pero no difundir el contenido de las grabaciones. Por eso dice que el medio usa “material producto de un delito” y tiene una “participación activa” en su difusión.

No hay muchos precedentes en países democráticos sobre algo como lo que pide Barreras. También en Estados Unidos, la Corte Suprema protegió a un periodista que publicó una grabación ilegal a dos sindicalistas y obtenida por un tercero. “La conducta ilegal de un tercero no es suficiente” para que la libertad de expresión deje de proteger al periodista, dijo la Corte. En el Reino Unido hay un antecedente diametralmente distinto, el del escándalo de News of the World, medio que activamente chuzó a famosos, políticos y otras personas. Esto llevó al cierre del medio de comunicación y a que el editor y otros periodistas de alto nivel fueran condenados a prisión. Pero esto es un caso muy específico en el que específicamente había pruebas de que el medio se involucró en espionaje, no que simplemente estaba recibiendo información y luego publicándola.

En Colombia, es obvio recordar el caso Ferro, que también involucra a Vicky Dávila, directora de Semana. Hace poco más de un mes, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a la periodista en una demanda civil por la difusión de un video no autorizado y grabado por una fuente. El Tribunal se concentró en decir que la información era de interés público y que su difusión estaba protegida por la libertad de expresión.

La barra para censurar a un medio por lo que hacen sus fuentes no solo es alta, es imposible de cruzar. Meterse con eso es intefererir con una actividad básica del periodismo. La gravedad de que estas grabaciones existan no es excusa para silenciar.